• Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. (BOE 10.7.15Este enlace se abrirá en una ventana nueva; vigencia 11.7.15)

Con independencia de las modificaciones de la Ley 37/2007 para incorporar los cambios requeridos por la Directiva 2013/37/UE en el régimen de reutilización de documentos del sector público, en una disposición final segunda introduce una modificación de la disposición transitoria séptima de la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local; esta modificación afecta al apartado 1 de dicha disposición transitoria, que queda con la siguiente redacción:

"En tanto no entre en vigor el Reglamento previsto en el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto en esta Ley, mantiene su vigencia la normativa reglamentaria referida a los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación del citado artículo.Hasta el 31 de diciembre de 2016, salvo prórroga por la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, excepcionalmente, cuando en las Corporaciones Locales cuya población sea inferior a 20.000 habitantes quede acreditado mediante informe al Pleno, la imposibilidad de que las funciones de tesorería y recaudación sean desempeñadas por un funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, ya sea con carácter definitivo, provisional, acumulación o agrupación, dichas funciones podrán ser ejercidas por funcionarios de carrera de la Diputación Provincial o entidades equivalentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, o cuando quede acreditado que esto no resulta posible, por funcionarios de carrera que presten servicios en la Corporación Local. En ambos casos, deberán ser funcionarios de carrera y actuarán bajo la coordinación de funcionarios del grupo A1 de las Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes."

En consecuencia, ratifica la reserva de las funciones de tesorería y recaudación en todas las entidades locales a funcionarios con habilitación de carácter nacional y, sólo con carácter excepcional, hasta el 31 de diciembre de 2016, permite que en las entidades locales con población inferior a 20.000 habitantes puedan desempeñarse dichas funciones por funcionarios de carrera (sin habilitación) de la Diputación Provincial (la Comunidad Autónoma, en nuestro caso) o, subsidiariamente, de la propia entidad local. Debe entenderse suprimida la habilitación legal para que esas funciones sean desempeñadas por un miembro de la Corporación Local.