Es una ayuda directa máxima de 500 euros otorgada durante 6 meses, con posibilidad de solicitarse con efecto retroactivo y desde el mes en que se identifique la vulnerabilidad. Su dotación presupuestaria inicial será de 1 millón de euros.

El pago de la ayuda se hará directamente al arrendador de una sola vez y con carácter anticipado.