
La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que traspone la Directiva (UE) 2018/851, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos, obliga a las entidades locales a establecer recogidas separadas de residuos textiles, aceites de cocina usados y residuos domésticos peligrosos antes del 31 de diciembre de 2024 cuyo objetivo es garantizar que no contaminen otros flujos de residuos de competencia local.
Para que los municipios consorciados puedan cumplir esta normativa a un coste asumible el Consorcio pretende extender el servicio de punto limpio móvil que actualmente presta a todos los municipios que lo deseen de forma que se puedan recoger a través de este servicio los residuos indicados para los que la ley exige recogida separada.