15 de octubre de 2011

El Gobierno de La Rioja está en contra de la propuesta de reforma de la Política Agrícola Común (PAC) presentada por la Comisión Europea, ya que genera incertidumbre y pone en riesgo la viabilidad de determinadas producciones agrarias en la región. Tras realizar un primer análisis del documento, cree que se ha adaptado a un sistema productivo de tipo continental o centroeuropeo más que a la de países mediterráneos como España, donde las regiones pequeñas, como La Rioja, cuentan con sectores y agroecosistemas productivos muy diversos, tanto en cuanto al tipo de producciones, como sus rendimientos y condicionantes de tipo ambiental.

El próximo martes, día 18, el Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Iñigo Nagore, mantendrá un encuentro con las organizaciones agrarias para analizar en profundidad el contenido de la reforma recién presentada y consensuar una postura común desde la Comunidad Autónoma de La Rioja.

En este sentido, el Gobierno riojano considera muy perjudicial para el sector la puesta en marcha de una PAC cuyo principal instrumento de apoyo a los agricultores se sustenta en una ayuda básica y homogénea para todos los sectores y agroecosistemas productivos.

La Comisión propone pasar de un sistema de ayudas basado en referencias históricas a un sistema uniforme de ayudas, según el cual y tras un periodo transitorio que finalizaría en 2019, todos los sectores productivos admisibles de un mismo Estado miembro o región pasarían a contar con el mismo nivel de ayuda.

De llevarse a cabo, generaría una gran incertidumbre dentro del sector, ya que existen determinados grupos de producciones cuya viabilidad depende directamente del nivel de ayudas directas que actualmente reciben a través de la PAC, sin las cuales, la actividad no sería rentable, por lo que estaría condenada a su desaparición y tendría efectos negativos desde el punto de vista económico, social, territorial y ambiental.

Esto es claro para sectores especialmente importantes para la agricultura riojana, como el de la remolacha azucarera, para el que además, la Comisión adelanta respecto a las propuestas anteriores la fecha a partir de la cual se liberalizarían las cuotas de producción de remolacha, siendo la que ahora se propone el 30 de septiembre de 2015.

Precisamente, la liberalización de cuotas sería la puntilla para el sector productor remolachero riojano y por extensión a todo el español, que a lo largo de los últimos años se ha caracterizado por hacer importantes esfuerzos en materia de inversiones, formación e investigación, y que ha dado como resultado que La Rioja sea la región más productiva de Europa en lo que a remolacha azucarera se refiere, pero con unos costes de producción superiores a los de los países del Norte de Europa. Por ello, el mantenimiento de las cuotas y de las ayudas directas es imprescindible.

Por otro lado, y en lo que al régimen de derechos se refiere, La Rioja lamenta que la Comisión vuelva a lanzar su propuesta para la liberalización de plantaciones de viñedo a partir de 2016, algo que representa un serio ataque para los intereses vitivinícolas de esta región como en múltiples ocasiones se ha reiterado el Ejecutivo regional. Además, la medida se plantea en un momento de importante reducción del consumo derivado de la crisis económica nacional e internacional que ha terminado afectando a los agricultores que están percibiendo por sus uvas unos precios, en ocasiones, por debajo de los costes de producción.

Uno de los sectores más afectados por la propuesta sería el sector ganadero intensivo, sobre todo el de vacuno de carne y de leche, pues parece que no tendría encaje en la futura reforma y no se sabe bien como se articularía si finalmente se contemplara.

Pérdida de competitividad

De acuerdo con el documento presentado por el Comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, el 30% del importe de las ayudas a los agricultores y ganaderos estaría condicionado a la realización de determinadas prácticas agrarias como el mantenimiento de superficies de pastos permanentes, la rotación de cultivos obligatoria o el destinar un 7% de la superficie de la explotación a fines ambientales (pago verde).

Estas exigencias provocarían una pérdida de competitividad de las explotaciones riojanas, ya que en muchos casos dichas prácticas supondrían un sobrecoste importante que no estaría necesariamente compensado a través del pago verde o incluso no sería siempre posible su ejecución. Sirva como ejemplo los cultivos leñosos de regadío o incluso de secano, ya que en principio parece que no podrán adherirse a ninguna de las prácticas que se proponen.

