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• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. (BOE 30.4.12)

Amparándose en el artículo 135 de la Constitución, recoge con rango de Ley orgánica los contenidos de la Ley orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, y del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, derogando ambos textos. Y, considerando insuficientes los mecanismos previstos en dichas leyes para afrontar los efectos de la crisis económica, incorpora nuevas medidas para eliminar el déficit público, reducir la deuda pública y garantizar la sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas.

A los principios de estabilidad presupuestaria, plurianualidad, transparencia, eficacia y eficiencia, se añaden ahora los de sostenibilidad financiera, responsabilidad y lealtad institucional, que son el fundamento de la mayor parte de las novedades de esta Ley, particularmente el de sostenibilidad financiera, entendida como "la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública".

En cuanto afecta de forma especial a las entidades locales, los aspectos novedosos más significativos son los siguientes:

A) Responsabilidad.

• Ni el Estado ni las Comunidades Autónomas podrán asumir ni responder de los compromisos de las Corporaciones Locales ni de los entes vinculados o dependientes de éstas, salvo en el caso de garantías financieras mutuas para la realización conjunta de proyectos específicos (art. 8). En la disposición transitoria cuarta se excluyen de la aplicación de esta regla los mecanismos aprobados por el Estado durante el ejercicio 2012, para el pago a proveedores de obligaciones anteriores al 1 de enero de 2012.

B) Límite y prioridad del pago de la deuda pública.- Se fija el límite de deuda pública para el conjunto de las Corporaciones Locales en el 3 por ciento del Producto Interior Bruto nacional (art.13), límite que, según la disposición transitoria primera, ha de cumplirse en el año 2020 y para ello cada Administración debe reducir la deuda pública al ritmo necesario en promedio anual.

Al aplicarse este índice al conjunto de las Corporaciones Locales, será necesario que se establezca la fórmula con la que se trasladará al nivel de endeudamiento permitido a cada entidad local. En el mismo artículo 13 se establece que la autorización a las Corporaciones Locales para realizar operaciones de crédito y emisiones de deuda, debe tener en cuenta el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública.

• En el estado de gastos de los Presupuestos de cada entidad local deben estar siempre incluidos los créditos necesarios para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública. Además, el pago de esos intereses y capital gozará de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto (art. 14).

C) Medidas preventivas, correctivas y coercitivas.

• Las Administraciones Públicas deben hacer un seguimiento de la ejecución presupuestaria y ajustar el gasto para garantizar que al cierre de ejercicio se cumple el objetivo de estabilidad. Cuando la deuda pública supere el 95 por ciento del límite establecido en el artículo 13.1 (el 3 por ciento del Producto Interior Bruto nacional para el conjunto de las Corporaciones Locales), no se permitirán otras operaciones de endeudamiento que las de tesorería (art. 18).
• Cuando se aprecie riesgo de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria o de deuda pública o de la regla de gasto, el Gobierno formulará una advertencia a la Administración responsable, que tendrá un mes para adoptar las medidas necesarias para evitar el riesgo (art. 19).
• Si se produce el incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria o de deuda pública o de la regla de gasto, debe formularse un plan económico-financiero que permita alcanzar el cumplimiento en un año (art. 21); además, en el caso de Logroño, como capital de la Comunidad Autónoma, todas sus operaciones de endeudamiento a largo plazo precisarán autorización de la Comunidad Autónoma.

El plan debe presentarse en el plazo de un mes, desde que se constate el incumplimiento, al Pleno de la Corporación, debe ser aprobado por éste en el plazo de dos meses desde su presentación, y debe ponerse en marcha en el plazo de tres meses desde que se constató el incumplimiento. El Ayuntamiento de Logroño, como capital de la Comunidad Autónoma, remitirá el plan a la Comunidad Autónoma (en el plazo de un mes), a la que corresponde su aprobación y seguimiento. En todos los casos, el plan aprobado se remitirá a la Comisión Nacional de Administración Local (art. 23).

• En caso de falta de presentación o de aprobación del plan económico financiero, o de incumplimiento de éste, la entidad local deberá aprobar la no disponibilidad de créditos que garantice el cumplimiento del objetivo establecido, y constituir un depósito en el Banco de España equivalente al 2,8 por ciento de sus ingresos no financieros.

Si no se adopta el acuerdo de no disponibilidad de créditos, el Gobierno podrá designar una comisión de expertos que fijará medidas de obligado cumplimiento para la entidad local. Hasta que se implementen estas medidas, no se podrá autorizar ninguna operación de crédito.Si en el plazo de seis meses desde la constitución del depósito no se hubiera presentado o aprobado el plan económico-financiero o no se hubieran aplicado sus medidas, el depósito podrá convertirse en una multa coercitiva (art. 25.1 y disp. final 6ª).

Por su parte, la Comunidad Autónoma deberá requerir al Presidente de la Corporación Local para que se adopte el acuerdo de no disponibilidad, se constituya el depósito o se ejecuten las medidas propuestas por la comisión de expertos. Si no se atiende el requerimiento, la Comunidad Autónoma adoptará las medidas necesarias para obligar a la Corporación Local al cumplimiento forzoso. En caso de inactividad de la Comunidad Autónoma, el Gobierno requerirá a ésta y, si fuera preciso, con aprobación del Senado, adoptará las medidas para imponerle la ejecución forzosa.

La persistencia en el incumplimiento por parte de la entidad local, cuando suponga un incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, podrá dar lugar a la disolución de los órganos de la Corporación Local (art. 26).

D) Transparencia.

• Antes del 1 de octubre de cada año las Corporaciones Locales deben remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas información sobre las líneas fundamentales que contendrán sus Presupuestos (se entiende que los del ejercicio siguiente). Mediante una Orden del Ministerio se concretará la información, el procedimiento y el plazo de remisión (art. 27)

E) Gestión presupuestaria.

• Las Administraciones Públicas (no se concreta cómo se hace en el caso de las Corporaciones Locales) deben elaborar un marco presupuestario para un período de al menos tres años, que garantice una programación coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública (art. 29).
• Cada Corporación Local debe aprobar un límite máximo de gasto no financiero, coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y con la regla de gasto, límite que marcará el techo de asignación de recursos de sus Presupuestos (art. 30).
• El Ayuntamiento de Logroño, como capital de la Comunidad Autónoma, debe incluir en sus Presupuestos una dotación diferenciada de créditos para atender necesidades de carácter no discrecional no previstas, que puedan presentarse durante el ejercicio (art. 31).
• Cuando en la liquidación presupuestaria resulte un superávit, éste debe destinarse a reducir el endeudamiento neto (art. 32).