• Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. (BOE 27.6.13;Este enlace se abrirá en una ventana nueva vigencia 28.6.13)

Tomando como referencia la necesidad de potenciar las actuaciones sobre el patrimonio inmobiliario existente, como medida para contribuir al ahorro energético y a la reactivación del sector económico de la construcción, recoge y amplía la regulación que sobre rehabilitación y eficiencia energética de los edificios se incluyó en el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, (artículos 17 al 25, que se derogan expresamente):

a) Establece los fines que deben orientar las políticas públicas sobre el medio urbano, atendiendo a los principios de sostenibilidad económica, social y medioambiental, de cohesión territorial, de eficiencia energética y de complejidad funcional.

b) Determina la periodicidad (cada diez años) y el contenido del Informe de Evaluación de los Edificios, integrándolo con los Informes de Inspección Técnica que puedan requerirse por la normativa autonómica o municipal. El incumplimiento del deber de dotarse de dicho informe tendrá la consideración y los efectos de una infracción urbanística.

En la disposición transitoria primera se establece que, salvo regulación autonómica o municipal más exigente, los edificios de tipología residencial de vivienda colectiva con más de 50 años, deben dotarse del Informe en el plazo máximo de cinco años, contados desde que alcancen esa antigüedad; aquellos para los que se soliciten ayudas públicas, deben obtener el Informe antes de formalizar la solicitud; y el resto, cuando disponga la normativa autonómica o municipal.

c) Dedica un título a las "actuaciones sobre el medio urbano", definiéndolas como las que tienen por objeto obras de rehabilitación edificatoria, cuando existan situaciones de insuficiencia o degradación de los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad de las edificaciones, u obras de regeneración y renovación urbanas, cuando afecten tanto a edificios como a tejidos urbanos.

Señala como sujetos obligados a realizar tales obras a los propietarios y a los titulares de derechos de uso; a las comunidades de propietarios y cooperativas, en los casos de elementos comunes de los edificios o complejos inmobiliarios; y a las Administraciones Públicas, cuando afecten a elementos propios de la urbanización y no exista deber legal de los propietarios de asumir su coste.

A las Administraciones Públicas se les impone la obligación de adoptar medidas que aseguren la realización de las obras que sean precisas, y de formular y ejecutar los instrumentos pertinentes, cuando existan situaciones de insuficiencia o degradación de los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad de las edificaciones.

Entre las reglas para la ordenación y ejecución de las actuaciones se prevé la posibilidad de actuar mediante modificación de la ordenación urbanística, siendo necesario, al menos, la delimitación y aprobación de un ámbito de actuación conjunta o la identificación de una actuación aislada, según decida el Ayuntamiento.

Se establece también que los instrumentos de ordenación urbanística deberán garantizar la posibilidad de que se ocupen las superficies de espacios libres o de dominio público o las comunes de uso privativo, que resulten indispensables para garantizar la accesibilidad universal o para reducir al menos en un 30 por ciento la demanda energética, cuando no resulte viable, técnica o económicamente, ninguna otra solución.

Exige una memoria de viabilidad económica y, entre los efectos de la delimitación del ámbito de actuación, establece, además de la utilidad pública a efectos expropiatorios, la legitimación de la ocupación de las superficies de espacios libres o de dominio público de titularidad municipal que sean indispensables para la instalación de ascensores u otros elementos para garantizar la accesibilidad universal.

Finalmente, regula las formas de ejecución, los derechos de realojo de los afectados, y las formas de participación en la ejecución de las actuaciones por parte de Administraciones Públicas, comunidades de propietarios, cooperativas de viviendas, propietarios de terrenos o edificaciones, titulares de derechos reales, y otros.

d) En la disposición transitoria segunda se establece que las Comunidades Autónomas podrán dejar en suspenso durante un plazo máximo de cuatro años la exigencia de reserva de suelo para vivienda de protección pública, prevista en el artículo 10.1.b) de la Ley de Suelo, cuando se trate de instrumentos de ordenación aún no aprobados definitivamente y se justifique en ellos la existencia de un determinado porcentaje de vivienda protegida ya construida y sin vender.

