27 de julio de 2012

El Gobierno riojano firmará con el Ministerio de Hacienda un convenio que establece la atribución al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales de las competencias de la Comunidad de La Rioja para la tramitación y resolución de los recursos, solicitudes de medidas cautelares y cuestiones de nulidad que se interpongan contra los actos de adjudicación y contra los propios contratos ya adjudicados que se produzcan en relación con los contratos incluidos en la Ley de Contratos del Sector Público y contra los mismo actos correspondientes a los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

En este sentido, cabe señalar que la nueva Ley 34/2010 de Contratos del Sector Público, para adaptarse a la última Directiva comunitaria sobre recursos de contratación, crea el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y contempla la posibilidad de que las comunidades autónomas se adhieran a dicho tribunal o creen un órgano propio independiente del mismo.

Ante esta situación, y consciente de la necesidad de buscar una mayor eficiencia en el control del gasto público y de eliminar duplicidades, el Gobierno riojano ha analizado en profundidad ambas posibilidades y ha descartado la creación de órgano independiente, debido al elevado coste que supondría constituirlo y a la escasa litigiosidad producida hasta la fecha en La Rioja en este campo.

Con la firma de este convenio, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales asume las competencias para la resolución de los recursos y cuestiones de nulidad interpuestas contra los actos y contratos realizados tanto por los poderes adjudicadores de la Comunidad Autónoma (Administración General y Sector Público) como por las Corporaciones Locales de La Rioja, la Universidad o el Consejo Consultivo.

Para sufragar el coste que conlleva el desarrollo de estas competencias, el Gobierno de La Rioja abonará al Ministerio de Hacienda una cantidad fija anual de 10.000 euros y una cantidad adicional de 350 euros por recurso resuelto a partir de un número mínimo de 20 recursos, según establece el convenio que tiene una duración de tres años.