DISPOSICIONES LEGALES DE INTERÉS PARA LAS ENTIDADES LOCALES (Julio-Noviembre 2011)

1.- Resolución de 28 de junio de 2011, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace público el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el segundo semestre natural del año 2011. (BOE 1.7.11)Este enlace se abrirá en una ventana nueva

A los efectos establecidos en los artículos 200 y 200 bis de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (se corresponden con los artículos 216 y 217 del nuevo texto refundido, Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre), se determina que el tipo legal del interés de demora a aplicar durante el segundo semestre de 2011 es el 8,25 por 100.

Ha de recordarse que el plazo para pagar a los contratistas es durante este año de cincuenta días a partir de la expedición de la certificación de obra , y será de cuarenta días respecto a las que se expidan a partir del 1 de enero de 2012.

2.- Orden TAP/1955/2011, de 5 de julio, por la que se crea y regula el registro electrónico del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública y por la que se modifica Orden PRE/3523/2009, de 29 de diciembre, por la que se regula el registro electrónico común. (BOE 15.7.11)Este enlace se abrirá en una ventana nueva

El registro, al que se accede a través de la dirección https://sede.mpt.gob.es, queda habilitado para una serie de trámites y procedimientos que se relacionan en un anexo de la Orden, que incluye, entre otros, algunos que afectan a los funcionarios con habilitación de carácter estatal y al Registro de Entidades Locales.

3.- Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. (BOE 22.7.11)Este enlace se abrirá en una ventana nueva (Vigencia a partir del 22 de julio de 2014)

De las diversas normas sobre la organización y las inscripciones en el Registro Civil, en lo que afecta a los Ayuntamientos puede destacarse el artículo 58, en el que se regula el expediente de celebración del matrimonio civil por el Alcalde, con la atribución expresa al Secretario del Ayuntamiento de la responsabilidad de la tramitación previa y de dictar resolución de autorización o denegación de su celebración.

En la Disposición final quinta se añade un apartado 5 al artículo 20 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, según el cual los Ayuntamientos podrán establecer una tasa por la instrucción y tramitación de los expedientes matrimoniales en forma civil y por la celebración de los mismos.

4.- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. (BOE 29.7.11) Este enlace se abrirá en una ventana nueva

Regula con gran amplitud y con carácter de legislación básica, la gestión de todo tipo de residuos, salvo los radiactivos, explosivos desclasificados, los utilizados en explotaciones agrícolas y otros singulares sujetos a normas específicas.

Delimita las competencias de las Entidades Locales (art. 12.5), reconociéndoles amplias facultades en la ordenación de la gestión de los residuos, lo que se refleja también en las obligaciones de los productores de residuos (art. 17). Y establece (art. 11.3) que en la determinación de los costes de gestión de los residuos domésticos y de los residuos comerciales gestionados por las Entidades Locales, debe incluirse el coste real de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento, incluida la vigilancia de estas operaciones, y el mantenimiento posterior al cierre de los vertederos.

En el régimen sancionador, se establece la potestad de las Entidades Locales para sancionar en caso de abandono, vertido o eliminación incontrolados de residuos, así como en el de su entrega sin cumplir las condiciones previstas en las Ordenanzas locales (art. 49).

En la Disposición transitoria segunda establece que en el plazo de dos años (fecha límite el 29 de julio de 2013) las Entidades Locales deben aprobar las Ordenanzas reguladoras del servicio de recogida, transporte y tratamiento de los residuos domésticos generados en los hogares, comercios y servicios (debe entenderse extensible a la adaptación de las Ordenanzas que ya estuvieran vigentes); y que en ausencia de estas Ordenanzas se aplicarán las normas que apruebe la Comunidad Autónoma.

Se deroga la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

5.- Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. (BOE 2.8.11)Este enlace se abrirá en una ventana nueva

Modifica varias disposiciones de la "Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad", para mejorar la garantía de estos derechos, y acorta los plazos que se fijan en sus Disposiciones finales para la implantación de las condiciones de accesibilidad.

Con la modificación del artículo 59 del Estatuto Básico del Empleado Público, se eleva al siete por ciento el cupo de reserva de vacantes de las ofertas de empleo público, para ser cubiertas entre personas con discapacidad, siendo al menos el dos por ciento para personas con discapacidad intelectual.

