4 de abril de 2014

El Consejo de Gobierno ha probado hoy tres decretos que modifican parcialmente otras cinco normas para mejorar el acceso de los ciudadanos a los servicios del ámbito de la Dependencia.

En concreto se modificarán el Decreto 27/1998, de 6 de marzo, mediante el que se regulan las categorías y requisitos específicos de los Centros Residenciales de Personas Mayores en La Rioja; el Decreto 24/2010, de 22 de abril, por el que se regula el sistema de acceso a plazas públicas en Centros de Día para personas mayores dependientes del Sistema Riojano para la Autonomía Personal y la Dependencia; el Decreto 18/2011, de 11 de marzo, por el que se regula el sistema de acceso al servicio público de atención residencial y al servicio público de estancias temporales residenciales para personas mayores grandes dependientes y dependientes severos del Sistema Riojano para la Autonomía Personal y la Dependencia; el Decreto 31/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba la cartera de servicios y prestaciones del Sistema Público Riojano de Servicios Sociales; y el Decreto 56/2010, de 3 de diciembre, por el que se regulan los requisitos y el procedimiento de acceso al servicio de centro de día y de centro ocupacional, para personas con discapacidad del Sistema Riojano para la Autonomía personal y la Dependencia.

El cambio más destacado permitirá que enfermos de alzheimer u otra demencia de origen neurodegenerativo, de entre 50 y 60 años, valorados como dependientes severos, puedan acceder a las plazas públicas tanto de residencia como de centro de día. De esta forma, la Consejería de Salud y Servicios Sociales abre los recursos residenciales públicos y las plazas de centro de día a las personas que sufren alzheimer u otra demencia de origen neurodegenerativo, que tienen entre 50 y 60 años y están valoradas como dependientes severos, ya que hasta ahora solo podían acceder a ellas con una valoración de gran dependiente.

Esta modificación viene motivada por la evidencia de que las enfermedades neurodegenerativas afectan cada vez más a personas menores de 60 años, que necesitan recursos adecuados a la evolución de la enfermedad para mejorar su calidad de vida y paliar el esfuerzo de los cuidadores.

Además, la normativa aprobada hoy también elimina la penalización que establecía la ley para aquellas personas que hubiesen solicitado una plaza pública residencial o en centro de día y que llegado el momento de acceder a ella, la rechazaban. Esta penalización impedía al dependiente solicitar una nueva plaza hasta pasado un año desde la fecha de la renuncia y ahora se quiere dar una mayor flexibilidad al usuario y a su familia porque las circunstancias y necesidades de un enfermo dependiente y de su entorno pueden cambiar o agravarse en poco tiempo.

Un cambio que también se ha realizado, por la misma razón, en la ley que regula el acceso al servicio de centro de día y de centro ocupacional para personas con discapacidad, de forma que a partir de ahora, si rechazan una plaza no tendrán que esperar un año para solicitarla de nuevo.