17 de noviembre de 2006

El Gobierno de La Rioja ha estudiado hoy el anteproyecto de Ley de Protección de los Consumidores, cuyo objetivo principal es garantizar la protección y promoción de los derechos y los legítimos intereses de los consumidores y usuarios de La Rioja.

La futura Ley está estructurada en 5 capítulos, 69 artículos, una disposición derogatoria, una disposición adicional y dos disposiciones finales. El Capítulo I está dedicado a las disposiciones generales; el Capítulo II contempla el detalle pormenorizado de los derechos de los consumidores; el Capítulo III legisla sobre el control e inspección de los productos y servicios; el Capítulo IV establece el procedimiento a seguir en el supuesto de que la autoridad competente haya de tomar alguna medida cuando esté en riesgo la seguridad de los consumidores o se atente contra sus intereses económicos; y el capítulo V detalla el régimen sancionador, junto a las infracciones y sanciones.

El texto establece una serie de principios generales de actuación que desarrollarán las Administraciones Públicas, tanto Autonómica como Local, incluyendo aspectos como las condiciones higiénico-sanitarias de productos y establecimientos; productos tóxicos; habitabilidad de viviendas; prevención de incendios; seguridad de los transportes y establecimientos públicos; accesibilidad de edificios; distribución de carburantes; etc.

Una de las novedades de la Ley es la definición de consumidor como "la persona física que actúa como destinatario final en un uso estrictamente personal, familiar o colectivo", ajeno, en consecuencia, a cualquier actividad empresarial.

El anteproyecto de Ley detalla los derechos básicos de los consumidores y usuarios que, de forma general, se pueden clasificar en derechos sustantivos e instrumentales. Los primeros se concretan en la protección de la salud y seguridad, la protección de los legítimos intereses económicos y sociales y el derecho a una eficaz protección jurídica, administrativa y técnica y a una adecuada reparación de daños.

Los de carácter instrumental son el derecho a la información y a la educación y formación como consumidores y usuarios y el derecho de representación a través de las asociaciones de consumidores, las cuales deben ser consultadas en las materias que les afecten. Se incluye una especial protección de los derechos en el caso de colectivos que se encuentren en situaciones de indefensión, inferioridad o subordinación.

Por lo que respecta a la seguridad, el texto contiene una serie de definiciones en cuanto a qué se considera un producto seguro, qué sujetos son responsables y las actuaciones que deben realizar en la retirada del mercado de los productos que presenten algún tipo de incumplimiento que afecte a la seguridad de los consumidores. Asimismo, se especifican las actuaciones administrativas de protección frente a este tipo de riesgos.

El control e inspección es uno de los aspectos más importantes de la actuación administrativa de protección de los consumidores, no sólo por tratarse de una actividad previa y orientada exclusivamente al procedimiento sancionador, sino por las funciones preventivas ante situaciones de riesgo. Se establece el estatuto del personal inspector, detallando sus funciones, así como los requisitos que deben contener sus actuaciones en forma de actas y diligencias.

Otro de los capítulos del anteproyecto establece las medidas provisionales que pueden adoptarse por las autoridades competentes para garantizar los derechos de los consumidores, de manera especial cuando existen indicios de riesgos para la seguridad de los consumidores o cuando se vulneren de forma grave sus intereses económicos.

En el último capítulo se detalla una amplia lista de infracciones, clasificadas en ocho apartados diferentes y con sanciones que pueden oscilar entre 200 y 3.000 euros para las leves, entre los 3.001 y 30.000 euros para las graves, y entre 30.001 y 600.000 euros para las tipificadas como muy graves. Asimismo, se establece una serie de circunstancias agravantes y atenuantes.

Entre las primeras cabe señalar la reincidencia o reiteración, el haber originado globalmente a los consumidores un daño o perjuicio estimado en cuantía superior a 50.000 euros, la posición relevante en el mercado del infractor, el volumen de venta o de prestación de servicios afectados y el incumplimiento de las advertencias o requerimientos previos realizados por la Administración para la subsanación de las irregularidades detectadas.

Como circunstancias atenuantes se señalan haber corregido diligentemente las irregularidades que en consista la infracción, colaborando activamente para evitar o disminuir sus efectos u observando espontáneamente cualquier otro comportamiento de significado análogo; y el que los perjudicados hayan sido compensados satisfactoriamente de los perjuicios causados, y siempre que no concurra intoxicación, lesión o muerte, ni existencia de indicios racionales de delito.