7 de abril de 2006

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto que regula la organización y funcionamiento de la Dirección General de los Servicios Jurídicos.

El nuevo Decreto tiene como finalidad acomodar la norma reglamentaria reguladora de los Servicios Jurídicos a las diversas normas legales dictadas con posterioridad al Decreto 36/2002 que regulaba la organización y funcionamiento de la Dirección General de los Servicios Jurídicos adaptándola a la nueva estructura organizativa del Gobierno de La Rioja.

En concreto, el Decreto aprobado hoy se adapta a la Ley 4/2005 de funcionamiento y régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja; la Ley 3/2003 de organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja y la Ley 8/2033 del Gobierno e Incompatibilidades de sus miembros.

El nuevo Decreto regula con carácter global todo lo referente a la organización y funcionamiento de la Dirección General de los Servicios Jurídicos del Gobierno de La Rioja. Además, el texto profundiza en la desconcentración de los servicios jurídicos en las distintas Consejerías del Ejecutivo regional.

El Decreto se estructura en cinco capítulos: Estructura y funciones, Función Consultiva, Función Contenciosa, Otras Funciones, y Letrados de la Dirección General de los Servicios Jurídicos.

El capítulo I define con carácter general las funciones de la Dirección General, estructurándola en un Servicio Jurídico General y en unos Servicios Jurídicos en las distintas Consejerías, todos ellos con rango de servicio. Asimismo, se determinan las funciones y facultades del Director General de los Servicios Jurídicos y del Letrado Mayor. Además, se establece la Junta de Letrados como mecanismo de coordinación de la actuación de los letrados.

En los capítulos II y III se regulan las funciones consultivas y contenciosas de la Dirección General de los Servicios Jurídicos. El Decreto concibe la Dirección General como un centro directivo que presta una asistencia jurídica integral que abarca, en lo contencioso, la representación y defensa de la Administración autonómica ante cualquier Tribunal o Juzgado nacional, ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas y ante los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea o de cualquier otra jurisdicción extranjera; y en lo consultivo, el asesoramiento en Derecho a la Administración autonómica en todas las esferas de la actuación administrativa, incluyendo los entes integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma.

El capítulo IV regula otras funciones de la Dirección General, como la asistencia a Mesas de Contratación, Juntas, Comisiones y otros órganos colegiados, bastanteo de documentos y legitimación de firmas.

Por último, el capítulo V establece algunas normas básicas relativas a los letrados de la Dirección General de los Servicios Jurídicos.