11 de marzo de 2005

El Gobierno de La Rioja ha aprobado hoy el Proyecto de Ley de Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Con este proyecto de Ley, el Gobierno cierra un proceso de reforma legislativa iniciado en el año 2003 para renovar las normas de organización y funcionamiento del Gobierno y del sector público de la Comunidad Autónoma. Por ello, en 2003 se aprobaron ya la Ley del Sector Público y la Ley del Gobierno.

Este conjunto normativo supone la derogación definitiva de la Ley de Régimen Jurídico del Gobierno y la Administración Pública, aprobada en 1995, que ha sido objeto de una profunda revisión por las tres leyes citadas, en las que se recogen de forma mucho más exhaustiva aspectos esenciales de la organización y funcionamiento del Gobierno y de la Administración Pública, adecuando soluciones normativas al desarrollo organizativo y competencial que ha experimentado nuestra Comunidad.

La futura Ley se estructura en cinco Títulos. El Título I regula el funcionamiento de la Administración, establece el objeto y ámbito de aplicación de la ley, los principios y reglas que deben inspirar su funcionamiento, declarando los principios generales de la actuación pública para conseguir un funcionamiento eficiente de la Administración Pública. Aspectos como la necesidad de implantar de forma generalizada la programación y la planificación en la gestión pública, la simplificación de los procedimientos administrativos, o la necesidad de fomentar el uso intensivo de las tecnologías de la información en el funcionamiento de la Administración cubren la parte más novedosa del título que abre la norma.

El artículo 3 de la norma propone diez principios concretos sobre los que debe basarse la actividad administrativa:

a) Colaboración mutua y lealtad institucional en sus relaciones con los demás Poderes y Administraciones Públicas.

b) Colaboración y coordinación entre sus distintos órganos y organismos públicos.

c) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos institucionales.

d) Eficiencia en la asignación y en la utilización de los recursos públicos.

f) Planificación, gestión por objetivos y control de los resultados.

g) Responsabilidad por la gestión pública.

h) Racionalización de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión.

i) Servicio efectivo y proximidad de la Administración a los ciudadanos.

j) Transparencia y publicidad, que garanticen la efectividad de los derechos reconocidos a los ciudadanos con las excepciones que la ley establezca.

k) Buena fe y confianza legítima.

En este mismo marco, el proyecto de Ley enuncia que la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja impulsará de manera especial la prestación de servicios de asistencia y cooperación a los municipios de su ámbito territorial, como Administraciones más próximas a los ciudadanos.

El Título II regula el ejercicio de las competencias de los órganos de la Administración, reitera el principio clásico de irrenunciabilidad de la competencia y de dirección e impulso mediante instrucciones, circulares y órdenes del servicio, así como las fórmulas de colaboración entre las distintas Consejerías, todo ello orientado a conseguir un eficaz sistema organizativo en la organización autonómica.

En el Título III de la nueva ley, relativo al régimen jurídico de la actuación de la Administración, hay que destacar las novedades introducidas con relación a la elaboración de normas por parte de la Administración autonómica, que pretenden la mejora efectiva de la producción normativa del Gobierno de La Rioja. Para ello, establece un sistema procedimiental para su aprobación que garantice la calidad y pertinencia de las normas en la aplicación y efectos de los diferentes sectores de actividad de nuestra Comunidad.

En este línea, resulta de especial interés la cuidadosa regulación que se hace de los mecanismos de participación en este proceso de elaboración por parte de colectivos, ciudadanos y administraciones que puedan verse afectados por la futura aplicación de las normas propuestas. La regulación contenida en relación a los trámites de audiencia a los interesados e información pública constituyen un instrumento que deberá servir para garantizar la efectiva participación de los agentes implicados en el proceso de elaboración de la norma.

El Título III contempla la regulación de los recursos administrativos y la revisión de los actos de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus organismos públicos. Estas actuaciones quedan sometidas a un régimen similar en la tramitación de los procesos revisores que han de servir para garantizar la mejora de la calidad de los actos dictados por la Administración Pública en igualdad de condiciones, con independencia de la forma jurídica adoptada por el ente que realice estas actuaciones.

Por último, el Título III regula dos materias, que no habían sido abordadas por la normativa vigente en nuestra Comunidad, y que resultan de gran trascendencia desde el punto de vista de las garantías de los ciudadanos. Se trata del régimen sancionador y de la responsabilidad patrimonial de la administración. La regulación pretende en ambos casos garantizar los derechos ofrecidos a los ciudadanos en estos ámbitos por el actual sistema constitucional.

La norma se cierra con dos títulos que completan su contenido material, referidos a la Asistencia Jurídica y a la Contratación Administrativa en la Comunidad Autónoma de La Rioja. La nueva norma atribuye el asesoramiento en Derecho y la representación y defensa en juicio de sus intereses, ante cualquier órgano y jurisdicción, a los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja y, en concreto, a los letrados adscritos a la Dirección General de los Servicios Jurídicos, además, regula el régimen de actuación de este servicio. En cuanto a la contratación administrativa, establece las particularidades propias de nuestra Comunidad en materia de contratación dentro del marco normativo estatal: órganos de contratación, mesa de contratación, registros de contratos, etcétera.

Finaliza el proyecto con la inclusión de un amplio anexo en el que se cumple con la necesaria adaptación de nuestra normativa al régimen del silencio administrativo establecido en la normativa básica estatal. En este sentido, determina los procedimientos de la Comunidad Autónoma de La Rioja en los que se establece un plazo de resolución o un sentido del silencio administrativo diferente al previsto con carácter general en la norma estatal.