Gobierno de La Rioja

Marco

• Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de La Rioja (artículos 9.Uno).
• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera;
• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad;
• Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) Texto pertinente a efectos del EEE;
• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados;
• Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados;
• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental;
• Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio.
• Decreto 28/2015, de 21 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo de organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Oportunidad

La ley persigue la completa adaptación de la legislación riojana al marco normativo básico del Estado español, tanto en materia de prevención y control integrados de la contaminación como en lo que se refiere a la evaluación ambiental de planes, programas y proyectos. Asimismo, supone una reducción de cargas administrativas para los promotores y ciudadanos.

Datos económicos

La mayor innovación en la regulación de la materia que prevé la ley se refiere a las licencias ambientales y declaraciones responsables cuya gestión recae fundamentalmente en los municipios, luego el impacto económico operará sobre las arcas municipales.

La ley busca igualmente la simplificación de los trámites, por lo que es de esperar un impacto positivo tanto para los ciudadanos como para los recursos autonómicos que deban destinarse a la gestión de los procedimientos regulados en la ley.

En cuanto al Fondo de Conservación Ambiental al que se refiere el artículo 42 del texto, debe  significarse  que  éste se nutre  con  la  dotación  aprobada  anualmente en  la  Ley  de Presupuestos que ya estaba creado (artículo  48 de la Ley 5/2002,  de 8 de octubre), por lo que su regulación en el nuevo texto no supone incremento adicional de gasto para los fondos públicos.

Reducción de cargas

Supone  una  reducción  de  cargas  administrativas para  los  promotores  y ciudadanos.