El procedimiento sancionador por infracciones en el orden social tiene como objetivo la exigencia de responsabilidad administrativa, mediante la imposición de sanciones pecuniarias y accesorias, por la comisión de infracciones en materia laboral, de empleo y seguridad y salud en el trabajo:



ADVERTENCIA:

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 71.1.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se trasladará a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, las resoluciones firmes recaídas en procedimientos sancionadores en el orden social por infracciones graves en materia laboral o social.

"Artículo 71 Prohibiciones de contratar.1. No podrán contratar con el sector público las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias siguiente:

b) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia profesional que ponga en entredicho su integridad, de disciplina de mercado, de falseamiento de la competencia, de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, o de extranjería, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente; o por infracción muy grave en materia medioambiental de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, o por infracción muy grave en materia laboral o social, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, así como por la infracción grave prevista en el artículo 22.2 del citado texto."