20 de abril de 2015

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha admitido a trámite la querella presentada por el Gobierno de La Rioja contra el presidente del Partido Riojano (PR+) y diputado regional, Miguel González de Legarra, por las declaraciones que efectuó sobre el Centro de Menores ‘Virgen de Valvanera’, de Logroño el pasado 19 de febrero. En la querella presentada, el Gobierno de La Rioja considera que las declaraciones de González de Legarra "exceden con mucho de la mera información sobre un proceso judicial y constituyen auténticas injurias y calumnias" sobre el servicio prestado en el centro.

Esta opinión del Ejecutivo riojano se ve reforzada por la posición de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, dado que para los fiscales riojanos algunas de las manifestaciones del presidente del Partido Riojano son rotunda e intencionadamente falsas. En concreto, el documento de archivo de las actuaciones de investigaciones realizadas por la fiscalía señala que "parece claro que la imputación de delitos hecho a conciencia y con total conocimiento de su falsedad constituye un delito de calumnia hecho con publicidad."

Para el Gobierno de La Rioja las expresiones, calificaciones y opiniones personales expresadas por el representante del Partido Riojano "son punibles desde el punto de vista judicial, e intolerables desde la perspectiva política". En este sentido, considera que dichas declaraciones constituyen "un elenco de infamias y afirmaciones rotundamente falsas y deliberadamente sensacionalistas y, con una finalidad exclusivamente política -la búsqueda de un rédito electoral-, atacan el buen nombre de los profesionales que realizan a diario una abnegada labor en favor de la reinserción social de los menores".

Por lo tanto, para el Ejecutivo riojano, "González de Legarra no ha tenido reparo alguno en utilizar a menores que atraviesan situaciones personales ciertamente complejas, para librar su personal batalla contra el Gobierno de La Rioja y contra el consejero de Presidencia y Justicia, en su propio beneficio personal". Por ello y en defensa de la buena imagen del servicio público que se presta y del bienestar de los menores internados en el centro, el Gobierno de La Rioja interpuso la querella contra González de Legarra.