• Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. (BOE 3.12.13Este enlace se abrirá en una ventana nueva; vigencia 4.12.13)

Refunde las Leyes 13/1982, de 7 de abril, de integración social de las personas con discapacidad; la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad; y la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Atribuye de forma especial a las Administraciones Públicas la responsabilidad de promover y adoptar medidas para proteger y garantizar los derechos de las personas con discapacidad en sus distintos ámbitos de competencia. Como aspectos concretos más visibles en lo que afecta a los Ayuntamientos, cabe señalar los referidos a la accesibilidad en espacios públicos urbanizados (art. 25), a la accesibilidad y no discriminación en las relaciones con las administraciones públicas (art. 28), a la obligación de los Ayuntamientos de facilitar el estacionamiento de los vehículos automóviles de discapacitados (art. 30), o la obligación de los Ayuntamientos de prever planes municipales de actuación para adaptar las vías publicas, parques y jardines, a las normas aprobadas con carácter general, viniendo obligados a destinar un porcentaje de su presupuesto a dichos fines (art. 34.4