• Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. (BOE 10.12.13Este enlace se abrirá en una ventana nueva; vigencia 11.12.13, excepto arts. 20, 21.2 y 3, y 26, con vigencia desde 10.3.14)

Establece, con carácter de legislación básica, los principios y normas que han de observar todas las Administraciones Públicas para hacer efectivo el principio de unidad de mercado en todo el territorio nacional, con el fin último de facilitar la creación de empleo y el crecimiento económico. La Ley tiene por objeto todos los actos y disposiciones de las diferentes Administraciones Públicas que afecten al acceso y al ejercicio de las actividades económicas.

Fija unos principios generales de no discriminación por razón de establecimiento o residencia del operador económico, de cooperación y confianza mutua entre las distintas autoridades competentes, de necesidad y proporcionalidad en la exigencia de requisitos para el desarrollo de una actividad, de eficacia en todo el territorio nacional de los actos, disposiciones y medios de intervención de la autoridad competente, de simplificación de cargas, y de transparencia. Se impone la obligación de todas las autoridades competentes de garantizar el cumplimiento de estos principios, en particular en las disposiciones de carácter general que regulen actividades económicas, en las autorizaciones, licencias y concesiones administrativas, y en la documentación relativa a los contratos públicos, incluidos los pliegos y las cláusulas de los contratos.

Desarrolla de forma especial el alcance del principio de necesidad y proporcionalidad, para determinar cuándo para el establecimiento o ejercicio de una actividad económica es exigible autorización, declaración responsable o comunicación previa. Incluye, además un listado de actuaciones que constituyen limitaciones al libre establecimiento y la libre circulación (entre ellos, el establecer requisitos de residencia o establecimiento del operador, para ser adjudicatario de un contrato público).

Respecto al principio de eficacia en todo el territorio nacional también detalla los supuestos en que autorizaciones, licencias, títulos, inscripciones en registros y otros requisitos acreditados ante una autoridad competente han de tener plena eficacia en todo el territorio nacional.

Establece un procedimiento de coordinación e integración de la información que, sobre los operadores económicos, necesiten las autoridades competentes para garantizar la libertad de establecimiento y de ejercicio de actividades. Incluye la obligación de todas las Administraciones Públicas de remitir (antes del 10 de junio de 2014, según la disposición adicional novena) la información que obre en sus registros al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que gestionará una base común.

Finalmente, se establecen dos mecanismos de protección de los operadores económicos: una reclamación ante la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado, y un recurso especial en vía contencioso-administrativa (se modifica la Ley 29/1988, de 13 de junio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), para cuya interposición se legitima a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Además, en la disposición adicional tercera, se impone a todas las entidades comprendidas en el apartado 1 del artículo 3 de la Ley de Contratos del Sector Público (incluye a todas las Administraciones Públicas), la obligación de publicar en la Plataforma de Contratación del Sector Público (hasta ahora, Plataforma de contratación del Estado) la convocatoria de licitaciones y sus resultados.

Y en la disposición adicional cuarta se establece que será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y ante los Tribunales (a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) el cumplimiento de lo establecido en esta Ley para la defensa de la unidad de mercado.

Modifica los artículos 5, 7, 11 y 25 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, para precisar más el alcance del concepto de "necesidad" como justificación de la exigencia de autorización, así como los supuestos en que será exigible una autorización, declaración responsable o comunicación previa, por cada establecimiento físico. También modifica el artículo 2 y la disposición final décima de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, ampliando de 500 a 750 metros cuadrados el límite de superficie de los establecimientos destinados a las actividades comerciales minoristas y a prestación de los servicios del anexo de la Ley, respecto a los que no será exigible licencia previa.