Abril de 2011

DISPOSICIONES LEGALES DE INTERÉS PARA LAS ENTIDADES LOCALES (ABRIL 2011)

1.- Resolución de 27 de octubre de 2010, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con la Moción sobre la necesidad de evitar los riesgos de que los trabajadores de las Empresas de Servicios contratadas por la Administración, por las condiciones en que se desarrolla la actividad contratada, se conviertan en Personal Laboral de la Administración en virtud de sentencias judiciales. (BOE 18.1.11)Este enlace se abrirá en una ventana nueva

Como consecuencia de una moción formulada por el Tribunal de Cuentas, la citada Comisión Mixta de las Cortes Generales acuerda instar a las Administraciones Públicas para que adopten determinadas medidas que eviten el riesgo de que el personal al servicio de las empresas contratadas por la Administración se consolide como personal propio de ésta.

Hace hincapié en la importancia de evitar la contratación de servicios externos para suplir necesidades permanentes de personal; de que se determinen con la mayor precisión posible las prestaciones contratadas; que se vigile el cumplimiento de la duración del contrato y sus prórrogas, y que se eviten actos que pudieran considerarse determinantes para el reconocimiento de una relación laboral.

2.- Ley 1/2011, de 7 de febrero, de Protección Civil y Atención de Emergencias de La Rioja. (BOR 11.2.11)

Tiene por objeto ordenar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja las acciones de protección civil (estudio, informe y prevención de riesgos de emergencia, catástrofe o calamidad, y la protección y socorro de las personas, los bienes y el medio ambiente, en esas situaciones), y establecer los objetivos y principios de actuación de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma y las demás entidades públicas y privadas, integradas en un sistema de atención de emergencias gestionado por la Consejería competente en materia de protección civil. Se integran en el sistema autonómico de protección civil, junto a otros servicios, los de extinción de incendios y salvamento de las Administraciones Públicas de La Rioja, las policías locales, los servicios sociales, y los servicios de suministro, mantenimiento y conservación de redes de telecomunicaciones, agua, gas y electricidad.

Se prevé la aprobación de planes territoriales de protección civil de ámbito autonómico y de ámbito municipal o supramunicipal, siendo obligatoria su aprobación para los municipios con más de veinte mil habitantes y para los que sean incluidos en el Catálogo y Mapa de Riesgos que forma parte del Plan Territorial de Protección Civil de La Rioja. La aprobación definitiva de los planes municipales requiere la homologación previa por la Comisión de Protección Civil de La Rioja.

También se prevé la aprobación de planes de actuación, autonómicos y municipales, como instrumentos de organización de la respuesta frente a los riesgos.

Los instrumentos de ordenación del territorio y de planeamiento urbanístico deben someterse, antes de su aprobación inicial, a informe preceptivo y vinculante del órgano de la Administración autonómica competente en materia de protección civil. En todo caso, deben reflejarse en los planes urbanísticos, en las licencias, en las escrituras públicas y en los contratos, las afecciones de riesgos detectados y el mapa de riesgos.

En el artículo 38 se determinan las competencias de los municipios en materia de protección civil, asignando al Alcalde la función de máxima autoridad en el término municipal.

Establece que, a efectos de esta Ley, son servicios de extinción de incendios y salvamento los profesionales y los medios asignados a las funciones que se relacionan en su artículo 50, y que el Gobierno de La Rioja puede regular la estructura, el funcionamiento y la organización de dichos servicios, respetando en todo caso las competencias, la potestad de autoorganización y la autonomía de las entidades locales.

3.- Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, por la que se desarrolla la información a suministrar por las Corporaciones locales relativa al esfuerzo fiscal y su comprobación en las Delegaciones de Economía y Hacienda. (BOE 12.2.11)Este enlace se abrirá en una ventana nueva

Con arreglo a lo establecido en el artículo 124 de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, detalla la información que deben remitir los Ayuntamientos, antes del 30 de junio de 2011, a la Delegación respectiva de Economía y Hacienda y la forma de llevarlo a cabo, sea en soporte papel o sea por transmisión telemática con firma digital.

4.- Decreto 8/2011, de 18 de febrero, del Servicio de Ayuda a Domicilio en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (BOR 23.2.11)

En el marco de la Ley 7/2009, de 22 de diciembre, de Servicios Sociales de La Rioja, pretende establecer un régimen básico homogéneo del Servicio de Ayuda a Domicilio, cuya competencia (creación, mantenimiento y gestión) y titularidad se atribuye a cada entidad local en el ámbito de su respectivo territorio.

