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El Consejero de Política Local del Gobierno de La Rioja, Antonino Burgos, ha adelantado el contenido de las alegaciones que el Gobierno de La Rioja va a presentar al anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local que tramita el Gobierno de España, y que pretende mejorar la gestión de los ayuntamientos mediante una clarificación de sus competencias bajo el principio de "una administración, una competencia".

El Consejero riojano ha detallado que se trata de siete alegaciones que tienen como objetivo "mejorar la reforma y hacerla más aplicable". Burgos ha defendido la necesidad de la reforma y se ha mostrado convencido de sus beneficios en términos de racionalidad, eficiencia, transparencia y sostenibilidad ya que "pretende aprovechar los recursos públicos, eliminando duplicidades, estableciendo costes razonables de los servicios y poner en orden el número de liberados y sus sueldos".

Una de las alegaciones principales tiene que ver con la suficiencia financiera de la reforma; el Gobierno de La Rioja plantea al Central que se incremente la financiación a las comunidades autónomas para garantizar una adecuada prestación de los servicios que vayan a "devolver" los ayuntamientos (servicios sociales, educación y sanidad).

El Gobierno de La Rioja pretende introducir flexibilidad en la reforma para, en su papel de Diputación, poder delegar determinados servicios en que aquellos municipios menores de 20.000 habitantes (algo que no permite el anteproyecto) que tengan garantizado el cumplimiento de sus competencias propias, demuestren solvencia financiera y el coste de sus servicios esté por debajo del coste estándar, auténtica piedra angular de esta reforma.

El Ejecutivo riojano también plantea que la devolución de competencias no sea automática sino que se establezca un periodo de un año para que los ayuntamientos afectados puedan acomodar el coste de sus servicios al determinado por el Estado.

El Gobierno riojano también plantea que la determinación del coste estándar de los servicios tenga en cuenta la población de los municipios y que se realice conjuntamente con la FEMP, reflejando expresamente en las memorias de cada competencia municipal los criterios de asignación de recursos y las cuantías.

En sus alegaciones, el ejecutivo riojano pide que los municipios con menos de 1.000 habitantes, siempre que tengan sus cuentas saneadas, puedan liberar a un concejal o alcalde con sueldo anual máximo de unos 9.500 euros; la reforma plantea que esos alcaldes no tengan retribución alguna.

El Gobierno de España ha decidido abordar la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. Se trata de una reforma de gran calado y largamente anunciada, ya que se trata de una ley básica del Estado que afecta a las funciones y competencias de la administración municipal. En la actualidad se encuentra en fase de anteproyecto.

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