• Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. (BOE 31.3.15Este enlace se abrirá en una ventana nueva; vigencia 1.4.15)

Tiene por objeto evitar que los valores monetarios se vean sujetos a modificaciones en virtud de índices de precios o de fórmulas que los contengan. Se pretende que cuando se requiera una actualización de valores monetarios se tomen en cuenta los factores más específicos que intervienen en la determinación del coste del producto o actividad de que se trata.

La Ley es de aplicación a la revisión de cualquier valor monetario en cuya determinación intervenga algún organismo o entidad del sector público (por ejemplo, precios de contratos, tasas, precios y tarifas regulados, subvenciones o multas); y también a las revisiones de rentas de arrendamientos rústicos y urbanos, y de valores monetarios de otros contratos entre personas que no formen parte del sector público. Se excluye la negociación salarial colectiva, las revisiones relativas a prestaciones de la Seguridad social y los instrumentos financieros.

En el ámbito del sector público se establecen tres apartados:

1. Se prohíbe la revisión periódica y predeterminada en función de precios, índices de precios o fórmulas que los contengan. Sólo excepcionalmente, en los supuestos que se determinen mediante Real Decreto, se podrán aprobar revisiones periódicas predeterminadas en función de precios individuales e índices específicos de precios; en dicho Real Decreto se establecerán las condiciones y límites de aplicación de las revisiones.

2. Se permite la revisión periódica no predeterminada y la revisión no periódica, previa justificación en una memoria cuyo contenido mínimo se determinara por Real Decreto. Estas revisiones no podrán realizarse en función de índices de precios o de fórmulas que los contengan, salvo en supuestos excepcionales justificados por la evolución de los costes y por referencia a precios individuales e índices específicos; no se incluirán en la revisión la variación de las amortizaciones, los gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial.

3. Las revisiones de los precios y tarifas de los contratos comprendidos en el ámbito de aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se regirán por lo dispuesto en dicha Ley.

Para los contratos entre partes privadas procederá la revisión periódica cuando se haya pactado expresamente. Si se pactara la revisión periódica sin especificar un índice de referencia, será de aplicación el Índice de Garantía de Competitividad que se publicará mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística.Se modifican los artículos 47.5, 89, 131.1.d), 133.1 y 225.3, y se derogan los artículos 90, 91 y 92 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. En particular, con la nueva redacción del artículo 89 se determina el régimen de revisión de los precios de los contratos del sector público, en el que son destacables las siguientes reglas:

1. Sólo se admite la revisión periódica y predeterminada.

2. La revisión periódica y predeterminada de los precios sólo se podrá aplicar en contratos de obra, en los de fabricación de armamento y de equipamiento, y en los demás en que el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años.

3. No serán revisables en ningún caso los costes asociados a las amortizaciones, los costes financieros, los gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial.

4. La fórmula de revisión se determinará atendiendo a la naturaleza de cada contrato y a la estructura y evolución de los costes de las prestaciones del mismo; se detallará en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el contrato.

Quedan excluidos de revisión el primer 20 por ciento ejecutado de cada contrato y los dos primeros años contados desde su formalización. En los contratos de servicios podrá aplicarse la revisión a partir de los dos años, sin necesidad de que se haya ejecutado el 20 por ciento.

También se modifica el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. La modificación consiste en suprimir los dos últimos párrafos que se añadieron por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, que permitían prescindir del informe técnico-económico en determinados supuestos de actualización o modificación de tasas.Como régimen transitorio, se establece que a los contratos comprendidos en el ámbito de la Ley de Contratos del Sector Público, cuyo expediente se hubiera iniciado antes de la entrada en vigor del Real Decreto por el que se desarrolle lo establecido en la Ley 2/2015, de 30 de marzo, se les aplicará el régimen de revisión de precios que tuvieran establecido en sus respectivos pliegos de cláusulas administrativas.