Se establecen los requisitos mínimos y el procedimiento básico para acceder a la prestación del Servicio, sin perjuicio de los que de forma complementaria puedan establecerse en el Reglamento u Ordenanza correspondiente de la entidad local titular.

Determina las prestaciones básicas que comprende el Servicio de Ayuda a Domicilio, y otras que pueden prestarse con carácter complementario; y excluye expresamente del Servicio determinadas actuaciones. También se fijan las funciones de los trabajadores sociales encargados de prestar el servicio.

En cuanto a la financiación del Servicio, se prevé la colaboración del Gobierno de La Rioja, prioritariamente con los municipios de menos de 20.000 habitantes, condicionada a la planificación que realice la Administración Autonómica. Las Entidades Locales titulares del Servicio aprobarán anualmente los precios públicos que deberán abonar los usuarios, que no podrán superar su coste directo.

En el plazo de un año, a partir de la entrada en vigor del Decreto, las Entidades Locales deberán adecuar a lo que en él se establece sus Reglamentos u Ordenanzas reguladoras del Servicio de Ayuda a Domicilio.

5.- Real Decreto 264/2011, de 28 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2011. (BOE 1.3.11)Este enlace se abrirá en una ventana nueva

Se refiere a la oferta de empleo público de la Administración General del Estado, pero aprovecha una Disposición adicional para recordar la obligación de las Corporaciones Locales de remitir a aquélla los acuerdos de aprobación de sus respectivas ofertas de empleo público, en las que deben respetar los criterios del artículo 23 de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, referidos a los límites en el número de plazas que pueden incluirse en la oferta.

6.- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (BOE 5.3.11) Este enlace se abrirá en una ventana nueva

De las numerosas y variadas normas que se contienen en esta Ley, se hace a continuación una selección de las que las que pueden tener una incidencia más directa en la actividad de las Entidades Locales:

1) Transparencia y simplicidad normativa.- Se requiere a las Administraciones Públicas para que mantengan un marco normativo estable, transparente y lo más simplificado posible, fácilmente accesible para los ciudadanos. Y les exige que periódicamente revisen su normativa vigente para adaptarla a los principios de buena regulación y a los objetivos de sostenibilidad. (arts. 4 a 6)

2) Estabilidad presupuestaria.- Todas las Administraciones Públicas deben aplicar una política de racionalización y contención del gasto. En sus disposiciones reglamentarias, actos administrativos, contratos, convenios de colaboración o en cualquier otra actuación, deben valorar sus repercusiones y efectos, de forma que se garantice la sostenibilidad presupuestaria. (art. 32)

3) Información sobre la liquidación de los Presupuestos.- El incumplimiento por las Entidades Locales de la obligación de remitir al Ministerio de Economía y Hacienda la información relativa a la liquidación del Presupuesto de cada ejercicio, determinará la retención, a partir del mes de septiembre del ejercicio siguiente y hasta que se produzca la remisión, del importe de las entregas mensuales a cuenta de la participación que les corresponda en los tributos del Estado. (art. 36)

4) Licencias locales de actividad.- Se añaden dos artículos, 84.bis y 84.ter, a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, para establecer que, con carácter general, no se deberá exigir licencia previa para el ejercicio de actividades; y que podrán someterse a licencia o control preventivo, siempre que se justifique y resulte proporcionado, las actividades que afecten a la protección del medio ambiente o del patrimonio histórico-artístico, a la seguridad o a la salud públicas, o que impliquen el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público. (art. 41)

En un plazo de seis meses, a partir del día 6 de marzo de 2011, el Gobierno del Estado formulará un proyecto de ley de modificación de las normas en las que se deba eliminar la exigencia de licencia local. Lo mismo deberán hacer las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, en un plazo de doce meses, adaptando sus respectivas normas a lo establecido en el nuevo artículo 84.bis. Además, los Municipios deben dar publicidad a los procedimientos en los que, de acuerdo con lo previsto en ese artículo, subsiste el régimen de sometimiento a la licencia local de actividad. (Disp. Adic. 8ª)

Como complemento, se modifica la letra i) del artículo 20.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para incluir entre los supuestos en que pueden establecerse tasas el de "verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación sectorial cuando se trate de actividades no sujetas a autorización o control previo". (art. 42)

5) Notificación electrónica en materia tributaria.- Se añade al artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la posibilidad de que la citación al interesado para ser notificado por comparecencia (cuando no haya podido hacerse en su domicilio fiscal) se realice por medio de anuncio en la sede electrónica del organismo competente. Para poder aplicar esta fórmula de citación deberá establecerse de forma expresa en una disposición normativa (Ordenanza o Reglamento, en el caso de la Administración Local), en la que se haga constar la fecha en la que empezará a surtir efectos. (art. 45)

6) Rehabilitación de viviendas.- Establece que los poderes públicos han de formular y desarrollar las políticas de su respectiva competencia de acuerdo con los principios de cohesión territorial y social, eficiencia energética y complejidad funcional, al servicio de un medio urbano sostenible.

