• Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. (BOE 22.9.15Este enlace se abrirá en una ventana nueva; vigencia 12.10.15)

Las modificaciones alcanzan a un gran número de artículos de la Ley General Tributaria, con un contenido técnico que no admite una exposición de síntesis global. Como se dice en el preámbulo, persigue reforzar la seguridad jurídica y reducir la litigiosidad, con una regulación más precisa, clara y sistemática de los procedimientos, prevenir el fraude fiscal incentivando el cumplimiento voluntario, e incrementar la eficacia de la actuación administrativa.Siendo dicha Ley General Tributaria de aplicación directa a la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales, según se establece en su artículo 1 y también en el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cabe hacer una referencia a las siguientes novedades de la reforma:

  • 1. Se refuerza la potestad de comprobación e investigación de bases o cuotas compensadas o de deducciones aplicadas, que podrá extenderse a un período de diez años a contar desde el día siguiente en que finalice el plazo para la presentación de la declaración o autoliquidación, si fuera necesario para liquidar obligaciones no prescritas.
  • 2. En los tributos de cobro periódico por recibo, el plazo de prescripción comienza el día de devengo del tributo.
  • 3. Se establece la publicación de listados de deudores a la Hacienda Pública, cuyas deudas y sanciones tributarias pendientes de ingreso superen un millón de euros y no se hubieran pagado en el plazo de ingreso voluntario.
  • 4. Regula el procedimiento para liquidar administrativamente las deudas tributarias, en los casos en que se aprecien indicios de delito contra la Hacienda Pública.
  • 5. Se introducen diversas medidas de mejora del procedimiento de las reclamaciones económico-administrativas, y se crea un nuevo recurso contra los actos de ejecución de las resoluciones económico-administrativas.
  • 6. Se califica como infracción tributaria grave el incumplimiento de obligaciones tributarias mediante actos o negocios de regularización en supuestos de conflicto en la aplicación de la norma tributaria, cuando se acrediten determinadas situaciones.