21 de diciembre de 2001

El Gobierno de La Rioja ha aprobado hoy el Reglamento que desarrolla la Ley 5/2000 de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de La Rioja y concreta aspectos de carácter técnico, procedimental y de gestión contemplados en ésta, entre los que destaca el régimen económico-financiero del canon de saneamiento y su aplicación a la industria.

El Reglamento, que entrará en vigor el 1 de enero, permitirá garantizar que las empresas paguen en relación a la carga contaminante que vierten dentro de los límites establecidos en la Ley. Para ello, el sector industrial deberá asumir un importe variable, que dependerá de la aplicación del coeficiente que paga actualmente -35 pesetas/metro cúbico- al volumen de agua consumido en el período de facturación o al volumen vertido, si éste es inferior al consumido. El precio final del canon de saneamiento para los vertidos no domésticos también dependerá de unos coeficientes aprobados en la Ley de Acompañamiento a los presupuestos para 2002 que determinan el tipo de carga contaminante vertida.

Además del tributo autonómico, el Reglamento regula la autorización de vertidos no domésticos, los sistemas de saneamiento individual, el Registro de Vertidos y los vertidos no domésticos sujetos a comunicación.

El Decreto, elaborado por la Consejería de Turismo y Medio Ambiente y por el Consorcio de Aguas y Residuos, ha cumplido, entre otros, los trámites de exposición a información pública, mediante un anuncio publicado en el Boletín Oficial de La Rioja de 4 de agosto de 2001, y audiencia corporativa, dado que se ha remitido a 27 entidades riojanas (sindicatos, colegios oficiales, Confederación Hidrográfica, Federación de Municipios, etcétera) y a los órganos de la Administración regional.

El Reglamento se estructura en siete capítulos, 39 artículos, dos disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias y una disposición derogatoria del Decreto 42/1997, por el que se aprobaba el régimen económico, financiero y tributario del canon de saneamiento.

El capítulo primero especifica las siguientes determinaciones del Plan de Saneamiento y Depuración: el estado de la calidad de las aguas, la delimitación de las aglomeraciones urbanas y el régimen financiero de las mismas, la conexión de los vertidos no domésticos a las redes municipales de alcantarillado, las características técnicas de las redes e instalaciones de saneamiento previstas y la elaboración de los planes y proyectos de obras.

Las autorizaciones de vertidos no domésticos, con indicación de las normas de calidad exigibles, el plazo para resolver y notificar y el libro de registro de cargas contaminantes son aspectos que se regulan en el capítulo segundo.

Los capítulos tercero, cuarto, quinto y sexto concretan las disposiciones de la Ley de Saneamiento y Depuración relativas, respectivamente, a los sistemas de saneamiento individual, al Registro de Vertidos, a los vertidos domésticos sujetos a comunicación, y la inspección y vigilancia. En este último punto, el Decreto otorga a los funcionarios encargados de la inspección el carácter de agentes de la autoridad.

Finalmente, el capítulo siete regula el régimen económico y financiero del canon de saneamiento y detalla la naturaleza de este tributo, los supuestos de no sujeción, el devengo, la exención de actividades agropecuarias, los regímenes de determinación de la base imponible, la estimación objetiva e indirecta de bases imponibles, los derechos de deducción y devolución de los contribuyentes, el mantenimiento y la lectura de los aparatos de medición, entre otros conceptos.

El Reglamento establece que las entidades industriales, comerciales o de servicios que estén conectadas a la red de alcantarillado dispondrán de 12 meses de plazo para adecuar sus instalaciones y cumplir la normativa de vertido, y de cinco años

para desconectar las instalaciones que superen los límites de carga contaminante establecidos en la Ley de Saneamiento.

Del mismo modo, señala que los municipios que no dispongan de sistemas de medición individual del consumo de agua deberán implantarlo en el plazo de un año.