La Administración General del Estado, en colaboración con las Comunidades Autónomas y con las Administraciones Locales, promoverá la formación de un sistema informativo general integrado, comprensivo de censos de construcciones desocupadas y precisadas de rehabilitación, de mapas de ámbitos urbanos desfavorecidos y precisados de rehabilitación, y de información sobre suelo y urbanismo, accesible para los ciudadanos por medios electrónicos. En la misma forma, las Administraciones favorecerán las acciones de rehabilitación y renovación de la ciudad y los núcleos residenciales existentes en los que concurran determinadas circunstancias de degradación y se planteen con objetivos de revitalización y mejora de los espacios urbanos.

Cuando una construcción o edificio quede afectado por un programa, plan u otro instrumento legal de rehabilitación de viviendas, la Administración competente podrá ordenar la realización de obras de mejora, hasta el importe máximo del deber legal, para garantizar los derechos reconocidos por ley a las personas o para el cumplimiento de normas legales sobrevenidas de seguridad, instalaciones y servicios mínimos, reducción de emisiones contaminantes o reducción de consumos de agua y energía. (arts. 107 al 111)

7) Acceso electrónico a los Servicios Públicos.- Añade un apartado a la Disposición final tercera de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso de los ciudadanos a los Servicios Públicos, estableciendo que las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales en las que los ciudadanos no cuenten con acceso electrónico, en los términos del artículo 6 de dicha Ley, en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia, deben aprobar y hacer públicos, en el plazo de seis meses a partir del día 6 de marzo de 2011, los programas y calendarios de trabajo precisos para hacer efectivo dicho acceso. (Disp. Adic. 7ª)

8) Modificación de la Ley de Contratos del Sector Público.- Se introducen importantes modificaciones en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, dirigidas especialmente a restringir los supuestos y condiciones en que se pueden modificar los contratos:

- Sólo podrán modificarse los contratos (además de por sucesión del contratista, cesión del contrato, revisión de precios o prórroga del plazo de ejecución) cuando se haya previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación, o cuando se justifique suficientemente la concurrencia de determinadas circunstancias enunciadas en un nuevo artículo 92.quáter (errores en el proyecto; imprevistos geológicos, hídricos, arqueológicos o medioambientales; fuerza mayor o caso fortuito, etc.)

La previsión en el pliego o en el anuncio de licitación de la posibilidad de introducir modificaciones, debe detallar de forma clara, precisa e inequívoca las condiciones en que se podrá modificar el contrato, y el alcance y límites de las posibles modificaciones, el porcentaje máximo que pueden alcanzar respecto al precio del contrato, y el procedimiento para llevarlas a cabo.

Cuando en el pliego o en el anuncio de licitación se prevean modificaciones, se considerará valor estimado del contrato a los efectos de la Ley el importe máximo que pueda alcanzar teniendo en cuenta todas las modificaciones previstas.

Las modificaciones debidas a las circunstancias señaladas en el artículo 92.quáter no pueden alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación, estableciendo en dicho artículo cuándo se entiende que se alteran tales condiciones.

- Será preceptivo el informe del Consejo Consultivo de la Comunidad Autónoma para modificaciones del contrato cuya cuantía, aislada o conjuntamente, exceda del 10 (antes era el 20) por ciento del precio primitivo.

- Se introduce una nueva causa de resolución de los contratos: la imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no se pueda modificar el contrato conforme a lo dispuesto en el título V del libro I (artículos 92.bis y siguientes).

Cuando se acuerde la resolución del contrato por esta causa, el contratista tendrá derecho a una indemnización del 3 por ciento del importe de la prestación dejada de realizar.

Simultáneamente a la incoación del expediente de resolución del contrato por esta causa, podrá iniciarse el procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato, condicionada a la resolución de aquél.

- Se suprimen de entre las causas de resolución del contrato de obras los errores del proyecto que afecten al menos a un 20 por ciento del presupuesto, y las modificaciones del contrato por encima del 20 por ciento del precio primitivo del contrato. También en los contratos de servicios y de suministros se suprime como causa de resolución la modificación que suponga más del 20 por ciento del precio primitivo.

