10 de mayo de 2007

Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas y Política Local, D. Alberto Bretón,

Autoridades,

Señoras y Señores:

Permítanme que inicie esta intervención dándoles mi más cordial bienvenida a La Rioja y a esta vigesimocuarta edición del Encuentro Anual de Servicios Jurídicos de Comunidades Autónomas, que, ya por segunda vez, tiene el placer de organizar el Gobierno de La Rioja, a través de su Dirección General de los Servicios Jurídicos.

Fue en el ya lejano 1990 cuando por primera vez cupo al Gobierno de La Rioja el honor de ser anfitrión de este Encuentro de Letrados en un contexto muy diferente del actual. Un contexto en el que, fijado el mapa autonómico, y aprobados los distintos Estatutos de Autonomía, se trataba de hacer avanzar el nuevo sistema de autonomías territoriales que, como innovación radical, y desde su posición fundacional, había alumbrado una década atrás la Constitución española de 1978.

Desde entonces han sido muchas, y muy significativas, las transformaciones que se han producido en la sociedad y en la Administración pública española, con directa repercusión en la labor fundamental que tienen ustedes encomendada de asistencia jurídica a la Administración de las Comunidades Autónomas.

El primero y más relevante de esos cambios ha sido sin duda el motivado por la propia evolución del Estado autonómico, que ha marcado una tendencia imparable a cuya virtud la gestión de los intereses públicos, en especial los más cercanos a los ciudadanos, ha pasado a desempeñarse por las Comunidades Autónomas con un correlativo adelgazamiento de las estructuras organizativas centrales o generales del Estado.

Si algo caracteriza nuestra actual organización territorial es el grado amplio de descentralización política y administrativa al que hemos llegado, descentralización plenamente consolidada y, sobre todo, socialmente asumida y enraizada.

Es opinión unánimemente repetida la de que en apenas 25 años (los que ahora cumplirá, precisamente, el Estatuto de Autonomía de La Rioja), nuestro país ha experimentado un cambio espectacular, pasando de un Estado fuertemente centralizado a uno de los más descentralizados de Europa, no sólo en comparación con los Estados regionalizados, sino también, en muchos aspectos, con otros de estructura formalmente federal.

Al secular Estado unitario ha sucedido el llamado Estado de las Autonomías, que tiene como rasgo característico el elevado nivel competencial del que gozan los entes descentralizados, y que hace posible que las Comunidades Autónomas españolas presten hoy de manera eficaz servicios esenciales para los ciudadanos y gestionen una parte importantísima del total del gasto publico.

El Estado compuesto surgido de la Constitución ha propiciado una mayor proximidad de las estructuras político administrativas a la vida cotidiana de los ciudadanos. Y desde esta esencial perspectiva que acerca la adopción de decisiones y toma como referente el ciudadano, puede decirse, sin ambages, que la descentralización política y administrativa inaugurada en 1978 merece una valoración francamente satisfactoria.

Ese proceso, sin embargo, no ha sido fácil ni ha estado exento de tensiones. El carácter impreciso y abierto de la formulación constitucional, donde no existe un modelo final completo y acabado, y la renuncia a fijar elementos fundamentales de la organización territorial, ha sometido al sistema autonómico a una permanente y casi insoportable redefinición de sus elementos más esenciales que hace prácticamente imposible su cierre.

Esa permanente tensión se hace visible en dos tendencias contrapuestas que se vienen sucediendo y superponiendo desde el inicio mismo de la andadura autonómica. De un lado, la más razonable a nuestro juicio, orientada a reforzar la homogeneidad y cohesión de nuestro peculiar sistema de Estado, objetivo al que se dirigieron en gran medida las reformas estatutarias realizadas en la década de los noventa, presididas por el consenso de las dos fuerzas políticas mayoritarias en el Estado.

De otro lado, la favorecedora de la 'asimetría', de la diferenciación entre Comunidades Autónomas, que acentúa los riesgos que gravitan sobre el consenso constitucional, y que se ha visto notablemente reforzada e impulsada con las más recientes reformas estatutarias.

Compartimos la opinión de quienes sostienen que la cuestión capital que pesa sobre nuestro vigente sistema autonómico (puesta de manifiesto con el debate abierto a raíz de las recientes modificaciones estatutarias) no es tanto la de decidir cuánto poder más han de asumir las Comunidades Autónomas, sino la de determinar cuál debe ser el papel del Estado y cómo pueden y deben participar las Comunidades en su gobernabilidad.

Compartimos la idea de que el papel del Estado no puede ser el de asumir lo que no quieran las Comunidades Autónomas, lo que quede después de que éstas hayan elegido a discreción y asumido sus competencias.

El Estado, la instancia central, en definitiva, ha de tener un papel positivo, coordinador, impulsor, de garantía de los aspectos comunes, sobre todo del principio de solidaridad (clave del Estado autonómico), de la unidad de mercado y de la igualdad en el ejercicio de los derechos fundamentales, sea cual sea la parte del territorio nacional en que se halle el ciudadano.

Casi en paralelo con la construcción del Estado autonómico, hemos asistido a otro fenómeno de extraordinaria importancia, de alcance supranacional, que se ha dado en llamar 'proceso de construcción europea', en el que España se ha constituido en coprotagonista desde su integración en las Comunidades Europeas el 1 de enero de 1986. Desde hace más de 50 años, Europa está construyendo un nuevo orden político que destaca por la complejidad de las relaciones entre sus distintos niveles de gobierno. Se trata de un proceso de reestructuración político territorial que lleva consigo una creciente doble transferencia de competencias de los Estados a las Regiones y a la Unión Europea. Autonomía interna e integración supranacional se convierten así en los dos pilares fundamentales de la actual estructura de reparto de poderes.

