10 de abril de 2001

El Gobierno regional ha aprobado esta mañana el Proyecto de Ley de Cooperativas de La Rioja. Por primera vez, estas sociedades tendrán una normativa propia en el territorio de la Comunidad Autónoma con la que se pretende estimular la creación de cooperativas como empresas que ofrezcan confianza en el mercado; potenciar estas sociedades como instrumento de creación de empleo y de redistribución de riqueza, y favorecer la gestión empresarial de las cooperativas.

Este texto normativo, que ahora pasará al Parlamento de La Rioja para su aprobación definitiva, regulará las 412 sociedades que hoy desarrollan su actividad en la Comunidad Autónoma. Su redacción ha contado con el consenso destacado de los dos colectivos más representativos del sector (UCOTAR y FECOAR).

El Proyecto de Ley de Cooperativas de La Rioja consta de 142 artículos que se distribuyen en tres Títulos: "De las sociedades cooperativas", que se centra en la normativa de aplicación común; "Disposiciones especiales", en el que se regulan aspectos específicos de las 12 clases de cooperativas clasificadas, y "Del fomento y control de las cooperativas", donde se abordan las medidas de promoción que han de contribuir al desarrollo del sector en La Rioja. Completan el texto 9 disposiciones adicionales, 4 transitorias y 3 finales.

El Título I define una cooperativa como "una asociación autónoma de personas tanto físicas como jurídicas que se han unido de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales en común, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática".

Este mismo Título establece que la norma se aplicará a todas las entidades cooperativas con domicilio social en la Comunidad Autónoma de La Rioja "que realicen principalmente su actividad cooperativizada dentro de su ámbito territorial, sin perjuicio de que, para completar y mejorar sus fines, puedan realizar actividades instrumentales y tener relaciones con terceros fuera de La Rioja".

El número mínimo de socios necesario para crear una cooperativa se fija, con carácter general, en 3 personas, si bien se establecen excepciones en los casos de las cooperativas agrarias -un mínimo de 5 personas-, de viviendas -integradas por, al menos, el 75% del número de viviendas de la promoción- y de consumidores -con un mínimo de 20 socios-. Por su parte, las cooperativas de segundo grado -aquellas integradas por la unión de dos o más cooperativas- precisan un mínimo de 2 miembros. Del mismo modo, clasifica en 12 tipos las cooperativas de nuestra Comunidad: de trabajo asociado, agrarias, de explotación comunitaria de la tierra, de consumidores, de viviendas, de servicios, de transportistas, de seguros, sanitarias, de enseñanza, de crédito, y de integración social.

La nueva normativa flexibiliza el procedimiento de constitución al prever la doble posibilidad de celebrar una asamblea constituyente o el trámite abreviado de comparecer todos los socios ante el Notario para el otorgamiento de la escritura.

El capítulo referente a los socios establece que las Administraciones y Entes Públicos pueden ser socios de una cooperativa para la prestación de servicios públicos. También regula el derecho de información de los socios y vincula a los socios a la cooperativa de forma indefinida salvo acuerdo estatutario en contra. Por último, se establece la posibilidad de que los estatutos prevean la existencia de otros tipos de socios distintos a los de pleno derecho (de trabajo, colaboradores, excedentes), todos perfectamente definidos.

Al regular los órganos sociales de la cooperativa, se delimitan de manera expresa las competencias de cada uno, y se reserva con carácter exclusivo a la Asamblea General la adopción de acuerdos de determinadas materias esenciales; en contrapartida, faculta al Consejo Rector para ejercer todas las funciones que no estén asignadas a la Asamblea en exclusividad. Con el objeto de favorecer una mayor profesionalización y operatividad del Consejo, se prevé la posibilidad de incorporar como consejeros a personas que no sean socios, si bien esta opción se delimita con un exigente sistema de incompatibilidades.

Otro aspecto destacado respecto al derecho de voto en la Asamblea General es que se establece como referente general el de sufragio por socio, pero se abre la posibilidad en cooperativas agrarias, de servicios y de transportistas de contemplar en los estatutos el voto plural ponderado en función de la actividad cooperativizada del socio, con una serie de limitaciones.

En materia de régimen económico, establece un capital social mínimo de constitución de 1.803 euros (300.000 pesetas), salvo en el caso de las cooperativas de iniciativa social, para las que se establece un mínimo de 300 euros (casi 50.000 pesetas).

Respecto a la modificación de estatutos, se regula el derecho a la baja justificada cuando un socio manifieste su disconformidad con una modificación que consista en el cambio de la clase de cooperativa o del objeto social. Por último, el Título I legisla los procedimientos de fusión, escisión, transformación, disolución y liquidación.

En el Título II se desarrolla la normativa específica para cada una de las 12 clases de cooperativas citadas. De todas ellas, se regulan de forma especial las dos clases que cuentan con mayor representación en la Comunidad Autónoma de La Rioja: las agrarias y las de trabajo asociado. Entre el resto, de menor implantación, cabe destacar las de "Iniciativa Social", cooperativas de trabajo asociado sin ánimo de lucro cuya finalidad es prestar servicios a colectivos que puedan sufrir algún tipo de marginación o de exclusión social, y las de "Integración Social", constituidas fundamentalmente por discapacitados o personas con dificultades de integración.

El Título II se refiere a las cooperativas de segundo grado y otras formas de colaboración económica, así como el asociacionismo cooperativo. En cuanto al asociacionismo, se estructura en Uniones (5 o más cooperativas de la misma clase) o en Federaciones (dos o más uniones que podrán ser de distinta clase).

Por último, el Título III plantea una serie de medidas con las que se pretende contribuir al desarrollo del sector cooperativo en La Rioja, reconocido como "tarea de interés general". Entre esas medidas, cabe destacar:

- Las cooperativas tendrán la condición de mayoristas, aunque podrán ser consideradas como minoristas en la distribución o venta, con independencia de la calificación que les corresponda a efectos fiscales.

- Las entregas de bienes y prestaciones de servicios a los socios no tendrán la consideración de ventas.

- Las cooperativas de consumidores, las agrarias y las de transportistas, además de la condición de mayoristas -por lo que les serán de aplicación los precios o tarifas correspondientes-, tendrán también a todos los efectos la condición de consumidores directos para abastecerse o suministrarse de terceros de productos o servicios que les sean necesarios para sus actividades.

- Los aranceles notariales, en los casos en que la escritura pública o cualquier otro instrumento público notarial venga impuesto por la legislación cooperativa, tendrán una reducción igual a la que se concede a las cooperativas incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 27/1999 (estatal) de Cooperativas.