Mayores exigencias medioambientales sin compensaciónA lo largo de los últimos años, el sector agrario europeo ha experimentado una notable mejora en lo que se refiere al impacto ambiental derivado de su actividad, lo cual se ha traducido en una reducción de las emisiones de CO2, de puesta en marcha de prácticas que reducen la erosión del suelo, así como de la reducción de la contaminación del mismo por fertilizantes, la reducción de los nitratos en el agua, la mejora de la gestión de los recursos hídricos a través de la reducción del consumo de agua, el establecimiento de nuevas prácticas para la mejora de la biodiversidad y el bienestar animal.

Todo ello supone una importante contribución del sector agrario para hacer frente a los retos ambientales de la sociedad actual. Sin embargo, dichas prácticas exigidas desde 2005 a través de la llamada condicionalidad, y que representan el mayor nivel de exigencia ambiental a los agricultores a nivel mundial, no se están viendo remuneradas por el mercado. Incluso se permite la entrada de productos procedentes de terceros países donde no existen este tipo de exigencias y se desarrollan prácticas que ponen en peligro el medio ambiente.

Así, con la nueva propuesta, y a través del llamado pago verde, la Comisión eleva más aún los niveles de exigencia ambientales a los agricultores, lo que se traducirá sin duda en una pérdida de competitividad de las explotaciones a través de incremento de sus costes.

Adiós al sistema de ayudas simplificado

La gestión de la PAC supone unos costes administrativos muy importantes. Desde la aplicación de la reforma de la PAC de 2003 se han llevado a cabo importantes esfuerzos en materia de gestión y simplificación administrativa (tanto para el agricultor como para la propia administración) habiéndose invertido durante dicho periodo una cantidad de fondos muy considerables.

Con la nueva propuesta, se transforma radicalmente el sistema actual de ayudas simplificado pasando a otro donde existirían, al menos seis regímenes de ayuda distintos, lo que complicaría en exceso la gestión con el consiguiente incremento de los costes. Todo ello se considera inoportuno en un momento en el que las administraciones, más que nunca, están llevando a cabo planes de austeridad importantes tanto de personal como de medios materiales.

Presupuesto insuficiente

Con la propuesta de perspectivas financieras facilitada por la Comisión en junio pasado, la PAC pasa a ser la única política europea que es penalizada en términos presupuestarios, ya que se ve reducida en un 11% de media para el periodo que va de 2014 a 2020. Esto parece un contrasentido, ya que se sigue considerando a la agricultura europea como un sector estratégico a preservar y de cuya actividad dependen cuestiones fundamentales como la calidad y la seguridad alimentaria, la biodiversidad, el equilibrio territorial, etc.

La Rioja considera que el presupuesto es manifiestamente insuficiente porque no permitirá hacer frente a los retos que deberá afrontar en los próximos años la agricultura europea y a los objetivos que pretende la Comisión.

Decepcionante papel del MARM

Por último, el Gobierno de La Rioja cree que esta propuesta también pone en evidencia el decepcionante papel que ha desempeñado el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) desde que la Comisión avanzó sus reflexiones sobre la nueva PAC el pasado noviembre de 2010. Ha dejado pasar un año en blanco y no ha estado a la altura de las expectativas del sector agrario, ya que:

- no ha dado lugar a la creación de grupos de trabajo con las CCAA en aras a conseguir una posición conjunta sobre la futura PAC en el que se viese reflejado los intereses del sector español.

- no ha trabajado en la elaboración de análisis de impacto sectorial de las filtraciones que sobre la propuesta ahora conocida iban produciéndose.

- no quiere trabajar en un modelo de aplicación nacional que defienda los intereses de los sectores más vulnerables, sino que prefiere asignar "sobres" a las diferentes comunidades autónomas sin tener en cuenta los agravios comparativos que se puedan producir entre distintas regiones para un mismo sector.

- y no ha sido capaz, o no le ha interesado, presentar propuestas alternativas más acordes a los intereses de nuestro país a la Comisión sobre las que se iban conociendo de esta en las filtraciones.