29 de enero de 2016

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un decreto por el que se amplía el número de miembros que integran la Comisión institucional de La Rioja para la coordinación de actuaciones de sensibilización, protección y recuperación integral de las víctimas, que está formada por representantes de administraciones públicas, instituciones y entidades jurídicas públicas o privadas involucradas en la prevención y erradicación de la violencia en la región.

En concreto, en la reunión del pleno celebrado el pasado 15 de octubre, sus miembros acordaron que se integren en dicha comisión un representante del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial; un representante del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de La Rioja, y un representante del Colegio Oficial de Enfermería de La Rioja.

El objetivo es mejorar la coordinación e intervención para el cumplimiento de las funciones que tiene esta comisión dado que, en muchos casos, son estos tres órganos que ahora se integran en la Comisión la puerta de entrada al sistema asistencial y tienen un contacto muy directo en todos los ámbitos sociales (familiar, escolar, domiciliario, asistencial), por lo que se encuentran en una posición de privilegio para detectar situaciones de violencia en sus formas más precoces y poder realizar así una temprana intervención.

De esta forma, la Comisión quedará integrada por estos tres nuevos miembros que se sumarán a los representantes del Colegio Oficial de Abogados; Colegio Oficial de Médicos; Colegio Oficial de Psicólogos; Colegio Oficial de Procuradores; Colegio de Periodistas; Asociación de familias y mujeres del medio rural; Federación de Asociaciones de Vecinos y la Federación Riojana de Municipios.

Una de las funciones de la Comisión es redactar un ‘Informe anual de actuaciones en materia de violencia’, que aglutina todas las acciones desarrolladas por el Gobierno de La Rioja destinadas a la prevención, protección y coordinación en esta materia. Este informe pone de manifiesto que la intervención coordinada por parte de los poderes públicos es una prioridad para el Gobierno de La Rioja que está en total sintonía con el plano internacional y comunitario que pone hincapié en la necesidad de concebir y tratar las necesidades de la víctima de forma íntegra y articulada.