• Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. (BOE 13.6.15Este enlace se abrirá en una ventana nueva; vigencia 14.6.15)

Junto a la modificación de las Leyes que se enuncian en el título, referida sobre todo a la financiación de las Comunidades Autónomas, se incluyen algunas medidas que afectan más directamente a las Entidades Locales:

A) Financiación de la ejecución de sentencias firmes por parte de las Entidades Locales (disp. adicional primera).

Si la Entidad Local se encuentra en las situaciones descritas en los artículos 39 o 50 del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, y la ejecución de una sentencia determina un grave desfase de tesorería, podrá incluir en el Fondo de Ordenación o en el Fondo de Impulso Económico las necesidades financieras que requiera para el cumplimiento de la sentencia; de acogerse a esta medida, la Entidad Local estará obligada a dotar en el proyecto de presupuesto general del ejercicio 2016 el Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria con un 1 por ciento de sus gastos no financieros.

B) Procedencia del personal al servicio de los consorcios (disp. final segunda).

Se modifica el apartado quinto de la disposición adicional vigésima de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para introducir la posibilidad excepcional de que, si por la singularidad de las funciones no existe personal idóneo en las Administraciones participantes del consorcio, se autorice por la Administración a la que éste esté adscrito "la contratación directa de personal para dichas funciones".

C) Punto general de entrada de facturas electrónicas (disp. final sexta).

Se modifica la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público. La modificación, que afecta a cuatro artículos a una disposición adicional, tiene como objeto principal la regulación de la conexión de los registros contables de facturas con distintos Puntos generales de entrada de facturas electrónicas, imponiendo dicha conexión con el Punto correspondiente a la Administración General del Estado, cuando exista acuerdo de adhesión a éste.También se establece que cuando una Administración Pública no disponga de Punto general de entrada de facturas electrónicas ni se haya adherido al de otra, el proveedor podrá presentar su factura en el de la Administración General del Estado, al que habrá de acceder la Administración competente para la gestión y tramitación de la factura.Las diputaciones provinciales deberán ofrecer a los municipios con menos de 20.000 habitantes la colaboración y los medios técnicos necesarios para la articulación del Punto general de entrada de facturas electrónicas.El Interventor General de cada Administración deberá realizar anualmente una auditoría sobre el funcionamiento del registro contable de facturas y sobre la no retención de facturas presentadas en el Punto general de entrada de facturas electrónicas.