5 de octubre de 2006

Excma. Sra. Presidenta del Tribunal Constitucional

Presidente de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional,

Consejero,

Alcalde,

Señoras y Señores:

Quiero expresar ante todo mi felicitación a la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional por la iniciativa de dedicar sus XII Jornadas de estudio a un tema tan atractivo como es el 'Futuro de la Justicia Constitucional'. Sobre todo en un momento, como el actual, en el que en torno a nuestro sistema de justicia constitucional, y desde diversas instancias, se vienen formulando algunas propuestas de reforma.

También deseo trasladarles la satisfacción que ha supuesto la elección de La Comunidad Autónoma de La Rioja, del municipio de Santo Domingo de la Calzada, como lugar de celebración de estas Jornadas, y el agrado con el que hemos colaborado con la Asociación de Letrados en su organización.

Se ha dicho que la justicia constitucional es uno de los mecanismos de defensa de la Constitución.

En opinión de Kelsen una Constitución que no incorpore la garantía que supone la justicia constitucional no es en sentido técnico totalmente obligatoria, sino un simple deseo privado de obligatoriedad. La justicia constitucional es un mecanismo adecuado de protección de las minorías que hace posible la paz política dentro del Estado.

La aparición y desarrollo de la justicia constitucional se ha calificado como uno de los eventos jurídicos de mayor importancia en los últimos tiempos.

Aunque la justicia constitucional es una adquisición del Derecho Constitucional relativamente reciente, se afirma hoy que el control de la constitucionalidad constituye un rasgo distintivo de un régimen democrático, al mismo nivel que la separación de poderes, la independencia del Poder Judicial, la libertad de sufragio y el pluralismo de los partidos políticos y de los medios de comunicación.

En nuestro país el modelo de justicia constitucional quedó configurado, siguiendo el denominado modelo europeo, en la Constitución de 1978 y en su Ley Orgánica de 1979, mediante la creación de un órgano especifico encargado del control de la constitucionalidad de las Leyes, denominado Tribunal Constitucional, calificado como el 'interprete supremo de la Constitución'.

Tras más de veinticinco años de vigencia de la Constitución de 1978 podemos decir que el modelo de justicia constitucional instaurado en la misma merece una valoración francamente positiva.

Es destacable ante todo el papel jugado por el Tribunal Constitucional en la constitucionalización del ordenamiento, mediante la afirmación del carácter normativo y aplicable de la Constitución

Especialmente relevante y significativa ha sido igualmente la labor desarrollada por el Tribunal Constitucional a la hora de asegurar en España la plena vigencia de los derechos y libertades consagrados en la Constitución mediante la construcción de una muy elaborada doctrina.

El desarrollo y la consolidación de los derechos y libertades en España es en buena medida deudora de la actividad desarrollada por la justicia constitucional.

También, y desde nuestra perspectiva de Comunidad Autónoma, debe destacarse el decisivo papel que ha jugado el Tribunal Constitucional en la consolidación del proceso de descentralización que ha conducido al denominado 'Estado de las Autonomías'.

El actual modelo territorial del Estado tiene en buena medida un origen jurisdiccional, puesto que ha sido el Tribunal Constitucional el que ha dado coherencia a ese modelo, a través, sobre todo, de un instrumento procesal básico cual es el del conflicto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, y el de éstas entre sí.

Como decía no hace demasiado tiempo la Presidenta del Tribunal, en la interpretación del Titulo VIII de la Constitución el Tribunal Constitucional ha realizado una tarea verdaderamente importante e ingente, integrando las determinaciones de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía.

Con esta tarea la contribución del Tribunal Constitucional a la construcción del Estado autonómico ha sido decisiva.

No podemos dejar de remarcar, aquí y ahora, que ese importante papel que ha desempeñado el Tribunal Constitucional en la configuración del llamado 'Estado de las Autonomías' se revela todavía mas trascendente, si cabe, en un momento como el actual, en el que hay planteadas diversas propuestas de reformas estatutarias, culminadas ya incluso en algunas Comunidades Autónomas, que, al menos desde nuestro punto de vista conllevan, en algún caso, el propio cuestionamiento del modelo de organización territorial del Estado que tan trabajosamente hemos construido a lo largo de las mas de dos décadas y media de vigencia de nuestra Constitución.

