23 de junio de 2015

El pasado mes de abril, el Gobierno de La Rioja abonó las facturas a sus proveedores en una media de 19,91días muy por debajo de la media de las CCAA que fue de 52,83 días, y por debajo del límite de 30 días que establece la Ley de Morosidad.

En concreto, hasta el mes de abril, la Administración General de la CAR ha pagado en 11,71 días y los entes más ágiles en pagar a sus proveedores han sido la Fundación Tutelar de La Rioja con un ratio de 15,43 días y la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja con una ratio de 15,96 días. A ellos le siguen la Fundación Rioja Deporte con un plazo de 18,80 días y la Universidad de La Rioja cuyo periodo medio global ha sido de 24,11 días.

Por otro lado, los entes que acumulan mayor retraso son la Fundación Rioja Salud con un PMP de 87,18 días; la Rioja Turismo con un plazo de 59,55 días; Valdezcaray S.A con 39,35 días y la Fundación Hospital de Calahorra que acumula un retraso de 32,22 días.

Para el Ejecutivo regional, estos datos muestran el trabajo realizado por el Gobierno de La Rioja para luchar contra la morosidad comercial, con el objetivo de promover la competitividad de la economía y apuntalar la recuperación económica.

Cabe destacar en este sentido el Decreto que regula el registro de facturas y el servicio de facturación electrónica, de obligado cumplimiento para todos los proveedores de la CAR desde el pasado año, que ha permitido por un lado, mejorar la gestión interna de las facturas para disponer de un mejor control del gasto público y del déficit, optimizando la planificación de la tesorería, y por otro facilitar a los proveedores el envío y seguimiento de sus facturas, así como una disminución de costes y ahorros de tiempos de envíos y recepción.

No obstante, los datos en detalle y su evolución se encuentran publicados en el Portal de la Transparencia del Gobierno de La Rioja de acuerdo a la metodología que aprobó el Gobierno de España para que todas las Comunidades Autónomas utilizasen el mismo sistema para calcular el periodo medio de pago, siendo así homogéneo y comparable. Y se enmarcan en la Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el sector público que el Gobierno de España aprobó con el objetivo de erradicar la morosidad de las Administraciones y controlar su deuda comercial.