9) Catastro Inmobiliario.- En la Disposición final decimoctava se modifican varios artículos del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, para reforzar y agilizar las comunicaciones de notarios y registradores de la propiedad al Catastro, potenciar y mejorar el acceso electrónico y las comunicaciones telemáticas, y mejorar los procedimientos de subsanación de discrepancias y de rectificación de la información catastral.

En los documentos públicos y en los procedimientos administrativos, para acreditar la descripción física de los inmuebles se incorporará una certificación descriptiva y gráfica, que se obtendrá, preferentemente, por medios telemáticos. (art. 3.2 LCI)

La cartografía catastral estará a disposición de los ciudadanos, de las empresas y de las Administraciones y entidades públicas, preferentemente a través de un servidor de mapas gestionado por la Dirección General del Catastro o de los servicios que para ello se establezcan en su sede electrónica. (art. 33.3 LCI)

Las Administraciones y demás entidades públicas, los fedatarios públicos y quienes ejerzan funciones públicas, estarán obligados a facilitar al Catastro Inmobiliario el acceso gratuito, a través de medios telemáticos, a cuantos datos o antecedentes precise para su formación y mantenimiento. (art. 36.2 LCI)

Cuando de un procedimiento administrativo resulten modificaciones en un inmueble, el órgano administrativo deberá remitir al Catastro copia de los planos de situación, para que por éste se expidan las nuevas referencias catastrales de los bienes inmuebles afectados. (art. 46.2 LCI)

La expedición de certificaciones y de copias de documentos del Catastro no estará sujeta a la tasa estatal cuando se obtengan directamente por medios telemáticos. (art. 62.2 LCI)

10) Concepto tributario de tasa.- Se suprime el párrafo segundo del artículo 2.2.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que venía siendo referencia para aplicar el régimen de las tasas a los precios o tarifas establecidos o recaudados por entidades privadas por la prestación de servicios de los que fuera titular un ente público, cualquiera que fuera el régimen de gestión. (Disp. final 58ª)

7.- Decreto 14/2011, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 2/2001, de 31 de mayo, de Turismo de La Rioja. (BOR 11.3.11)

Regula con amplitud todos los aspectos relacionados con la actividad turística, y aunque no se reconocen competencias específicas de las entidades locales en esta materia, contiene normas como las relativas al emplazamiento de los campamentos de turismo o "camping" (art. 89), que habrán de tenerse en cuenta en la ordenación urbanística municipal y en los expedientes para la concesión de licencia de obras o para el control del ejercicio de la actividad por parte del municipio en cuyo territorio se hayan de realizar.También se regula la declaración de "Fiestas de Interés Turístico de La Rioja", a petición de los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma (arts. 239 a 245).

8.- Real Decreto 300/2011, de 4 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 817/2009. de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público y se habilita al titular del Ministerio de Economía y Hacienda para modificar sus anexos. (BOE 22.3.11)Este enlace se abrirá en una ventana nueva

Modifica el "modelo de anuncio para la licitación de los contratos" e incorpora un "modelo de anuncio de formalización de los contratos" en sustitución del de adjudicación, ambos dentro del Anexo II del Real Decreto 817/2009.

9.- Real Decreto 422/2011, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para la participación de las personas con discapacidad en la vida política y en los procesos electorales. (BOE 30.3.11)Este enlace se abrirá en una ventana nueva

Establece las condiciones básicas de accesibilidad que han de garantizarse en todos los procesos electorales, particularmente en cuanto al acceso de las personas con discapacidad a los locales y mesas electorales, siendo los Ayuntamientos los que propondrán los locales adecuados.Igualmente deberán ser accesibles los locales oficiales y lugares públicos u otros espacios o recintos que los Ayuntamientos reserven para la realización gratuita de actos de campaña electoral en los procesos electorales cuya gestión competa a la Administración General del Estado.

Además, las páginas de internet de las Administraciones públicas con información sobre procesos electorales deberán cumplir los criterios generales de accesibilidad al contenido recogidos en el artículo 5 del Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre.

10.- Real Decreto 353/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos generales de la Organización Colegial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local. (BOE 1.4.11)Este enlace se abrirá en una ventana nueva

De interés específico para los funcionarios pertenecientes a la escala de habilitación de carácter estatal; si bien se prevé la posibilidad de que se integren en los Colegios Territoriales quienes desempeñen como funcionarios interinos las funciones reservadas a dicha escala.

Sustituyen a los Estatutos aprobados por el Real Decreto 1912/2000, de 24 de noviembre, adaptándolos a las modificaciones introducidas en el régimen de los Colegios Profesionales por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre.

Logroño, a 12 de abril de 2011

Servicio de Asesoramientoa las Corporaciones Locales