Por otra parte, mediante las disposiciones finales se modifican, entre otras, las siguientes normas:

- Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal (arts. 2, 3, 9, 10 y 17, y disp. adicional).

Flexibiliza el régimen de adopción de acuerdos de las Juntas de propietarios, para facilitar la ejecución de las actuaciones de rehabilitación, renovación o regeneración urbanas. En particular, establece que no requerirán acuerdo previo de la Junta, aunque impliquen la modificación del título constitutivo o de los estatutos, las actuaciones impuestas por la Administración para el cumplimiento del deber legal de conservación del inmueble y de sus servicios e instalaciones comunes.- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (arts. 2 y 3).Introduce la precisión de que el Código Técnico de la Edificación es de aplicación a todas las intervenciones comprendidas en los apartados b) y c) del artículo 2, que se realicen en los edificios existentes, debiendo justificarse su cumplimiento en el proyecto o memoria que acompañe a la solicitud de licencia o autorización administrativa.- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (art. 137 y disp. adicional décima).

Aunque sólo sea de aplicación supletoria en la Administración Local, es significativa la reducción del porcentaje exigido como garantía en los procedimientos de enajenación de inmuebles, que pasa del 25 al 5 por ciento, con la posibilidad de elevarlo hasta el 10 por ciento en casos especiales. Además habilita a que en el pliego se prevea la constitución de la garantía mediante cheque conformado o cheque bancario y por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.

- Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (art. 47 y disp. adicional vigésima).

Añade un punto 6 al artículo 47 para decir que los límites establecidos para la plurianualización de gastos también deben cumplirse en los casos de tramitación anticipada de expedientes de contratación o de otros expedientes de gasto.En la nueva disposición adicional vigésima se establece que la Intervención General de la Administración del Estado mantendrá una base de datos con información sobre operaciones comerciales efectuadas por las entidades del Sector Público, a la que tendrán acceso los órganos de control interno (Interventores) de las Comunidades Autónomas y de de las Corporaciones Locales.

- Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (art. 167).

En la estructura de los estados de gastos de los presupuestos generales de las entidades locales, se sustituye la clasificación "funcional" por la clasificación "por programas", estableciendo en ésta tres niveles: uno relativo al área de gasto, otro a la política de gasto y el tercero a los grupos de programas, que se subdividirán en programas.La aplicación (antes "partida") presupuestaria quedará definida por la conjunción de las clasificaciones por programas y económica, a nivel de grupo de programa o programa y concepto o subconcepto, respectivamente.Se suprime la previsión de que las Entidades locales de menos de 5.000 habitantes podrán presentar y ejecutar sus presupuestos a nivel de grupo de función y artículo, y en su lugar se dice que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas establecerá la estructura de la información de los presupuestos, de su ejecución y liquidación, a la que deberán ajustarse todas las entidades locales a efectos del cumplimiento de sus obligaciones de remisión de dicha información.- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (arts. 1 y 2).

Se trata de extender la aplicación del Código Técnico de la Edificación a las intervenciones en los edificios existentes, señalando la necesidad de justificar su cumplimiento en el proyecto o memoria del técnico competente, que se acompañará a la solicitud de licencia o autorización administrativa.También se establece la forma en que deben justificarse los casos en que la aplicación del Código Técnico de la Edificación sea inviable o incompatible por razones técnicas, económicas o urbanísticas, asumiendo la responsabilidad el proyectista.

- Texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio (arts. 2, 5, 6, 8 a 10, 12, 14 a 17, 20, 36, 37, 39, 51 y 53; disp. adicional tercera y disp. final primera).

