6 de julio de 2001

El Gobierno autonómico ha aprobado el proyecto de Ley de Servicios Sociales, que permitirá adaptar la normativa vigente, que data de 1990, a la realidad de La Rioja, teniendo en cuenta las nuevas competencias asumidas por la Comunidad Autónoma en materia de servicios sociales y las distintas disposiciones relacionadas con este ámbito que ha aprobado en Ejecutivo regional en los últimos años.

La nueva normativa consta de 5 Títulos con 47 Artículos, y 6 Disposiciones: el Título I contiene las disposiciones generales; el Título II establece la estructura del Sistema Público de Servicios Sociales; el Título III se refiere a la atribución de competencias, tanto a la Comunidad Autónoma como a los Ayuntamientos; el Título IV regula la participación ciudadana y el Título V determina la financiación del Sistema Público de Servicios Sociales.

El objeto básico del proyecto de Ley es "promover y garantizar, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Rioja, el derecho que tienen todos los ciudadanos a acceder a los servicios sociales". Y tienen derecho a los servicios sociales "todos los ciudadanos residentes o transeúntes en la Comunidad Autónoma de La Rioja (...)".

Para cumplir este objetivo, se establece el Sistema Público de Servicios Sociales, constituido por todos aquellos recursos cuya finalidad sea contribuir al bienestar social de los ciudadanos. Dicho Sistema se regirá por los principios de responsabilidad pública; solidaridad; igualdad y universalidad; prevención; normalización e integración; colaboración y coordinación entre las Administraciones; descentralización hacia los órganos más cercanos a los ciudadanos; participación ciudadana y planificación de las actuaciones.

El Sistema Público de Servicios Sociales se estructura en dos niveles de atención: los servicios sociales generales o comunitarios, que prestan atención social primaria a toda la población, y los servicios sociales especializados, que atienden a grupos de personas cuya situación social requiere una intervención más específica.

Las funciones de los servicios sociales generales son detectar situaciones de riesgo y necesidad social; asesorar a la población sobre los recursos disponibles; proporcionar medidas alternativas de convivencia en situaciones de deterioro físico, psíquico, afectivo o socioeconómico que impidan el desarrollo personal o familiar; favorecer la inserción social de personas y colectivos; llevar a cabo programas de sensibilización y gestionar las prestaciones básicas.

Los servicios sociales generales estarán dotados de unidades de trabajo social; de centros de coordinación de servicios sociales; de centros de acogida para situaciones de graves carencias o conflictos de convivencia; de alojamientos como alternativa a la convivencia familiar; de centros sociales de uso polivalente -entre los que se incluyen los hogares de personas mayores-, y de comedores sociales.

Para prestar estos servicios, el territorio de La Rioja se estructurará en zonas básicas y en demarcaciones. La zona básica podrá estar constituida por uno o varios barrios de un municipio, o por uno o varios municipios. Cada zona básica tendrá una dotación mínima de un trabajador social por cada 5.000 habitantes. No obstante, las zonas que no alcancen esta población deberán contar, como mínimo, con un trabajador social. Por su parte, la demarcación será la agrupación de dos o más zonas básicas colindantes. Además de estas dos agrupaciones básicas, el Gobierno impulsará la constitución de mancomunidades entre los municipios de menos de 20.000 habitantes.

En cuanto a los servicios sociales especializados, llevarán a cabo, entre otras, tareas de análisis de problemas específicos; asesoramiento y desarrollo de actividades de rehabilitación social, y gestión de centros de alojamiento alternativo a la convivencia cuando la complejidad del caso no corresponda a los servicios generales.

Estos servicios estarán equipados con centros de acogida para situaciones de graves carencias y centros residenciales para tratamientos específicos en determinados sectores de población. Así, los servicios especializados diseñarán sus actuaciones en función de las necesidades específicas de los siguientes sectores de población: familia, infancia y adolescencia, personas mayores, personas con discapacidad, mujer, minorías étnicas e inmigración, y otros grupos en los que puedan manifestarse situaciones de riesgo o de exclusión social.

Por otra parte, el proyecto de Ley reconoce al Gobierno de La Rioja las competencias de planificación general de los servicios sociales; creación, mantenimiento y gestión de los centros y servicios; prestación de los servicios sociales especializados; desarrollo del registro de centros y servicios; ejercicio de la potestad sancionadora; distribución territorial de los servicios en la Comunidad; promoción de la participación ciudadana, y realización de estudios en materia de servicios sociales.

Asimismo, las competencias de las Entidades Locales serán detectar las necesidades sociales existentes en su ámbito territorial; planificar y prestar los servicios sociales generales y dotarlos de personal e infraestructura; promover la solidaridad y la participación ciudadana; crear los Consejos Locales de servicios sociales y fomentar investigaciones sobre la situación social en su territorio.

Respecto a la participación ciudadana en la planificación y evaluación de los servicios sociales, el nuevo texto normativo crea el Consejo Riojano de Servicios Sociales como órgano básico de carácter consultivo, que estará adscrito a la Consejería encargada de gestionar los servicios sociales. El Consejo estará integrado por representantes de la Comunidad Autónoma, entidades locales, instituciones sin fin de lucro, organizaciones sindicales y empresariales, y colegios profesionales relacionados directamente con los servicios sociales. Además, los municipios podrán constituir Consejos Locales de Servicios Sociales.

Por último, el proyecto regula la financiación del Sistema Público de Servicios Sociales a través de tres vías: los Presupuestos de las Administraciones que actúan en el ámbito de la Comunidad Autónoma; la aportación de los usuarios de los servicios y cualquier otra aportación de naturaleza pública o privada.