• Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. (BOE 28.9.13Este enlace se abrirá en una ventana nueva; vigencia 29.9.13, salvo excepciones)

I.- Incluye diversas medidas de apoyo a los emprendedores, como: a) la incorporación a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, mediante una disposición adicional séptima, de un régimen específico para el aplazamiento o el fraccionamiento del pago de las deudas tributarias u otras de derecho público, en el caso de acuerdo extrajudicial de pagos; b) la creación de un régimen especial "del criterio de caja" en el Impuesto sobre el Valor Añadido (Ley 37/1992, de 28 de diciembre; arts. 163 decies al 163 sexiesdecies), en el que se fija el devengo en el momento del cobro del precio; o c) la obligación de que cuando las Administraciones Públicas creen nuevas cargas para las empresas, eliminen al menos otra carga existente de coste equivalente (art. 37).

II.- También se introducen varias modificaciones en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público:

- Permite a los empresarios interesados en formar Uniones temporales, darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (art. 59.1).

- Eleva a 500.000 euros en el caso de contratos de obras, y a 200.000 euros en los de servicios, el umbral para la exigencia de clasificación (art. 65.1).

- Amplia a los contratos de obra la posibilidad de que en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se establezca que la garantía pueda constituirse mediante retención en el precio. Deberá determinarse en el pliego la forma y las condiciones de la retención (art. 96.2).También se establece que, salvo que se prohíba en el pliego, la acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse por medios electrónicos (art. 96.3).

- Establece que en los contratos de obras con valor estimado inferior a 1.000.000 de euros y en los de servicios con valor estimado inferior a 90.000 euros, la documentación que según el artículo 146.1 de la Ley debe presentarse con la proposición (personalidad jurídica, clasificación, solvencia, no prohibición para contratar), se sustituirá por una declaración responsable del licitador, y sólo se exigirá la presentación de aquella documentación, previamente al acuerdo de adjudicación, al licitador a cuyo favor se haga la propuesta de adjudicación. Además, respecto al resto de los contratos habilita al órgano de contratación para establecer esta misma fórmula en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

No obstante, el órgano de contratación podrá solicitar en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten la documentación acreditativa (art. 146.4).

- Se establece que el momento decisivo para apreciar la concurrencia de la capacidad y solvencia exigidas para contratar, es el de la finalización del plazo de presentación de las proposiciones (art. 146.5).

- Añade al artículo 32, como causa de nulidad de las disposiciones y actos administrativos, la concesión, de forma directa o indirecta, de ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier Administración (art. 32 d)).

- Para los casos en que, terminado el contrato, no se hace la recepción formal y la liquidación, por causas no imputables al contratista, se impone la obligación de devolver la garantía en un plazo de seis meses (como en todos los contratos de obras inferiores a 1.000.000 de euros, y de servicios inferiores a 100.000 euros) cuando el contratista sea una pequeña o mediana empresa, definida según el Reglamento CE 800/2008 (entre otros requisitos ha de cumplir los de ocupar a menos de 250 personas, y tener un volumen de negocios anual inferior a 50 millones de euros) (art. 102.5).

- Se reduce de ocho a seis meses el plazo de demora de la Administración en el pago del precio del contrato, que da derecho al contratista a resolver el contrato con resarcimiento de daños y perjuicios (art. 216.6).

- Faculta a la Administración para comprobar el cumplimiento de los pagos de los contratistas a los subcontratistas o suministradores. Las obligaciones del contratista respecto a la información que a tal efecto habrán de proporcionar a la Administración, deben reflejarse en los anuncios de licitación y en los pliegos de cláusulas administrativas o en los contratos, atribuyéndoles el carácter de condiciones esenciales de ejecución, cuyo incumplimiento conllevará las penalidades que se establezcan en los pliegos (art. 228.bis).

III) - Modifica la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios: Aumenta hasta 500 metros cuadrados el límite de superficie que determina la inexigibilidad de licencia previa para las actividades comerciales minoristas y de prestación de servicios que se relacionan en el anexo de la Ley; además, amplía la lista de actividades y servicios que se incluyen en ese anexo. (Disp. final séptima)