11 de octubre de 2013

El Consejo de La Rioja ha aprobado el decreto por el que se regula la vivienda de protección oficial en la comunidad autónoma, con la finalidad de adaptarse a las demandas y circunstancias del mercado actual y para que este régimen de acceso a la vivienda siga desempeñando la función social que le es propia.

La crisis económica ha modificado sustancialmente el mercado inmobiliario, que se caracteriza en la actualidad por la restricción del crédito hipotecario, la disminución de la demanda de compra de vivienda, el descenso del precio de la vivienda libre, el aumento de la demanda de alquiler social insatisfecha y las dificultades para gestionar la vivienda desocupada, libre e incluso protegida.

El nuevo decreto regula los aspectos propios de la vivienda protegida, partiendo de un concepto de vivienda de protección oficial diferente al vigente hasta la fecha, mucho más flexible y cercano a la vivienda libre, con menos limitaciones, prohibiciones y restricciones para su promoción, acceso y transmisión. No obstante, se mantiene la obligación de ocupación de las viviendas y su utilización como residencia habitual y permanente.

El decreto establece una sola tipología de vivienda de protección oficial, sin distinción de regímenes, cuya regulación se equipara a la libre, excepto en aquellos aspectos sustanciales de esta modalidad de vivienda, que se detallan a continuación:

  • Precio máximo de venta y renta. Se mantienen los precios vigentes para la venta de las viviendas existentes y se aprueba una disminución para las de nueva construcción, con un descenso del 15% en Logroño y un 9% en el resto de municipios. Los precios de las rentas de alquiler de todas las viviendas, existentes y nuevas, también sufren una reducción, con un ajuste del 30% en Logroño y un 25% en el resto de municipios riojanos, salvo para las que se promovieron con destino al alquiler, que durante el plazo establecido para este uso mantendrán su precio.
  • Requisitos especiales de acceso: ingresos máximos e inscripción previa en el Registro de demandantes de vivienda protegida de La Rioja. Se establece como límite máximo de ingresos de la unidad familiar seis veces el IPREM (44.730 euros).
  • Superficie máxima. Se amplía hasta 120 metros cuadrados.
  • Duración del régimen de protección oficial. Se reduce a 20 años.
  • Plazo para solicitar la descalificación voluntaria. Se rebaja a 15 años.

Una de las novedades del decreto es que las calificaciones de vivienda de protección oficial se pueden dar antes, durante y al final de la obra e indistintamente para su destino a venta, alquiler y alquiler con opción a compra, pudiendo coexistir distintas modalidades de uso (compra / alquiler) en la misma promoción.

Además las personas jurídicas también podrán acceder a la propiedad de las viviendas de protección oficial siempre y cuando las destinen al arrendamiento, cesión de uso o cualquier otro régimen de personas físicas. Entre los beneficiarios también se contempla a las organizaciones sin ánimo de lucro que gestionen programas de vivienda en colaboración con las administraciones para atender la demanda social existente.

Los planes de financiación y los programas de vivienda elaborados por las administraciones públicas podrán contemplar otras tipologías de vivienda de protección oficial y regular su propio régimen jurídico, con requisitos de acceso, duración legal, descalificación, precios máximos, limitaciones o prohibiciones diferentes a las previstas en este decreto.