21 de febrero de 2000

Señor Presidente

Señoras y señores diputados:

Comparezco ante el Pleno de este Parlamento por voluntad propia para dar cuenta de la participación y la posición de La Rioja respecto al pacto fiscal firmado por los Gobiernos Central y Vasco. Un acuerdo que, reitero una vez más, ni obliga, ni supone ningún compromiso para nuestra Comunidad Autónoma, pero sí la beneficia sustancialmente.

Es, sin duda, el final de un largo proceso, que asumimos en 1995 al responsabilizarnos de las tareas de Gobierno, en una situación muy delicada para el futuro y la competitividad de La Rioja.

Como conocen, en aquel momento el País Vasco estaba incluido en el Mapa de Ayudas y permanecían en vigor las normas de 1993 y 1994 de las Diputaciones Forales. Unas normas que reglamentaban las denominadas "vacaciones fiscales", con las que esas instituciones facilitaban ayudas de hasta el 25% de la inversión, y el crédito fiscal que ascendía al 45% para aquellas inversiones superiores a 2.500 millones de pesetas.

Por contra, La Rioja había quedado excluida del Mapa de Ayudas y las subvenciones a nuevas inversiones estaban limitadas al tope del 15% -en el caso de pequeñas y medianas empresas-, el 7,5% para grandes empresas y ningún apoyo para empresas con más de 250 empleos. Asimismo, el crédito fiscal era tan solo del 5% para las inversiones en inmovilizado material.

Frente a esta situación, el anterior Gobierno de La Rioja había presentado dos recursos, en 1994 y 1995, contra las medidas fiscales urgentes de apoyo a la inversión e impulso de la actividad económica aprobados por las tres Juntas Generales, ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco; y contra la disposición adicional 80 de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, ante el Tribunal Constitucional.

Además de estas iniciativas institucionales, los agentes sociales y económicos (Federación de empresarios, Cámara de Comercio y dos empresas) habían presentado una queja ante las instituciones europeas

Debo resaltar, sin embargo, que el anterior gobierno socialista no recurrió una de las normas más perniciosas, como era el crédito fiscal del 45% a nuevas inversiones.

Esas fueron las herramientas legadas, con las que el nuevo Gobierno asumió el trabajo para corregir los desequilibrios que discriminaban a La Rioja.

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El Gobierno del Partido Popular continuó con estas acciones judiciales, pero subsanando los errores cometidos por el gobierno y, así, recurrimos el crédito fiscal del 45%.

Pero el mantenimiento de los recursos, con ser importante, no podía ser la única medida para solucionar la situación que potencialmente vivía La Rioja con respecto a los vecinos regímenes forales.

Una situación que mantenía a nuestra Comunidad en un potencial plano de discriminación, inferioridad y desigualdad.

Nuestra actitud tenía que basarse en la firmeza de nuestras convicciones, en la seguridad en nuestras capacidades y en la habilidad del diálogo para el acuerdo. Es decir, apostar por nuestra inclusión en el Mapa de Ayudas, reclamar en Madrid y Bruselas el equilibrio regional constitucional y comunitario y recurrir las nuevas normas forales ante los Tribunales de Justicia.

Estos planteamientos nos llevaron a solicitar, el 9 de noviembre de 1995, al Ministerio de Economía y Hacienda, la reapertura del Mapa de Ayudas para incluir a La Rioja, lo cual nos fue negado cuatro meses después.

Sin embargo, el cambio de Gobierno en Madrid abrió nuevas sensibilidades hacia La Rioja, y el propio José María Aznar, a petición de este Presidente, hizo suya la reivindicación de nuestra Comunidad impulsando su gestión ante el Ministerio y éste, a su vez, en las instancias comunitarias.

Al mismo tiempo, con motivo de la aprobación de las nuevas normas fiscales de 1996, el Gobierno de La Rioja -con la participación de la Federación de Empresarios, Cámara de Comercio y UGT, que presentaron sendos recursos a petición nuestra- planteó un nuevo recurso el 2 de septiembre contra las normas forales del Impuesto de Sociedades (en las que se recogían las minivacaciones fiscales), aprobadas por las tres Diputaciones forales y contra el Crédito Fiscal a la Inversión.

Pero Señorías, la resignación nunca ha sido vicio de este Gobierno que presido. En paralelo con las medidas que acabo de comentar, en marzo de 1997 solicité ante la Comisión General de las Autonomías, en el Senado, el "arbitrio de medidas para solucionar el efecto frontera".

