• Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo de la economía. (BOE 12.9.15;Este enlace se abrirá en una ventana nueva vigencia 12.9.15)
  • A) En el capítulo I, titulado "Medidas en materia de empleo público", se establecen las siguientes:

1. Recuperación parcial de la paga extraordinaria del mes de diciembre del año 2012. Cada Administración deberá abonar dentro del ejercicio 2015 a su personal una retribución extraordinaria equivalente a 48 días o al 26,23 por ciento de los importes que dejó de percibir como consecuencia de la supresión de aquella paga. Respecto a las personas a las que en aquella fecha no les hubiera correspondido la paga completa, se reducirá proporcionalmente la cantidad a abonar en este momento.Para la aplicación de esta medida en el ámbito del sector público estatal, se ha aprobado una Resolución de 18 de septiembre de 2015, conjunta de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de Administraciones Públicas, publicada en el Boletín Oficial del Estado del día 24 de septiembre de 2015, que puede servir de orientación para la Administración Local.

2. Permisos y vacaciones de los funcionarios. Con una modificación de la letra k) del artículo 48 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, se eleva a seis el número de días anuales de permiso por asuntos particulares. Además, en una nueva disposición adicional decimocuarta se habilita a cada Administración Pública para establecer "hasta dos días adicionales de permiso por asuntos particulares al cumplir el sexto trienio, incrementándose, como máximo, en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo".Se añade también una disposición adicional decimoquinta, en la que se faculta a cada Administración Pública para establecer "hasta un máximo de cuatro días adicionales de vacaciones en función del tiempo de servicios prestados por los funcionarios públicos". Está claro que no hay un reconocimiento "ex lege" del derecho a los días adicionales por asuntos particulares y por vacaciones, sino que se requiere la decisión pertinente de cada Entidad Local. Y a este efecto, habrá de tenerse en cuenta que en las disposiciones adicionales segunda y tercera de la propia Ley se reconocen esos días adicionales a los funcionarios de la Administración General del Estado, y que en el artículo 94 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se establece que la jornada de trabajo de los funcionarios de la Administración Local será en cómputo anual la misma que se fije para los funcionarios de la Administración Civil del Estado.

3. Funciones de la subescala de Secretaría-intervención. Se modifica el apartado 2 del artículo 92.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, suprimiendo en el subapartado c) el inciso final "salvo la función de tesorería". Con ello a los funcionarios de la subescala de Secretaría-intervención se les agrega dicha función de tesorería, que hasta el día 31 de diciembre de 2013, en las Entidades Locales con Secretaría de clase tercera, podía encomendarse a un miembro de la Corporación o a un funcionario sin habilitación de carácter nacional.

En consecuencia, se deja virtualmente sin efecto, respecto a las Entidades Locales con Secretaría de tercera, la disposición transitoria séptima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, en su redacción dada por la Ley 18/2015, de 9 de julio, y procede que en cada Entidad Local cuyo puesto de Secretaría se halle clasificado en clase tercera, se adopten las medidas para que se haga cargo de la función de tesorería el titular o responsable de dicho puesto, revocando y dejando sin efecto los nombramientos o atribuciones que se hubieran hecho a favor de un miembro de la Corporación o de un funcionario sin habilitación de carácter nacional.

  • B) En el capítulo III, titulado "Otras medidas", se recogen las siguientes:

1. Anticipos de financiación a favor de determinados municipios. Se habilita a la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para conceder anticipos de carácter extrapresupuestario (que deberán refinanciarse en el año 2016 mediante la formalización de operaciones de préstamo) a los siguientes Ayuntamientos:a) Los que se hallen en la situación del artículo 39.1.a) del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre (situación de riesgo financiero definida según dicho apartado) y estuvieran incluidos en la relación publicada mediante Resolución de la citada Secretaría General, de 12 de febrero de 2015.b) Aquellos a los que se concedieron anticipos de la participación en tributos del Estado, con arreglo al artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio.

La solicitud de los anticipos debe presentarse antes del 15 de octubre de 2015, previo acuerdo del Pleno de la Corporación en el que se asuma el compromiso de formalizar en 2016 la operación de préstamo con cargo al compartimento del Fondo de Ordenación, del Fondo de Financiación a Entidades Locales, y todas las condiciones que en relación a dicho compartimento se establecen en el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre. Los anticipos que se concedan deberán destinarse a cancelar obligaciones pendientes de pago con proveedores y contratistas, con el fin de reducir el período medio de pago, a la ejecución de sentencias firmes y al pago de deudas pendientes con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con la Tesorería General de la Seguridad Social.

2. Acreditación de la solvencia económica y financiera de los empresarios. Se añade en el apartado 1 del artículo 75 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la previsión de que para acreditar la solvencia económica y financiera del empresario, además de uno o varios de los medios relacionados en los apartados a) (volumen de negocios), b) (seguro por riesgos profesionales) y c) (patrimonio neto), el órgano de contratación podrá exigir que el período medio de pago del empresario a sus proveedores no supere el límite de la normativa sobre morosidad.