Nuestra pertenencia a la Unión Europea comporta la existencia de una serie de instituciones comunes con competencia directa sobre los Estados y de un sistema jurídico propio y en constante evolución, que prevalece sobre el Derecho interno, ya sea estatal o autonómico, y que avanza a enorme velocidad impulsado por las exigencias de la armonización normativa.

Una de las cuestiones centrales que suscita la integración europea es precisamente la que afecta a la traslación y ejecución del Derecho comunitario, tarea en la que el papel de las Comunidades Autónomas resulta de capital importancia desde el momento en que, como ha declarado nuestro Tribunal Constitucional, esa traslación y ejecución corresponde a las Comunidades, y no necesariamente al Estado, cuando se afectan materias incluidas en el ámbito de su competencia.

También la que se refiere a la participación que deben tener las Comunidades en el proceso de formación de la voluntad del Estado en el exterior, especialmente, y, sobre todo, en relación con los asuntos comunitarios europeos que de manera directa les afecten.

El camino recorrido a este respecto, pese a ser importante, no se halla ni mucho menos finalizado. El sistema español de articulación de la participación autonómica en las instituciones de la Unión Europea, todavía no del todo definido, debe ser el genuino y adecuado a nuestra particular realidad política, y no puede sino inspirarse en la búsqueda de un correcto equilibrio entre la cohesión estatal y los intereses regionales.

Finalmente, no podemos sino constatar el hecho de que la sociedad española es hoy una sociedad mucho más desarrollada, libre y plural, y sobre todo mucho más consciente de sus derechos que hace unas décadas.

Se ha dicho con acierto que el advenimiento del Estado social y democrático de Derecho, proclamado por nuestra Constitución de 1978, ha supuesto una importantísima transformación en las relaciones entre los ciudadanos y el poder.

Donde antes sólo se veía autoridad, ahora se aprecia el reverso de la responsabilidad.

La sumisión se ha visto sustituida por una creciente sensación de exigibilidad de actuaciones públicas.

La implantación de efectivos controles de legalidad y la desaparición de áreas exentas al control judicial ha supuesto un mayor ejercicio de la función revisora de los tribunales de justicia, que ha corrido, además, pareja a la expansión de la actividad administrativa a mayores ámbitos de la vida social.

Todo ello ha revolucionado el marco de relaciones en nuestra sociedad.

Los cambios experimentados por la sociedad y la Administración pública española, la profunda mutación que se ha producido en las relaciones sociales, jurídicas, políticas e institucionales, plantea nuevas demandas en el plano de la asistencia jurídica a las nuevas Administraciones surgidas con la Constitución de 1978.

Una vez consolidados los nuevos entes territoriales, la función de los Servicios Jurídicos se diversifica y expande en los dos ámbitos, consultivo y contencioso, tradicionalmente comprendidos en la esencial función de asistencia jurídica.

Se trata ahora de orientar en un universo normativo en el que se engarzan el ordenamiento jurídico estatal y el propio de cada Comunidad Autónoma y a los que se superpone el emanado de las Instituciones comunitarias.

La mayor complejidad del aparato administrativo y del ordenamiento jurídico hace cada vez más frecuente y necesario el recurso a la consulta a los Servicios Jurídicos para obtener, desde su especialización, un juicio fundado en Derecho que ilustre al órgano decisor a la hora de adoptar una determinada resolución.

De otra parte, el crecimiento paulatino del elenco competencial y el consiguiente incremento de la actividad e intervención de las Comunidades Autónomas en ámbitos muy diversos de la vida produce un inevitable aumento de las reclamaciones judiciales que tienen a aquéllas como destinatarias. La superior conciencia que el ciudadano tiene de sus derechos y la mayor demanda de tutela judicial en que se traduce es, asimismo, un factor que aboca a un incremento de la litigiosidad y a una mayor demanda de defensa jurídica de la Administración.

Así las cosas, la función de asistencia jurídica, sometida a nuevos y exigentes retos, se erige en la actualidad como una función esencial y clave de la organización administrativa de nuestras Comunidades Autónomas.

Es por ello que la idea de establecer un foro de reflexión y debate en el que participen todos los Servicios Jurídicos autonómicos no puede sino considerarse absolutamente acertada.

La constancia de su celebración interrumpida ha ido consolidando este Encuentro de Servicios Jurídicos como un foro de intercambio de experiencias y de examen de cuestiones jurídicas de interés común a todas las Comunidades Autónomas.

Se trata, sin duda, del marco adecuado para establecer y mantener relaciones entre las distintas Comunidades, para poner en común modos de actuar y forma de organizarse y para tratar, en suma, la infinidad de cuestiones que suscita la práctica del Derecho.

La importancia de la labor encomendada a los Servicios Jurídicos justifica, sin ninguna duda, la existencia y continuidad futura de este foro de reflexión.

Les animo, por tanto, a hacerlo fructífero con el debate y el intercambio recíproco de ideas.

Con ese deseo, les reitero mi más calurosa bienvenida a La Rioja y declaro inaugurado este Encuentro de Servicios Jurídicos de Comunidades Autónomas.

Muchas gracias.

Pedro Sanz - Presidente de la Comunidad de La Rioja