Consecuente con ese objetivo, en marzo del 97, acompañado por representantes de la Federación de Empresarios, Cámara de Comercio, UGT y Comisiones Obreras nos reunimos con los Comisarios Van Miert y Monti, de Competencia y de Mercado Interior, con quienes analizamos la situación que vivía La Rioja y entregamos un documento de reflexión.

En este sentido, deseo aclarar que no buscábamos un acuerdo coyuntural, sino una solución definitiva y duradera.

Por esta razón plantee al Ministro de Economía la aprobación de un Código de Buenas Prácticas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque unas semanas después, en diciembre de 1997, el ECOFIN aprobara un Código de Conducta Fiscal, vinculante para los Estados miembros de la Unión Europea.

El año 1998 fue una sucesión de acontecimientos que nos venían a dar la razón: la Comisión Europea decidió investigar el traslado de Ramondín tras la denuncia que había presentado yo, personalmente, en representación del Gobierno de La Rioja, el Tribunal Supremo anuló determinados incentivos fiscales de las Juntas de Vizcaya por vulnerar el Concierto y el Grupo Monti incluyó el régimen de incentivos fiscales en la lista de medidas potencialmente perniciosas para la libre competencia.

En abril de 1999 volví a reunirme con el Comisario Van Miert, a quien reiteré la postura de La Rioja con respecto a las"vacaciones fiscales" y, a partir de julio, se desencadenaron una serie de sucesos que nos han llevado al momento actual:

* la apertura de procedimientos contra determinadas medidas fiscales del País Vasco y Navarra, como consecuencia de nuestras denuncias;

* las sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra las minivacaciones fiscales recogidas en las normas reguladoras del Impuesto de Sociedades y contra el Crédito Fiscal del 45%;

* la decisión sobre Daewoo y Ramondín, a quienes obligan a devolver las ayudas ilegalmente obtenidas;

* las declaraciones favorables del nuevo Comisario de la Competencia, Monti, tras una nueva visita a Bruselas, una vez más acompañado por los representantes de los agentes económicos y sociales, a quien reiteré nuestra oposición a las vacaciones fiscales.

Unos agentes (Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores, Cámara de Comercio y Federación de Empresarios) que, desde el primer momento, han sumado esfuerzos individuales o de colaboración con el Gobierno de La Rioja para trabajar todos en una misma dirección al servicio de los intereses de los riojanos.

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Pero el recurso y las numerosas gestiones en Madrid y Bruselas no fueron únicamente las posturas adoptadas. Debíamos aprovechar mejor nuestras capacidades generadoras de riqueza. Usar nuestra capacidad competencial para crear un marco atractivo para la localización de nuevas empresa y la modernización de las existentes.

La riqueza colectiva de La Rioja y el empleo de los riojanos eran, y son, objetivos prioritarios e irrenunciables.

Por ello, en primer término, el Gobierno acordó una reducción del Impuesto de Actividades Económicas al 15% y aprobamos un Plan de Apoyo Integral a la empresa constituido por 10 programas diferentes:

Nuevas iniciativas empresariales

Adquisición de suelo industrial

Apoyo a la instalación, ampliación y modernización de las pequeñas empresas

Adquisición de activos

Medidas correctoras de la contaminación

Fomento del ahorro, diversificación y eficiencia energética

Innovación en la gestión de las empresas

Dinamización de unidades de I+D

Programa de promoción de la calidad industrial

Planes de promoción comercial de las pymes

Al mismo tiempo acometimos un amplio programa de mejora de las infraestructuras de comunicaciones y energéticas con el horizonte puesto en incrementar la competitividad de nuestra Comunidad Autónoma: mejora de accesos a polígonos industriales, construcción de la Estación de Mercancías, construcción del aeropuerto, extensión del gas natural a las instalaciones industriales y fomento de energías alternativas como el primer Parque Eólico, el de Yerga, que inaugurábamos el pasado 8 de febrero.

La experiencia acumulada, y nuestros compromisos de Gobierno, nos llevaron a tomar la decisión de centralizar en un ente público las políticas de apoyo a la empresa. Por esa razón surgió la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja que, en sus dos años de funcionamiento, se ha mostrado como una herramienta muy eficaz para agilizar todos los procedimientos de apoyo a la creación de nuevas iniciativas, modernización de las existentes, la promoción comercial, la formación, la internacionalización y la investigación.

