7 de febrero de 2003

El Gobierno de La Rioja ha aprobado hoy el Proyecto de Ley de Inserción Sociolaboral, cuyo objetivo es establecer en la Comunidad Autónoma un marco que propicie y fomente la doble inserción del colectivo afectado. Esta norma convierte a La Rioja en la Comunidad pionera en la regulación de la inserción de las personas en situación de exclusión con un planteamiento integral, que incluye tanto los recursos sociales como los de empleo para diseñar itinerarios personalizados.

El Proyecto de Ley se estructura en torno a cinco campos de trabajo fundamentales: la delimitación de las situaciones que puedan determinar la adopción de medidas de inserción, la estructuración de medidas de intervención sociolaboral y de mecanismos que fomenten la inserción, el diseño de itinerarios de inserción y de medidas de acompañamiento, el establecimiento de un marco que propicie la creación y consolidación de las empresas de inserción, y el fomento de la colaboración y coordinación de las Administraciones públicas.

Los destinatarios de estas medidas de inserción sociolaboral serán las personas que se encuentren en situación o grave riesgo de exclusión social y con especiales dificultades para su integración en el mercado de trabajo. Pera esas personas, se plantean dos niveles de intervención sociolaboral.

El primer nivel de intervención constituye la atención primaria a las situaciones o riesgo de exclusión y se dirige especialmente a los problemas sociales; el recurso fundamental en este caso son los trabajadores sociales, si bien también se prevé la participación de tutores de empleo para las incipientes labores de inserción sociolaboral. En el segundo nivel de inserción, las actuaciones se dirigirán especialmente a la inserción laboral mediante la aplicación de políticas activas de empleo y actuaciones de intermediación laboral. En este caso, los recursos fundamentales serán los del Servicio Riojano de Empleo o sus entidades colaboradoras.

En cualquier caso, la clave de los recursos que se habilitan en la Ley está en los denominados "Equipos de incorporación sociolaboral", que son equipos interdisciplinares formados como mínimo por un tutor de empleo y un trabajador social con el fin de promover la incorporación sociolaboral de las personas en riesgo de exclusión.

La norma define también las medidas específicas en torno a las cuales se articularán los procesos de inserción. Esas medidas son el acompañamiento sociolaboral, el itinerario de inserción (proyectos individualizados adecuados a las características personales, sociales y formativas de cada afectado), las actividades formativas y de práctica profesional, la participación de los destinatarios en procesos de selección para cubrir ofertas de empleo, y otras acciones de información y asesoramiento para la búsqueda de empleo y el autoempleo.

Con carácter complementario, se establecen nuevas "prestaciones de inserción sociolaboral", prestaciones públicas de carácter económico destinadas a personas que necesitan una intervención social para su inserción laboral y carecen de los medios económicos precisos para atender las necesidades básicas de su unidad de convivencia. Estas ayudas, que se desarrollarán en un reglamento posterior, tendrán carácter de subvención condicionada, al estar vinculada su percepción al cumplimiento de las contraprestaciones establecidas en los proyectos individualizados de inserción sociolaboral.

Otro aspecto básico en la Ley es la regulación de las "empresas de inserción", que serán las que, debidamente calificadas, realizarán actividades de producción de bienes o prestación de servicios con el fin primordial de la integración sociolaboral de las personas en riesgo de exclusión. Estas empresas les proporcionarán un trabajo remunerado, formación y acompañamiento para mejorar sus condiciones de ocupabilidad y facilitarán su acceso al mercado laboral ordinario. También se crea la figura de las "entidades promotoras", entidades públicas, sin ánimo de lucro, que promuevan la constitución de empresas de inserción participando en su capital social. Para todas ellas, se avanza la posibilidad de acceder a subvenciones públicas.

El Proyecto de Ley se cierra con la relación de las competencias que le corresponden a cada una de las Administraciones públicas que coordinarán sus recursos para favorecer la inserción sociolaboral de personas excluidas -Gobierno de La Rioja y Entidades Locales- y con las fuentes de financiación, que serán cuatro: los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de La Rioja, de las Entidades Locales y de otras Administraciones con competencia en la materia, así como cualquier aportación económica de naturaleza pública o privada.

Por último, en las disposiciones adicionales se crean dos órganos, uno de coordinación, que se denominará "Comisión interdepartamental de Inserción Sociolaboral" y estará integrado por seis miembros, tres de cada una de las Consejerías implicadas -Hacienda y Economía, y Salud y Servicios Sociales-, a los que podrían incorporarse representantes de otras Consejerías cuando lo aconseje la naturaleza de los temas que se traten.

El segundo órgano de participación será el "Foro de Inserción Sociolaboral", y en él tomarán parte las organizaciones sociales y económicas más representativas y las entidades que operan en el ámbito de la inserción sociolaboral. Su composición definitiva se establecerá también en un reglamento posterior.