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La aprobación de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que traspone la Directiva (UE) 2018/851, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos, obliga a las entidades locales a establecer una recogida separada de la fracción de biorresiduos de origen doméstico y su tratamiento diferenciado antes del 30 de junio de 2022 para aquéllas con población de derecho superior a 5000 habitantes, y antes del 31 de diciembre de 2023 para el resto.