• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. (BOE 11.12.13Este enlace se abrirá en una ventana nueva; vigencia 12.12.13, permitiendo, no obstante, durante un año la aplicación de legislación propia de las Comunidades Autónomas en materia de evaluación ambiental)

Deroga, con efectos respecto a la normativa de cada Comunidad Autónoma desde que éstas aprueben sus nuevas normas adaptadas, en el plazo máximo de un año, las siguientes disposiciones:

- Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. - Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. - Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.Reúne en una sola norma el procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas (evaluación ambiental estratégica) y el de evaluación ambiental de proyectos (evaluación de impacto ambiental), aplicando para ambos un esquema similar y una terminología común. Se pretende simplificar el procedimiento, aumentar la seguridad jurídica de los operadores y armonizar la normativa en todo el territorio nacional.

Establece con claridad los principios por los que se rige la evaluación ambiental, y unas definiciones de los conceptos de uso frecuente en la Ley, que facilitan mucho su comprensión.

Con un esquema básico que prevé la aplicación de un procedimiento ordinario o uno simplificado, precisa que la "Evaluación Ambiental Estratégica" (de planes y programas) por procedimiento ordinario termina con la "Declaración Ambiental Estratégica", y si es por procedimiento simplificado termina con el "Informe Ambiental Estratégico"; y la "Evaluación de Impacto Ambiental" (de proyectos) por procedimiento ordinario termina con la "Declaración de Impacto Ambiental", y si es por procedimiento simplificado termina con el "Informe de Impacto Ambiental". A partir de ahí determina las actuaciones sujetas a uno u otro procedimiento, los órganos competentes y un detallado desarrollo de cada procedimiento específico.

Resalta la obligación de someter los planes, programas y proyectos a la evaluación ambiental antes de su adopción, aprobación o autorización, o antes de la presentación de declaración responsable o de la comunicación previa en el caso de proyectos en que así proceda. Los actos de adopción, aprobación o autorización, así como las declaraciones responsables o las comunicaciones previas, carecerán de validez si los correspondientes planes, programas o proyectos no se han sometido a evaluación ambiental.

Se establecen los principios de las relaciones entre las Administraciones Públicas (art. 3), y también el procedimiento de resolución de las discrepancias entre el órgano sustantivo y el órgano ambiental (art. 12), que culminará en el Consejo de Ministros o en el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma.

También se establece el régimen sancionador, con la tipificación de infracciones y determinación de las sanciones aplicables. Se remite a la normativa autonómica la determinación del órgano competente para sancionar, salvo cuando se refiera a proyectos autorizados por la Administración General del Estado.

En la disposición adicional decimotercera se establece que los trámites regulados en esta ley se realizarán por vía electrónica, en los términos del título III de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

Como régimen transitorio, se establece que esta ley se aplica a todos los planes, programas y proyectos cuya evaluación ambiental estratégica o evaluación de impacto ambiental se inicie a partir del día de la entrada en vigor de la propia ley.

En general, se atribuye a la Ley carácter de legislación básica, pero se excepcionan algunos preceptos, y de forma singular la mayor parte de los plazos (sólo mantiene como básico el de 45 días de publicidad y consulta de la versión inicial del plan o programa sometido a evaluación ambiental estratégica ordinaria, en los artículos 21 y 22) que se establecen para la instrucción de los procedimientos de evaluación.