Aprobado el proyecto de Ley de Servicios Sociales que garantiza su acceso a todos los ciudadanos como "derecho subjetivo"

El Gobierno de La Rioja ha aprobado el proyecto de ley de Servicios Sociales, que garantiza su acceso a todos los ciudadanos como "derecho subjetivo" y consolida el Sistema Riojano de Servicios Sociales como cuarto pilar del Estado de Bienestar en La Rioja.

Este proyecto de ley consta de 105 artículos, 4 disposiciones adiciones, 3 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 4 disposiciones finales e incluye un anexo con el Catálogo de Servicios y Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales. Con su aprobación deroga la Ley 1/2008, de Servicios Sociales y la Ley 5/98, de Derechos y Deberes de las personas usuarias, autorizaciones administrativas, infracciones y sanciones e inspección en el ámbito de los servicios sociales.

Universalidad de los Servicios Sociales

Este proyecto crea, regula y ordena el Sistema Riojano de Servicios Sociales y garantiza la universalidad de los servicios y prestaciones del Sistema Público, en el marco de un catálogo.

El Sistema Riojano de Servicios Sociales estará integrado por:
• El Sistema Público, compuesto por los servicios prestados directa o indirectamente por las Administraciones Públicas y por el Sistema Riojano de para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.
• Los Servicios Sociales de titularidad privada, que participan en la acción social mediante la prestación de recursos.

La futura ley se caracteriza por su vocación de universalidad, de manera que en ella se regulan todas las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de servicios sociales para conseguir un instrumento completamente eficaz para la acción de los poderes públicos en dicho ámbito. Por ello, no sólo se vincula a la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, sino también a la Administración local, respetando la autonomía municipal en esta materia y garantizando la coordinación de los Servicios Sociales de Primer Nivel con los que corresponden a la Administración autonómica.

Derechos

El proyecto de ley regula los derechos de las personas usuarias, respondiendo a las demandas del sector, destacando el derecho al acceso universal, a la igualdad de oportunidades, acceso a su expediente personal, a tener una asistencia individualizada, a recibir servicios y prestaciones contemplados en la cartera de servicios, y el derecho a tener asignado un trabajador social como profesional de referencia.

Se regulan también los derechos de los profesionales de los Servicios Sociales: Derecho a disponer de los medios necesarios para garantizar la prestación del servicio, a disponer de apoyo técnico y formación, derecho a que por parte de los empleados se adopten medidas destinadas a proteger su identidad y a garantizar su seguridad en caso necesario.

Regulación y estructura del sistema

El proyecto fija los objetivos del Sistema y establece una reserva de denominación de los elementos básicos que conforman el mismo. Establece la estructura del Sistema, manteniendo los dos niveles ya consolidados (Primer y Segundo Nivel, constituidos respectivamente por los servicios generales o comunitarios y por los servicios sociales especializados), incorporando, como novedad, la diferenciación dentro de ambos niveles de dos modalidades de atención: primaria y secundaria. Se realiza una necesaria definición conceptual de recursos, servicios y prestaciones. Finalmente, se configura como básico y definitorio del objeto de la Ley, al regular el Catálogo y la Cartera de servicios y prestaciones del Sistema.

Así, se define el Catálogo –recogido en anexo a la Ley- como el instrumento por el que se identifican los servicios y prestaciones que deberán garantizar las Administraciones Públicas de La Rioja, correspondiendo al Gobierno su desarrollo a través de la Cartera, sobre la base de un contenido mínimo que la propia Ley determina. Dos aspectos más merecen ser destacados: la previsión de una evaluación cuatrienal de la Cartera, para valorar la necesidad de su actualización, y la diferenciación dentro de ésta entre los servicios y prestaciones del Sistema Riojano para la Autonomía Personal y la Dependencia, del resto de servicios y prestaciones del Sistema Público Riojano de Servicios Sociales, en función de la distinta forma de acceso a los mismos.

El proyecto distribuye las competencias en materia de servicios sociales entre el Gobierno y las entidades locales y aborda la planificación a través de un Plan Estratégico cuatrienal, en el que se incluye como novedad un mapa de servicios sociales y su desarrollo mediante planes sectoriales de carácter transversal. Además de ordenar territorialmente el sistema, introduce importantes avances en el ámbito comunitario: se aumenta la ratio de trabajadores sociales (uno por cada cuatro mil habitantes); se crean unidades específicas tanto en el ámbito de Infancia, Mujer y Familia, como en el de la inclusión social; se establece la necesidad de dotar a las Zonas Básicas de personal de apoyo administrativo y se define un nuevo tipo de equipamiento, los Centros Básicos de Servicios Sociales.

