29 de septiembre de 2000

El Gobierno de La Rioja ha aprobado hoy el Decreto que regulará a partir de ahora el Registro de Contratistas de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Este Registro, que entró en vigor en nuestra Comunidad en octubre de 1997, es un instrumento auxiliar para la contratación administrativa que facilita la concurrencia de licitadores y agiliza la tramitación de los procedimientos de contratación pública.

El objeto del Decreto aprobado hoy es adaptar la legislación de hace tres años a los cambios normativos introducidos por el Estado a partir de esa fecha, y que se integraron recientemente en el Real Decreto 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

El Registro de Contratistas de la Comunidad Autónoma de La Rioja constará de dos secciones: el Registro de Licitadores y el Registro de Clasificaciones. En el primero, podrán inscribirse todas aquellas personas físicas o jurídicas que quieran concurrir a los procedimientos de adjudicación de los contratos de obras, de gestión de servicios públicos, de suministro, de consultoría y asistencia, de servicios y, en general, otros de naturaleza administrativa que promueva la Comunidad Autónoma a través de sus órganos.

Esta inscripción, que es voluntaria y exige la aportación y permanente actualización de los documentos, eximirá a los inscritos de la obligación de aportar en cada procedimiento de adjudicación aquellos documentos que hayan confiado al Registro, siempre que se encuentren debidamente actualizados, lo cual se certificará mediante una declaración responsable sobre la validez y vigencia de los datos registrales.

Las modificaciones más significativas que introduce el nuevo Decreto se refieren a la "Resolución y certificado de inscripción en el Registro de Licitadores". En dicho artículo se especifica que, una vez resuelta la inscripción por el titular de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda y Economía, el Registro expedirá de oficio el certificado que acredite la documentación aportada. Asimismo, se introduce que, contra una Resolución negativa a la inscripción, se podrá interponer recurso de alzada ante el Consejero de Hacienda y Economía.

El otro cambio sustancial es que se simplifica la referencia a la validez de la inscripción y del certificado. La primera, poseerá validez indefinida y el segundo, la tendrá respecto a los datos y documentos que se hallen en vigor. No obstante, queda perfectamente definida la obligación de los licitadores de mantener la vigencia de aquellos documentos de eficacia limitada, así como de aportar la documentación necesaria cuando se modifiquen las circunstancias en las que se produjo la inscripción (cambios en el objeto social, la personalidad jurídica, la personalidad del contratista, causas de prohibición para contratar con la Administración, etc.).

Por lo que respecta a la segunda sección del Registro de Contratistas, el Registro de Clasificaciones incluirá las revisiones, suspensiones e incidencias que se puedan producir durante la vigencia de la clasificación.