16 de febrero de 2001

El Gobierno de La Rioja, en su reunión de hoy, ha aprobado el proyecto de Ley del Consejo Consutivo de La Rioja, con el objetivo de regular mediante una disposición legal específica sus competencias y su estatuto jurídico de régimen y funcionamiento. El Ejecutivo riojano dota de esta forma al Consejo Consultivo de una norma con rango de Ley que regulará las funciones de un órgano consolidado y fundamental en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

El Consejo Consultivo de La Rioja fue creado por la Ley 3/1995, de 8 de marzo, de Régimen Jurídico del Gobierno y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Posteriormente, la Ley Orgánica 2/1999, de 7 de enero, del Estatuto de Autonomía de La Rioja, reconoció al Consejo Consultivo como el órgano consultivo superior de la Comunidad y estableció que su composición y funciones debían regularse por Ley para garantizar su imparcialidad e independencia.

Una vez transcurrido un tiempo prudencial, durante el cual se ha demostrado la satisfactoria operatividad del Consejo Consultivo, y con objeto de cumplir este mandato estatutario, el Ejecutivo riojano realiza una regulación definitiva del Consejo Consultivo. El Proyecto de Ley regula tres aspectos fundamentales para el funcionamiento del Consejo Consultivo: establece de forma definitiva su composición, cuáles son los órganos que pueden consultar y regula los estatutos de los Consejeros en lo que respecta a sus incompatibilidades, obligaciones y derechos.

Para la elaboración de la Ley se han seguido las pautas del Consejo de Estado y del Derecho Autonómico comparado con normativa de Altos Organismos Consultivos similares, adaptándolas a la realidad y necesidades de La Rioja.

El proyecto de Ley del Consejo Consultivo de La Rioja indica que éste gozará de plena autonomía orgánica y funcional con el objetivo de garantizar su objetividad. Además, en el Capítulo I, "Disposiciones Generales", se establece que la consulta será facultativa, con la excepción de los supuestos en que las leyes la fijen como preceptiva; además, los dictámenes emitidos por el Consejo no serán vinculantes.

El Capítulo II regula la composición y establece que "el Consejo Consultivo de La Rioja estará integrado por cinco consejeros nombrados mediante Decreto por el Presidente del Gobierno de La Rioja, tres de ellos designados por el Parlamento de La Rioja y los otros dos por el Ejecutivo riojano, elegidos entre juristas de reconocido prestigio con más de diez años de experiencia profesional efectiva".

El Presidente de este órgano será elegido entre los Consejeros que resulten nombrados. En el Estatuto de los miembros del Consejo Consultivo se indica que son independientes e inamovibles durante el tiempo de desempeño de su cargo. Además, se regula también una serie de incompatibilidades, obligaciones y derechos del cargo de Consejero para preservar su independencia.

Las competencias del Consejo se establecen en el Capítulo III y en él se indica que "el Consejo Consultivo emitirá dictamen de cuantos asuntos le sometan a consulta el Presidente del Gobierno de La Rioja, el Ejecutivo riojano o sus Consejeros". Además, se detallan los asuntos por los que deberá ser consultado: proyectos de Decretos legislativos que se elaboren por el Gobierno en uso de una delegación legislativa, anteproyectos de ley o proyectos de disposiciones administrativas, proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en desarrollo o ejecución de leyes estatales o autonómicas, recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencias que se planteen ante el Tribunal Constitucional, conflictos de atribuciones que se susciten entre las diversas Consejerías y entre altos organismos e instituciones de la Comunidad Autónoma, revisión de oficio de los actos administrativos en los casos y con los efectos previstos en la legislación vigente, reclamaciones que se formulen ante la Administración Pública, proyectos de transacciones extrajudiciales y de sometimiento a arbitraje sobre bienes y derechos de contenido económico de la Administración Pública, nulidad, interpretación y resolución de los contratos administrativos y concesiones cuando se formule oposición por parte del contratista y cualquier otro asunto que, por disposición expresa de una ley, haya de ser consultado al Consejo Consultivo.

En el Capítulo IV, "Funcionamiento", se materializa el carácter colegiado de los acuerdos mediante la adopción de los mismos por mayoría de los asistentes, sin perjuicio de que se formulen votos particulares y de que el Presidente ostente voto de calidad. Se regulan los plazos de emisión de los dictámenes y la petición de documentación complementaria por el Consejo al órgano consultante.

Finalmente, el Capítulo V, "Administración y servicios del Consejo", se dedica a regular los medios materiales y personales del Consejo Consultivo y su régimen presupuestario y de gestión económica.