• Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. (BOE 21.7.15Este enlace se abrirá en una ventana nueva; vigencia 21.10.15)

Con un artículo único, seis disposiciones adicionales y siete disposiciones finales, se introducen modificaciones en la mayor parte de los artículos de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modificaciones que por su carácter de legislación básica incidirán en la legislación autonómica en esta materia, particularmente la Ley 2/1995, 10 febrero, de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de La Rioja, y el Decreto 114/2003, de 30 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 2/1995, de 10 de febrero, de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de La Rioja.Se realza el valor de los montes como infraestructuras verdes y su función económica, ecológica y social, con especial incidencia en el desarrollo del mundo rural.De entre las múltiples innovaciones parece de interés hacer mención de las siguientes:

  • Los terrenos agropecuarios que se dediquen temporalmente al cultivo de especies forestales, quedarán sometidos al régimen de la ley para los montes, mientras dure el período de aprovechamiento que a tal efecto se determine.
  • Se incluyen nuevos supuestos en que los montes públicos pueden declararse de utilidad pública, incluyéndolos en el Catálogo, facultad que se atribuye al máximo órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma: los que afecten a la regulación del régimen hidrológico, los que sirvan para evitar el desprendimiento de tierras y los que contribuyan al mantenimiento de los sistemas ecológicos.
  • Se hace la precisión de que la declaración de utilidad pública de un monte no prejuzga su propiedad. No obstante la impugnación de la titularidad asignada en el Catálogo sólo puede hacerse en juicio declarativo ordinario ante los tribunales civiles, juicio en el que debe ser parte demandada la Comunidad Autónoma, además del titular del monte.
  • Podrán declararse por la Comunidad Autónoma "montes protectores" los montes o terrenos forestales de titularidad privada que cumplan alguna de las condiciones que permiten la inclusión de los montes públicos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública.
  • Se crea la figura de los "montes de socios", referida a aquellos montes que pertenecen pro-indiviso a varias personas, de las que alguna es desconocida. Y articula para dichos montes una fórmula de gestión mediante una junta gestora.
  • En la enajenación de productos de los montes de dominio público, la Administración gestora podrá establecer como contraprestación, además o en lugar del precio, la realización de determinadas mejoras del monte. De la misma forma, en los contratos para la realización de mejoras en el monte, se podrá entregar al adjudicatario de los trabajos la producción forestal en concepto de pago del precio del contrato.
  • El Gobierno regulará reglamentariamente el régimen básico propio de los contratos públicos de aprovechamientos, obras y servicios forestales. En el preámbulo de la Ley se anuncia una regulación que no aparece en el articulado, sobre su consideración como contratos especiales sometidos a la legislación forestal, sin menoscabo de la aplicación de los términos generales de la Ley de Contratos del Sector Público.
  • Para los aprovechamientos maderables y leñosos de los montes no gestionados por la Comunidad Autónoma, será necesaria la autorización de ésta; no obstante, si existe proyecto de ordenación, plan dasocrático o instrumento equivalente, será suficiente la remisión de una declaración responsable al órgano forestal de aquélla. También será suficiente la declaración responsable cuando no existan dichos instrumentos de ordenación, si se trata de aprovechamientos de turno corto o domésticos de menor cuantía.
  • Los montes de dominio público forestal tendrán la consideración de suelo en situación rural, y la ordenación territorial y urbanística deberá preservarlos de su transformación mediante la urbanización.
  • Las Comunidades Autónomas definirán las condiciones en que se permite la circulación de vehículos a motor por pistas forestales situadas fuera de la red de carreteras y a través de terrenos forestales, fuera de los viales existentes para ese fin.