6 de junio de 2003

EL GOBIERNO APRUEBA EL ACUERDO MARCO PARA FOMENTAR LA MOVILIDAD DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS ENTRE ADMINISTRACIONES

El Gobierno de La Rioja ha aprobado hoy un Acuerdo Marco por el que se adoptan las medidas necesarias para promover la movilidad de los empleados públicos entre Administraciones.

El objetivo de este Acuerdo, elaborado por el Ministerio de Administraciones Públicas, es lograr que la movilidad de los funcionarios públicos se haga en condiciones homogéneas y de reciprocidad, a la vez que se garantiza la autonomía y la capacidad de autoorganización de las diferentes Administraciones que lo suscriban (a través de las Consejerías competentes en materia de Función Pública de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía).

En este sentido, podrán participar en las convocatorias de provisión de puestos todos los empleados públicos que pertenezcan a las Administraciones que hayan suscrito el Acuerdo, siempre que reúnan los requisitos exigidos para cada puesto.

Para hacer efectivo el Acuerdo, que entrará en vigor el 1 de enero de 2004, el Ministerio y las Administraciones que lo suscriban se comprometen a promover, en el plazo de 6 meses a partir de su entrada en vigor, las medidas que permitan abrir un 5%, como mínimo, de sus puestos de trabajo a funcionarios de todas las Administraciones que participen en el mismo, excepto aquellos colectivos que tienen regímenes específicos de movilidad, como el personal docente y el sanitario.

Con este Acuerdo, el Ejecutivo riojano satisface una aspiración permanente de los empleados públicos y, al mismo tiempo, cumple los compromisos asumidos en el Acuerdo y Convenio Colectivo 2000-2003 para el personal funcionario y el personal laboral al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja. En concreto, el artículo 16 del Convenio Colectivo y Acuerdo indica que: "Al objeto de posibilitar la movilidad del personal entre distintas Administraciones públicas, se suscribirán convenios con las Comunidades Autónomas, basados en principios de reciprocidad, que faciliten su participación en concursos y permutas".

El impulso de la movilidad de los empleados públicos entre las distintas Administraciones constituye un instrumento idóneo para mejorar el funcionamiento y la utilización de los recursos humanos del sector público, lo que redundará en el incremento de la calidad de los servicios que la Administración riojana presta a los ciudadanos. Además, es un ejemplo más de la colaboración y cooperación entre Administraciones para llevar a cabo actuaciones conjuntas que aumentan la eficacia de las diferentes organizaciones.

El Gobierno de La Rioja ha fomentado siempre la mejora de las condiciones de trabajo de sus empleados públicos y este Acuerdo repercute directamente en el beneficio y bienestar de los mismos, porque les ofrece la posibilidad de cambiar tanto de puesto de trabajo y de función que desempeñan, como de localidad de destino. Esta nueva concepción de movilidad de los empleados públicos supone, además, una ampliación de sus posibilidades y expectativas de obtener destino y de promocionar su carrera profesional en el ámbito de una Administración pública distinta a la que pertenecen.

Para la adecuada gestión de este sistema de movilidad, los empleados públicos deberán disponer de la información globalizada de todas las medidas que se adopten entre las Administraciones firmantes. Por ello, deberán publicarse en el Boletín Oficial del Estado y en los boletines o diarios oficiales de la Administración correspondiente (en nuestro caso, el Boletín Oficial de La Rioja) los concursos y número de puestos convocados, así como el lugar donde figuran expuestas las bases de las convocatorias.

Respecto a la garantía de los derechos de los funcionarios, la cláusula sexta del Acuerdo recoge una sugerencia realizada por el Ejecutivo riojano: "Aquellos funcionarios que hayan sido destinados a otra Administración por concurso o cualquier otro sistema de provisión de puestos que dé lugar a nombramiento definitivo, cuando sean cesados en su puesto o éste sea suprimido, quedarán destinados en la Administración Pública en la que desempeñaban dicho puesto, en la situación administrativa y con los derechos que les correspondan, según su normativa de Función Pública".

El Acuerdo contempla un tratamiento específico para aquellas Administraciones públicas que tienen dos lenguas oficiales. En ese sentido, establece que el nivel de conocimiento de la lengua cooficial se acreditará en la forma prevista en la normativa de la Comunidad Autónoma a la que corresponda.