• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (BOE 2.10.15Este enlace se abrirá en una ventana nueva; vigencia 2.10.16)

Tomando como referencia la todavía vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se desdobla su contenido en dos nuevas leyes, una la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP), referida esencialmente a las relaciones entre Administración y ciudadanos, y otra la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante LRJSP), sobre organización y funcionamiento de las Administraciones públicas.

Por su incidencia directa e ineludible en toda la actividad de las Administraciones Públicas, esta Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas requiere un estudio detallado que excede del objeto de esta reseña. No obstante, pueden adelantarse algunas pinceladas de sus novedades más significativas.

  • En primer lugar ha de advertirse que su entrada en vigor se difiere hasta el día 2 de octubre del año 2016, y en algunos de sus contenidos relativos a actividades que requieren la interoperabilidad de los sistemas electrónicos de todas las Administraciones Públicas, los efectos se difieren hasta el día 2 de octubre del año 2018.
  • Se han incorporado a la Ley el procedimiento sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, y los principios de ejercicio de la iniciativa legislativa y de la potestad reglamentaria.
  • Con la premisa de su aplicación a todas las Administraciones Públicas, se establece que sólo mediante ley podrán incluirse trámites adicionales o distintos de los contemplados en la LPACAP. Mediante normas de rango reglamentario sólo podrán establecerse especialidades relativas a los órganos competentes, a plazos específicos por razón de la materia, a formas de iniciación, terminación y publicación y a los informes a recabar.
  • Todas las Administraciones Públicas deberán disponer de un registro electrónico de los apoderamientos otorgados por los interesados a favor de un tercero para que les represente en un procedimiento administrativo.
  • Distingue la Ley entre identificación y firma de los interesados en un procedimiento administrativo, y detalla los sistemas que podrán utilizarse para una u otra actuación, con especial referencia a los sistemas electrónicos (firma electrónica, sello electrónico u otros). Sólo se exigirá la firma para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones o renunciar a derechos, en los demás casos será suficiente la acreditación de la identidad.
  • Teniendo cada Administración Pública obligación de disponer de un Registro Electrónico General interoperable con los de todas las demás, los interesados pueden presentar los documentos dirigidos a los órganos de una Administración Pública en cualquiera de dichos registros. Los documentos que se presenten de manera presencial deberán digitalizarse por la oficina de asistencia en materia de registros ante la que se hayan presentado.
  • Cada Administración debe mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos de procedimientos finalizados, con garantía de integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación.
  • Las Administraciones Públicas deben emitir los documentos administrativos por escrito, a través de medios electrónicos, salvo que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. Dichos documentos requerirán firma electrónica, excepto las publicaciones meramente informativas y los que no formen parte de un expediente administrativo.
  • En el artículo 27 se regula con minuciosidad la expedición de copias de documentos, públicos o privados, realizadas por las Administraciones Públicas. Éstas deberán mantener un registro interoperable e interconectado con los de las demás Administraciones, de los funcionarios habilitados para expedir copias auténticas. Los interesados podrán solicitar copias auténticas al órgano que haya emitido el documento original, que deberá expedirlas en un plazo de quince días.
  • No se exigirá a los interesados la presentación de documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario.
  • Se prevé la fijación de plazos por horas, siempre que no tengan una duración de más de veinticuatro horas. Se contarán de hora en hora y de minuto en minuto, y se entenderán hábiles todas las que formen parte de un día hábil.

Cuando los plazos se señalen por días, salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se establezca otro cómputo, se entiende que se trata de días hábiles, excluyendo los sábados, los domingos y los declarados festivos. Si un día fuese hábil en el lugar de residencia del interesado e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso.

En el artículo 31 se regula de forma específica el cómputo de plazos en el caso de presentación electrónica de los documentos.

  • Las notificaciones de las resoluciones y actos administrativos se practicarán preferentemente por medios electrónicos, mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración actuante o a través de una dirección electrónica habilitada única. Las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas, además, a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración actuante, para que pueda acceder a su contenido de forma voluntaria. En todos los casos, con independencia de la notificación, la Administración deberá enviar un aviso al dispositivo electrónico y/o dirección de correo electrónico del interesado que éste haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica de la Administración o en la dirección electrónica habilitada única.

En los casos de notificación infructuosa, la notificación deberá hacerse por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado, sin perjuicio de que se puedan publicar anuncios complementarios en otros medios de difusión.

La publicación de actos y comunicaciones que por disposición legal o reglamentaria deba realizarse en tablón de anuncios o edictos, se entenderá cumplida por su publicación en el Diario oficial correspondiente.

  • El expediente administrativo tendrá en todas sus fases formato electrónico.
  • De oficio o por solicitud del interesado, la Administración podrá acordar la tramitación simplificada del procedimiento cuando lo aconsejen razones de interés público o la falta de complejidad del asunto. Estos procedimientos deberán ser resueltos en treinta días, reduciéndose para ello los trámites, según lo establecido en el artículo 96 de la LPACAP.
  • En la regulación de la revisión de los actos administrativos, se ha prescindido de la reclamación previa para la impugnación de actos administrativos en vía jurisdiccional civil o laboral.
  • Respecto a los principios del ejercicio de la potestad reglamentaria, son significativas la obligación de todas las Administraciones Públicas de hacer público anualmente un plan con las iniciativas que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente, y la obligación de hacer una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente, con carácter previo a la elaboración de un proyecto o anteproyecto de reglamento.

Deroga, entre otras disposiciones, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos; el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, y el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Se establece en la disposición final quinta que en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Ley, se deberán adecuar a la misma las normas estatales, autonómicas y locales reguladoras de los distintos procedimientos normativos que sean incompatibles con lo previsto en dicha Ley.