Como ha dicho el profesor Clavero Arévalo "el modelo territorial del Estado de las Autonomías fue antes que nada un difícil y arriesgado consenso de todas las fuerzas políticas. El título VIII de la Constitución y algunas de las disposiciones adicionales de la misma hay que contemplarlas más que como un dechado de virtudes jurídicas, como el fruto de un difícil consenso de gran alcance político", y hoy podemos asegurar que no se ve ningún otro modelo alternativo susceptible de alcanzar un consenso semejante.

Desde el Gobierno de La Rioja creemos que no caben reclamaciones autonómicas que excedan del marco de la Constitución de 1978, y no abrigamos ninguna duda de que el Tribunal Constitucional seguirá realizando el excepcional trabajo que ha realizado hasta el momento que ha contribuido a dar coherencia y racionalidad a nuestro Estado autonómico.

Asegurando, frente a quienes insisten en desconocerlo, el carácter preeminente y la supremacía de nuestra Carta Magna, y con ella esencialmente, y sobre todo, de los principios básicos de nuestro sistema autonómico a través de los que se reconoce y garantiza la unidad indisoluble de la Nación española; la autonomía de las nacionalidades y regiones; y la solidaridad entre las mismas y con la Nación española, sin privilegios económicos y sociales entre las distintas Comunidades Autónomas.

Confiamos, en fin, que, ante eventuales elementos perturbadores, la justicia constitucional continuará siendo un elemento básico para la configuración y fijación de la forma de Estado que ha asumido la Constitución.

Pero, dejando al margen estas cuestiones de nuestra actual realidad política, creemos que habiendo acreditado un pasado y un presente merecedores de una valoración tan altamente positiva, no es posible esperar en el futuro sino un mayor arraigo y consolidación del modelo de justicia constitucional diseñado por la Constitución de 1978.

Ahora bien, esto no quiere decir que nuestra justicia constitucional no padezca hoy día algunos problemas cuya solución parece que debe pasar en el más inmediato futuro por la adopción de algunas medidas, fundamentalmente de tipo legislativo.

Quizá el primero y más llamativo de dichos problemas, destacado por la doctrina y por el propio Tribunal, sea el de la carga de trabajo que recae sobre el mismo, de la que deriva una importante acumulación de asuntos pendientes, y que, pese la demostrada capacidad de trabajo de los Magistrados, hace que las resoluciones, en particular las que adoptan la forma de sentencia, se dicten con una dilación excesiva.

Con anteriores modificaciones de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional no se redujo esa carga de trabajo por lo que sería deseable que a través de futuras reformas de la Ley reguladora se consiguiera paliar este importante problema.

La racionalización de la carga de trabajo y la mayor agilidad y acortamiento de los plazos de respuesta en los procesos de que conoce el Tribunal deben ser objetivos irrenunciables.

Otro aspecto problemático viene dado por lo que se ha dado en llamar 'europeización del sistema jurídico', fenómeno que plantea ya, entre otras cuestiones, la necesidad de clarificar las relaciones entre la justicia de la Unión Europea y la justicia constitucional de cada uno de los Estados miembro.

Estamos convencidos, no obstante, de que esas y otras cuestiones mas o menos problemáticas que tiene hoy planteadas nuestra justicia constitucional, y para las ya hay apuntadas soluciones, no constituyen un obstáculo para la consolidación a que antes hicimos referencia.

La atención se dirige, en todo caso, sobre la exigencia de corregir aspectos singulares del procedimiento o bien de introducir innovaciones en las competencias. La discusión, en otras palabras, no versa sobre la esencia del control de constitucionalidad, sino sobre los concretos modos de funcionamiento.

Entendemos, así, que sin perjuicio de las reformas orientadas a atender sus actuales necesidades, el Tribunal Constitucional, como órgano de la justicia constitucional, seguirá siendo en nuestro país una institución clave y con mayor arraigo, si cabe, en el sistema jurídico-político.

A ello contribuirá el encomiable trabajo realizado hasta el momento, pues la experiencia que suponen los mas de veinticinco años de existencia del Tribunal ha puesto claramente de relieve su operatividad dentro del sistema jurídico político y la acción positiva que ha desarrollado en la racionalización y consolidación del ordenamiento. También contribuirá, sin ninguna duda, el trabajo que con igual acierto realizará el Tribunal en el futuro.

Creo, en fin, que el modelo de justicia constitucional previsto en nuestra Constitución, que se encarna en el Tribunal Constitucional ha sido y continuará siendo una institución esencial y una pieza clave para garantizar la supremacía y la plena eficacia de la Constitución; para la defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas; y para la configuración y fijación de la organización territorial del Estado que ha asumido la Constitución.

Santo Domingo de la Calzada - null