• Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo. (BOE 25.6.15Este enlace se abrirá en una ventana nueva; vigencia 1.11.15; no obstante entran en vigor el día 26 de junio de 2015 el artículo segundo, en el que se contiene la modificación de la Ley del Catastro Inmobiliario, y los apartados 12 del art. 1º y 2 de la disposición derogatoria)

El principal objetivo de la Ley es el de lograr la coordinación de la información del Registro de la Propiedad con la del Catastro Inmobiliario. Para ello, establece una regulación general de las relaciones entre ambas instituciones y una regulación específica de sus relaciones en cada uno de los procedimientos registrales: inmatriculación, deslinde o anotación de excesos o rectificaciones de cabida.

A) Modificación de la Ley Hipotecaria

Son significativas las modificaciones que imponen la incorporación de la representación gráfica georreferenciada de la finca en el folio registral; la eliminación de la intervención de los órganos judiciales, encomendando todas las actuaciones a Notarios y Registradores; la supresión de la legitimación de la Iglesia Católica para inscribir sus bienes por el procedimiento del artículo 206, careciendo de título de dominio.

En el artículo 203 se regula con minuciosidad el procedimiento del expediente de dominio para la inmatriculación de fincas que no estén inscritas en el Registro de la Propiedad a favor de persona alguna. Como se ha dicho, no hay intervención de órganos judiciales y se establecen medidas precisas para garantizar posibles derechos de terceros y, de forma específica, evitar la usurpación de los bienes de dominio público. Además, en el artículo 204, se contemplan como supuesto en que es posible obtener la inmatriculación de fincas los derivados de expedientes de transformación o de equidistribución urbanística, de concentración parcelaria, de procedimientos administrativos de deslinde o de sentencias en procedimientos declarativos.Con una nueva redacción del artículo 206, se establecen con más amplitud y precisión las condiciones en que las Administraciones Públicas podrán inmatricular bienes de su titularidad: habrá de aportarse el título escrito de dominio, si se dispone de él, certificación administrativa (previo informe favorable de los servicios jurídicos) acreditativa del acto, negocio o modo de adquisición y de la fecha del acuerdo de inclusión en el inventario; además de una certificación catastral descriptiva y gráfica de la parcela. Practicada la inmatriculación, el Registrador expedirá un edicto que se publicará en el Boletín Oficial del Estado, de notificación a todos los interesados y a las personas ignoradas a quienes pueda perjudicar el expediente.

En el mismo artículo 206 se reconoce la eficacia de la certificación administrativa para la reanudación del tracto sucesivo interrumpido respecto a fincas de propiedad de las Administraciones Públicas (previa instrucción del procedimiento regulado en el apartado 3 del artículo 37 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas), y para la inscripción de operaciones de agrupación, división, agregación, segregación, declaración de obra nueva, división horizontal, y otras.

B) Modificación de la Ley del Catastro Inmobiliario

Aparte de otras numerosas modificaciones para mantener la coordinación entre el Catastro Inmobiliario y el Registro de la Propiedad, la más relevante para los municipios es la que afecta a la delimitación del "suelo de naturaleza urbana" a efectos catastrales. Tomando en consideración la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014, se establece en el artículo 7.2.b) que para que el suelo urbanizable tenga la condición de urbano a efectos catastrales, deberá estar incluido en sectores o ámbitos espaciales delimitados "para los que se hayan establecido las determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada, de acuerdo con la legislación urbanística aplicable".En armonía con la anterior modificación, se establecen en el artículo 30 y en las disposiciones transitorias segunda y séptima las reglas de valoración del suelo urbanizable sin ordenación detallada. Los Ayuntamientos deberán suministrar a la Dirección General del Catastro información sobre los suelos urbanizables que deban dejar de tratarse como urbanos, para que se realicen los ajustes en el primer procedimiento simplificado de valoración colectiva que haya de realizarse.

C) Acceso de los Registradores al planeamiento urbanístico

En la disposición adicional quinta se establece que en el plazo de tres meses desde la publicación de la referida Ley 13/2015, los municipios deben facilitar a los Registradores un acceso mediante servicio de mapas web a todos los planes urbanísticos generales y de desarrollo, debidamente georreferenciados y metadatados, así como a sus modificaciones aprobadas definitivamente y en vigor. Si por motivos técnicos o presupuestarios no pudieran hacerlo, deberán comunicarlo al Colegio de Registradores, poniendo a su disposición un ejemplar certificado y en soporte electrónico del citado planeamiento.