Una Agencia, la Ader, que nos ha permitido afrontar la competencia de territorios limítrofes con una gran seguridad en nuestras capacidades y con mayor proyección de futuro que las normas forales. Su atracción fue corroborada por el mantenimiento de su presencia en La Rioja de Zanussi u Orlando, o atrayendo grandes empresas como Cerabrik o Lear, entre otras.

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Señorías, la razón nos asistía desde el principio y ello nos llevó a dejar de lado complejos de inferioridad. A presentar recursos pero, al mismo tiempo, a desarrollar nuestras potencialidades. Y el largo proceso culminaba el 18 de enero del año 2000 con la firma, en Vitoria, de un acuerdo de colaboración tributaria entre la Administración del Estado y el Gobierno Vasco, del que teníamos puntual conocimiento, por las informaciones y consultas que se nos había trasladado tanto por el Secretario de Estado como por el Vicepresidente, Rodrigo Rato.

Un pacto que contempla las siguientes obligaciones entre ambos Gobiernos:

* Compromiso de defensa del Concierto Económico

por el que las administraciones representadas en la Comisión Mixta de Cupo reiteran su apoyo a dicho Concierto y su defensa tanto en el ámbito interno como en el ámbito internacional.

* Evaluación de proyectos normativos

a través de una nueva comisión, que se constituirá antes del 1 de marzo, cuya misión será propiciar que las Instituciones y Administraciones representadas alcancen un acuerdo sobre posibles discrepancias existentes con relación al contenido de la normativa tributaria.

* Acuerdo sobre actuación futura en las relaciones en materia tributaria entre el País Vasco y el Estado

a partir de la firma del pacto, la normativa se adapta a la siguiente base de cooperación: las medidas fiscales reguladas por las Instituciones Competentes se abstendrán de adoptar y proponer medidas fiscales potencialmente perjudiciales para las otras Administraciones.

* Desistimiento de recursos por parte del Estado

como consecuencia de este acuerdo, el Estado procedió a desistir de los 75 recursos interpuestos contra la normativa tributaria, según la relación que se adjunta al documento firmado.

* Desistimiento de recursos por parte de las Instituciones competentes de los Territorios Históricos

de la misma forma que el Estado, las instituciones vascas han procedido a dejar sin efecto una relación de 27 recursos

* Modificación de determinada Normativa tributaria Foral

las Diputaciones Forales han tramitado los proyectos normativos de derogación o modificación tributaria y se han comprometido a equiparar los incentivos fiscales de apoyo a la inversión a los porcentajes generales establecidos para la deducción por inversiones

* Normativa de no residentes

las instituciones de los Territorios Históricos podrán regular de manera idéntica a la normativa del Estado aquellas materias que afecten a la tributación de no residentes que obtengan rentas sin mediación de establecimiento permanente

* y, finalmente, se incorpora un último acuerdo sobre retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos de actividades forestales, que no influye en nuestra Comunidad.

Resulta evidente que, de la lectura y análisis de este acuerdo, en nada nos obliga o implica a la Comunidad Autónoma de La Rioja, pero nos beneficia en todos los sentidos.

Su conclusión es que las vacaciones fiscales han dejado de existir.

Pero aún queda mucho por hacer: lograr unas mejores y más fluidas relaciones entre el País Vasco y La Rioja, clarificar posturas de forma determinante con los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y la Comisión Europea y aceptar un nuevo marco para el desarrollo desde la lealtad constitucional y con voluntad real de mejorar la convivencia institucional.

Hoy por hoy caminamos hacia ese objetivo, y el Acuerdo Fiscal significa un acontecimiento de trascendental importancia para el futuro de La Rioja, junto a nuestra cercana inclusión en el Mapa de Ayudas.

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Señor Presidente, Señorías, alguien dejó escrito que "no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va". El Gobierno de La Rioja lo tenía muy claro desde el principio y una etapa de agravios se acaba de cerrar.

Es un salto fundamental porque se abren nuevas posibilidades para el desarrollo de La Rioja y hemos demostrado que con firmeza, seguridad, imaginación y capacidad de diálogo hemos sido capaces de defender el protagonismo de nuestro destino.

A partir de ahora la necesaria, la lícita y leal competencia entre las regiones del Estado, deben ser lo que estimule las oportunidades de creación de riqueza, el fomento del empleo y el bienestar de todos los ciudadanos.

Muchas gracias.

Pedro Sanz Alonso - Presidente del Gobierno de La Rioja