29 de abril de 2005

El Gobierno de La Rioja ha aprobado hoy el proyecto de Ley del Transporte Urbano de La Rioja, que permitirá ampliar las competencias de los ayuntamientos y la creación de un sistema integrado de transportes entre Logroño y su área de influencia.

El texto consta de cuatro apartados: disposiciones generales, transportes regulares, transportes discrecionales y régimen sancionador.

En el apartado de disposiciones generales se regula el objeto, las definiciones de transporte y los principios básicos entre los que se incluye la accesibilidad para personas con movilidad reducida. También contempla las competencias municipales y la necesaria coordinación con la Administración autonómica, sobre todo en el establecimiento de transportes de ámbito superior al municipal y en el de paradas para el transporte interurbano. Asimismo, establece la financiación y el régimen de tarifas y la prestación del servicio de transporte urbano.

En el capítulo de transportes regulares se recoge la figura del autobús de línea urbano, el establecimiento de los servicios, las formas de gestión y las condiciones en los procedimientos de adjudicación, así como las concesiones y las causas de extinción de las mismas. También se distingue entre transporte temporal y transporte de uso especial.

En cuanto al capítulo de transportes discrecionales se distingue entre vehículos de más de nueve plazas y vehículos turismo, que son los taxis.

La Ley de Transporte Urbano regula la competencia municipal para otorgar las licencias para taxistas y el número de conductores para cada licencia así como los requisitos y el modo de ejercer la actividad. Además, especifica los servicios en las áreas de prestación conjunta para varios municipios.

De este modo, se agrupan los servicios desde puntos específicos cuya demanda afecta a varios municipios (como pueden ser el aeropuerto, centros sanitarios, mercados…), que tienen un régimen peculiar de servicio, y los servicios en los municipios que no cuentan con licencias auto-taxi.

El régimen sancionador, contemplado en el último capítulo, clasifica las infracciones como leves, graves y muy graves. Entre las infracciones muy graves señala:

- La prestación del servicio en condiciones que afecten a la seguridad de las personas (transportar mayor número de viajeros o superar los tiempos de conducción).

- El ejercicio del transporte sin autorización o licencia.

- La negativa a una inspección.

Las sanciones establecidas en el proyecto de Ley oscilan entre los 300 euros (en el caso de infracciones leves) y los 3.000 euros (en el caso de las muy graves). Además, éstas últimas pueden implicar el precintado del vehículo y la retirada de la autorización de forma temporal o definitiva.