Financiación

El proyecto de Ley apuesta por un sistema basado en la suficiencia financiera y en la solidaridad interterritorial. Para ello, garantiza a los municipios de menor capacidad económica y de gestión porcentajes de financiación sobre el coste del personal, así como servicios y prestaciones del Catálogo que permitan hacer efectivos los derechos garantizados a los ciudadanos. De igual modo, se definen los criterios para establecer la participación de las personas usuarias en la financiación.

El Gobierno de La Rioja colaborará en la financiación de los servicios y las prestaciones gestionadas por las entidades locales menores de 20.000 habitantes. En el caso de las entidades locales de mayor población, el Gobierno de La Rioja colaborará también en la financiación y priorizará aquellas actuaciones que supongan un avance efectivo en la aplicación de la presente Ley.

La aportación del Gobierno de La Rioja se establecerá a través de convenios plurianuales con las entidades locales, titulares de los servicios sociales de primer nivel.

Órganos consultivos y de participación

El proyecto distingue varias formas de participación:
• Procesos promovidos por las Administraciones Públicas.
• La participación de los usuarios.
• El Consejo Riojano de Servicios Sociales.
• Los Consejos Sectoriales.
• Los Consejos Locales.
• El voluntariado en servicios sociales.

Calidad, principio rector del sistema

El proyecto de Ley introduce la Calidad de los servicios sociales, que se define como principio rector del Sistema y derecho de las personas usuarias. Cuatro son los ejes sobre los que se asienta esta política:

- El Sistema Riojano de Información de Servicios Sociales.
- La aplicación de sistemas de evaluación y de mejora continua.
- El fomento de la investigación en servicios sociales (I+D+i).
- El fomento de la formación de los profesionales del sector.

Se reconoce el derecho de la iniciativa privada y de la privada sin ánimo de lucro a participar en el sistema, si bien queda sujeto al régimen de registro, autorización y acreditación, como garantía para los usuarios y expresión del principio de responsabilidad pública del Sistema Riojano de Servicios Sociales.

Al mismo tiempo, ejecuta la transposición de la Directiva 2006/123 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior, en adelante Directiva de Servicios.

Registro, Autorización, Acreditación e Inspección

El objetivo de unos servicios sociales de calidad quedaría en una mera declaración de principios si no fuera acompañado de un completo sistema de registro, autorización, acreditación e inspección. Y en esta línea, se distingue la autorización necesaria para prestar un servicio de la acreditación, entendida como el acto por el que la Administración Pública garantiza que los centros y servicios de servicios sociales a los que se otorga reúnen o superan los requisitos mínimos de calidad exigidos para la autorización. Papel fundamental en esta tarea juega la Inspección de servicios sociales, cuya novedosa regulación contempla las funciones, facultades y deberes de los inspectores, a la vez que exige la inspección periódica de centros y servicios.
Finalmente, teniendo en cuenta los principios recogidos en la normativa en materia de Atención Personal y Dependencia y en la Ley de Igualdad de Oportunidades, se regula un cuadro de infracciones y sanciones.

Con todo ello se garantizan dos derechos fundamentales de los ciudadanos: el de libertad y el de seguridad jurídica. El primero de estos principios impone que el ciudadano pueda realizar aquellas conductas que las leyes no hayan delimitado exactamente como sancionables. El principio de seguridad jurídica exige que la descripción de las conductas sancionables permita a los ciudadanos predecir, con suficiente grado de certeza, las consecuencias jurídicas de sus actos.

Se introducen como novedades: el principio de responsabilidad subsidiaria, la posibilidad de reconocer la responsabilidad por el infractor o pago voluntario de la sanción con una reducción del 30% de la misma, así como la posibilidad de imponer multas coercitivas. También refuerza las medidas provisionales para prevenir situaciones de riesgo en la conducta del presunto infractor o dirigidas a asegurar la eficacia de la resolución.

Completa la regulación un amplio régimen de disposiciones adicionales, transitorias y finales, donde destacan 4 aspectos: la aplicación progresiva de la Ley; la posibilidad de anticipar el calendario de aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia; el deber de las Administraciones Públicas de establecer mecanismos para que las personas que a la entrada en vigor de la Ley reciban algún servicio establecido en el Catálogo continúen recibiéndolo; y la actuación administrativa de lucha contra el fraude.

Precisamente cierra la Ley -mediante su inclusión como anexo- el Catálogo de servicios y prestaciones del Sistema Público Riojano de Servicios Sociales, como corolario de la misma y materialización de su objeto principal, el reconocimiento del derecho subjetivo a unos servicios sociales de calidad.