• Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. (BOE 30.10.12; vigencia 31.10.12Este enlace se abrirá en una ventana nueva)

La modificación afecta principalmente a la Ley 58/2003 , de 17 de diciembre, General Tributaria, con medidas diversas, entre las que puede tener particular interés la que afecta al apartado 1 del artículo 171: en el caso de embargo de bienes y derechos depositados en una determinada oficina de una entidad de crédito, debe identificarse el bien o derecho del que tiene conocimiento la Administración actuante, pero el embargo podrá extenderse, sin necesidad de identificación previa, al resto de bienes y derechos del deudor existentes en aquella entidad, dentro del ámbito de jurisdicción de la Administración tributaria ordenante del embargo. Hasta ahora el embargo sólo podía extenderse a los bienes y derechos existentes en la oficina o sucursal a la que se hubiera dirigido el embargo.

También es significativa la limitación que se establece a la realización de pagos en efectivo, cuando alguna de las partes actúe en calidad de empresario o profesional. Con carácter general se prohíbe el pago en efectivo por importe igual o superior a 2.500 euros, salvo cuando el pago o ingreso se realice en entidades de crédito, y se entiende como pago en efectivo la entrega de papel moneda o moneda metálica, cheques bancarios al portador, o cualquier otro medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser utilizado como medio de pago al portador.