• Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. (BOE 30.9.15Este enlace se abrirá en una ventana nueva; vigencia 1.10.15)

Entre los motivos de aprobación de esta Ley, que deroga la anterior Ley 25/1988, de 29 de julio, está la necesidad de conciliar el planeamiento y desarrollo urbanístico y la ordenación del territorio, con el mantenimiento del flujo de tráfico de largo recorrido; a este efecto se restringen las posibilidades de establecimiento de accesos directos desde las carreteras a zonas de desarrollo urbanístico, comercial o industrial.

Incorpora algunos conceptos nuevos, como las carreteras multicarril, la zona de limitación a la edificabilidad (que se añade a las de dominio público, de servidumbre y de afección, y se fija en 50 metros en autopistas y autovías y en 25 metros en carreteras convencionales y carreteras multicarril) o la servidumbre acústica; se reduce a 50 metros (hasta ahora era de 100 metros) la distancia de la línea de edificabilidad en las variantes de población; y se pone especial énfasis en la regulación de las cesiones gratuitas a los ayuntamientos de tramos de carreteras del Estado que sean travesías urbanas.

En los artículos 16 y 18, respectivamente, se regulan con mayor precisión que en la anterior Ley las posibles interferencias de la ordenación del territorio y la urbanística en la construcción y protección de las carreteras, y la exención de control y de tasas municipales respecto a las obras y servicios de construcción, reparación, conservación o explotación del dominio público viario.

En los artículos 46 al 48 se establecen nuevas definiciones de travesías y de tramos urbanos, el procedimiento para su delimitación, y los supuestos en que corresponde al Ministerio conceder la autorización para actividades u obras en los terrenos o edificaciones colindantes. En el artículo 49 se regula la entrega a los ayuntamientos de tramos urbanos de carreteras.

Al margen del objeto propio de la Ley, en la disposición final tercera se recoge la modificación del apartado 1 de la disposición adicional séptima del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo, estableciendo una nueva fórmula de determinar el tipo de capitalización que lleva a la valoración del suelo rural. Esta nueva redacción se recoge como disposición adicional séptima del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.