Añade un nuevo artículo 70 bis a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (recogido en la Disposición adicional cuarta del texto refundido, Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre) disponiendo que los órganos de contratación ponderarán, en los supuestos en que sea obligatorio, que los licitadores cumplan lo dispuesto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos, relativo a la obligación de contar con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas alternativas correspondientes.

6.- Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. (BOE 2.8.11) Este enlace se abrirá en una ventana nueva

Sin menoscabo de las transcendentes modificaciones que afectan al régimen de la jubilación y de las pensiones, que en lo esencial son de conocimiento general, únicamente destacamos aquí las modificaciones que se hacen a través de las Disposiciones finales primera y segunda, que afectan al artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores, sobre la jubilación parcial y sobre el contrato de relevo, y a la letra e) del artículo 49 del Estatuto del Empleado Público, que se refiere al permiso por cuidado de un hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave.

7.- Decreto 137/2011, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de La Rioja (PLATERCAR). (BOR 7.10.11)

El Plan aprobado tiene carácter de Plan Director para las situaciones de riesgo, urgencia, emergencia, catástrofe o calamidad, en el marco de la Norma Básica de Protección Civil aprobada por el Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, y entrará en vigor el día en que se publique en el Boletín Oficial de La Rioja la Resolución de su homologación por la Comisión Nacional de Protección Civil.

Prevé la aprobación de Planes Municipales de Protección Civil, que se integrarán en el Plan Territorial de la Comunidad Autónoma, y establece con gran detalle las directrices para su elaboración y su contenido.

Establece la estructura organizativa de la protección civil en el ámbito autonómico, y los criterios, principios y reglas de actuación en las situaciones de riesgo, articulando la participación y la coordinación entre los distintos actores, entre los que se incluyen las autoridades y los servicios municipales.

8.- Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. (BOE 26.10.11) Este enlace se abrirá en una ventana nuevaVigencia a partir del 26 de diciembre de 2011.

Atiende a lo establecido en los artículos 78 y 79 (en el nuevo texto refundido, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, serán los artículos 90 y 91) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, derogando los Reales Decretos 3650/1970, 2341/1975 y 2167/1981.

9.- Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo. (BOE 9.11.11)Este enlace se abrirá en una ventana nueva

Establece los métodos y técnicas de valoración del suelo, instalaciones, construcciones y edificaciones, cuando tales valoraciones tengan por objeto alguno de los enunciados en el artículo 21.1 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, supuestos que incluyen, junto a los estrictamente urbanísticos, los de expropiación forzosa y los de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública.

Se aprovecha, además, este Reglamento para acotar o precisar en su artículo 2, en relación con el artículo 12.3 del texto refundido de la Ley de Suelo, el concepto de "suelo urbanizado"; e igualmente, para determinar en su artículo 3 el contenido de los informes que, a efectos de la evaluación y seguimiento de la sostenibilidad económica y ambiental de los instrumentos de ordenación urbanística, se requieren en los apartados 4 y 5 del artículo 15 del texto refundido de la Ley de Suelo.

Deroga el título IV sobre "Valoraciones", del Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el Desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

10.- Resolución de 27 de octubre de 2011, de la Dirección General de Cooperación Local, por la que se convoca concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal. (BOE 16.11.11)Este enlace se abrirá en una ventana nueva

El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días naturales a partir de la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial del Estado, por lo que concluirá el día 1 de diciembre de 2011.

Por Resolución de la misma fecha, publicada en el Boletín Oficial del Estado del 14 de noviembre de 2011, se daba publicidad a la relación de méritos generales de aplicación en dicho concurso.

11.- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. (BOE 16.11.11) Este enlace se abrirá en una ventana nuevaVigencia a partir del día 16 de diciembre de 2011.

Como dice en su exposición de motivos, integra todas las modificaciones que se han introducido hasta la fecha por diversas Leyes (7) y Reales Decretos-Ley (3), que se enuncian en dicha exposición. También incorpora las normas relativas a la captación de financiación privada para la ejecución de contratos públicos, contenidas hasta ahora en los artículos 253 a 260 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y en los artículos 37 y 38 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

Con este nuevo texto resulta modificada la numeración de los artículos de la Ley de Contratos del Sector Público, así como de sus Disposiciones adicionales, transitorias y finales, aspecto que habrá de tenerse en cuenta en cualquier expediente o trámite que se instruya a partir de su entrada en vigor.

Logroño, a 25 de noviembre de 2011

Servicio de Asesoramiento a las Corporaciones Locales