13 de enero de 2006

El Gobierno de La Rioja ha aprobado el decreto que regula el régimen de las Viviendas de Protección Pública en la Comunidad Autónoma de La Rioja, cuyo objetivo es concretar el uso y el rendimiento que los ciudadanos pueden obtener de esta figura de protección pública.

El decreto regula, entre otros aspectos, el período mínimo que debe transcurrir para la descalificación voluntaria de la Vivienda de Protección Pública, cuyo plazo se amplía y unifica a 25 años.

Hasta el momento, el plazo establecido para dicha descalificación era de 10 o 15 años según se tratase de viviendas calificadas de protección oficial con anterioridad o con posterioridad a la entrada en vigor del Decreto 13/2001 del 16 de marzo. En cambio, las promociones y/o transmisiones de viviendas de protección pública que se obtengan con posterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, no podrán ser objeto de descalificación voluntaria a petición de los propietarios hasta transcurridos 25 años desde la fecha de dicha calificación. Además, el nuevo decreto unifica los criterios relativos al procedimiento de descalificación en un sólo texto normativo.

También regula las transmisiones de viviendas protegidas y establece el precio de venta en función de los años de antigüedad y teniendo en cuenta diversos criterios como el precio de la vivienda protegida de similares características en el momento de la transmisión o el precio medio de la vivienda libre en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Con esta medida se pretenden evitar los sobreprecios en las segundas o ulteriores transmisiones de la vivienda protegida.

En todos los casos la venta se producirá a los precios marcados en el decreto en ese momento y a quien designe la Administración de entre los inscritos en el registro y por un procedimiento de selección en concurrencia pública. Con esta medida se garantiza que la vivienda se destinará a quien realmente la necesite.

En el decreto también se incluyen los límites y condiciones que deben cumplir las entregas a cuenta que perciben los promotores de las viviendas protegidas por parte de los adjudicatarios durante el periodo de construcción de la vivienda. En concreto, establece que los promotores no podrán recibir cantidades a cuenta que superen el 20% del precio de la vivienda y en el momento de la firma del contrato sólo podrán exigir el 5%.

Asimismo, recoge la superficie de las viviendas protegidas promovidas en régimen de venta en la Comunidad Autónoma de La Rioja, que deberá ser igual o superior a 45 metros cuadrados útiles; superficie que podrá reducirse hasta los 40 metros cuando se promuevan en régimen de arrendamiento.

Por último, indica que las solicitudes de descalificación se dirigirán a la Dirección General de Vivienda de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que valorará si la solicitud y documentación de la descalificación presentada cumple los requisitos.