Además de incorporar de forma expresa principios como el de prevención de la contaminación del aire, del agua, del suelo y del subsuelo, o de la contaminación acústica, el de movilidad (con referencia a los transportes públicos y a los desplazamientos peatonales y en bicicleta), el de accesibilidad universal y el de uso eficiente de los recursos y de la energía, gran parte de las modificaciones son para sistematizar y precisar las facultades y deberes de los ciudadanos y de los propietarios de suelo en su participación en la acción urbanística, haciendo particular hincapié en la vinculación del deber legal de conservación a la mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano.Con especial detalle se regulan las facultades y los deberes y cargas inherentes al derecho de propiedad, distinguiendo entre el suelo rural protegido (excluido de transformación mediante urbanización), el suelo rural susceptible de ser urbanizado y el suelo en situación de urbanizado.

El análisis de esta nueva regulación excede de la extensión propia de esta reseña, no obstante es oportuno llamar la atención sobre algunos contenidos:

- En el artículo 9.8 se establecen algunos supuestos en que, con independencia del régimen general, se requiere acto expreso de autorización, siendo el silencio administrativo negativo: movimientos de tierras, segregaciones, obras de nueva planta, casas prefabricadas, tala de masas arbóreas, y otros.

- En el artículo 9.9 se establece la responsabilidad de la Administración por los perjuicios a terceros de buena fe, si no se adoptan en un plazo de seis meses medidas para el cese de la ocupación o utilización de edificaciones respecto a las que se haya realizado la comunicación previa o la declaración responsable y se compruebe que no cumplen los requisitos para el uso o destino previsto.

- En el artículo 10.1.b), al fijar el porcentaje mínimo de reserva para vivienda de protección pública, se diferencia entre el suelo rural destinado a nueva urbanización, en el que será el 30 por ciento, y el suelo urbanizado sujeto a reforma o renovación de la urbanización, en el que será el 10 por ciento.

- En el artículo 12.3 y 4 se hace una descripción más precisa que la anterior de los supuestos en que el suelo se encuentra en la situación de "urbanizado".

- En el artículo 14.2 se incorpora una definición de "actuaciones edificatorias", diferenciándolas de las "actuaciones de urbanización".

- En el artículo 16 sistematizan y aclaran las obligaciones de cesión de suelo a la Administración, distinguiendo entre actuaciones de urbanización y actuaciones de dotación.

- En el artículo 17 se hacen algunas precisiones sobre qué superficies o inmuebles pueden integrar un complejo inmobiliario, y se establecen dos supuestos en los que la constitución o la modificación del complejo inmobiliario no necesitarán autorización de la Administración.

- En el artículo 20.4.c) establece la obligación del Ayuntamiento de dictar resolución para hacer constar en el Registro de la Propiedad la situación urbanística de las obras que se hubieran inscrito sin la preceptiva certificación del Ayuntamiento a ese efecto, una vez recibida tal información del Registro de la Propiedad. Si el Ayuntamiento no cumple con esa obligación, será responsable de los daños y perjuicios que se causen al adquirente de buena fe.

- En el artículo 51.2 se establece la obligación de la Administración de acordar la práctica de anotación preventiva en el Registro de la Propiedad de los actos de incoación de expedientes de disciplina urbanística que afecten a actuaciones por las que se creen nuevas fincas registrales por parcelación, reparcelación, declaración de obra nueva o constitución de régimen de propiedad horizontal. Si el Ayuntamiento no cumple con esa obligación, será responsable de los daños y perjuicios que se causen al adquirente de buena fe.- Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (añade disp. adicional trigésima cuarta).

Establece la obligación de aprobar un presupuesto máximo para los contratos de suministros continuados y de servicios de ejecución sucesiva, por precio unitario, en los que no quede definido con exactitud el número total de entregas o prestaciones. Si durante la vigencia del contrato las necesidades reales resultaran superiores a las estimadas, deberá tramitarse la correspondiente modificación del contrato.