• Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. (BOE 3.7.15Este enlace se abrirá en una ventana nueva; vigencia 23.7.15, con excepciones)

A través de la disposición final primera se modifican numerosos artículos del Código Civil, entre los que interesa llamar la atención sobre los que se refieren a la celebración del matrimonio, en tanto que afectan a las atribuciones de los Alcaldes. En la nueva redacción del artículo 51 se distingue entre la competencia para instruir el expediente y la competencia para celebrar el matrimonio.

La primera se atribuye al Secretario judicial, Notario o Encargado del Registro Civil del domicilio de uno de los contrayentes, y la segunda al Juez de Paz, al Alcalde o concejal en quien delegue, al Secretario judicial o al Notario. Estas modificaciones entrarán en vigor el 30 de junio de 2017.

En el mismo sentido se modifica el artículo 58 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil, disponiendo que, extendida el acta de matrimonio, se entregará a cada uno de los contrayentes una copia acreditativa de la celebración del matrimonio y se remitirá por el autorizante (el Alcalde), en el mismo día y por medios telemáticos, testimonio o copia autorizada electrónica del documento al Registro Civil para su inscripción. En consecuencia con lo anterior, por medio de la disposición final quinta de la Ley del Registro Civil, se modifica la redacción del apartado 5 del artículo 20 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, suprimiendo en él la previsión de la posibilidad de establecer tasas por la "instrucción y tramitación de los expedientes matrimoniales en forma civil", y manteniendo esa posibilidad respecto a la "celebración".

Y se modifica la disposición final décima de la Ley del Registro Civil, para disponer que su entrada en vigor queda diferida hasta el 30 de junio de 2017.También se modifica el artículo 956 del Código Civil, para establecer que de las herencias que correspondan al Estado por falta de herederos, dos terceras partes se destinarán a fines de interés social, añadiéndose a la asignación tributaria que para estos fines se realice en los Presupuestos Generales del Estado. Desaparece así la asignación legal a Instituciones municipales y provinciales de Beneficencia, Instrucción, Acción social o profesionales.