• Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. (BOE 10.12.13Este enlace se abrirá en una ventana nueva; vigencia: título II, el 11.12.13; títulos preliminar, I y III, el 10.12.14; Comunidades Autónomas y Entidades Locales dispondrán de dos años para adaptarse a las obligaciones que se establecen en la Ley)

Como dice en la exposición de motivos, refuerza la transparencia en la actividad pública mediante obligaciones de publicidad activa, reconoce y garantiza el acceso a la información, y establece las reglas de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos y las consecuencias jurídicas de su incumplimiento.

En el título I (con vigencia a partir del 10 de diciembre de 2014) se establecen por una parte las normas de "publicidad activa", y por otra, el régimen del derecho de acceso a la información pública. En cuanto a la publicidad, además de unos principios generales, se recoge una amplia relación de datos que obligatoriamente han de publicarse (organigramas, planes y programas de actividad, memorias y proyectos de normas, contratación, convenios, subvenciones, presupuestos, cuentas, retribuciones y declaraciones de bienes y actividades de los concejales, entre otras); toda la información deberá estar disponible en un Portal de la Transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia.

En relación al derecho de acceso a la información pública, contiene una detallada regulación (de aplicación también desde el 10 de diciembre de 2014) de los supuestos en que está justificada la limitación del acceso, de las condiciones de protección de datos personales, del procedimiento de solicitud y concesión de la información, y del régimen de impugnación a través del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que se crea y regula en el título III de la propia Ley; sin embargo, las reclamaciones contra resoluciones de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales se resolverán por el órgano independiente que determine la respectiva Comunidad Autónoma.

En el título II (en vigor desde el día 11 de diciembre de 2013) se establecen los principios a los que debe ajustarse la conducta y la actividad de todos los altos cargos de las Administraciones Publicas y de las entidades vinculadas o dependientes de ellas. También se fija una minuciosa lista de infracciones, clasificadas como muy graves, graves o leves, y se determinan las sanciones y medidas aplicables en cada caso. En cuanto a la competencia para incoar e instruir el procedimiento y para imponer las sanciones, en el caso de la Administración Local se remite a "los órganos que tengan atribuidas estas funciones en aplicación del régimen disciplinario propio" de la Entidad Local en la que preste servicios el alto cargo inculpado.

Se modifican los artículos 35 y 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para suprimir la restricción de acceso a la información sólo respecto a documentos de procedimientos administrativos ya terminados, y hacer una remisión a esta Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.