Las Leyes de estabilidad presupuestaria obligan a las Comunidades Autónomas a cumplir con unos objetivos en cuanto al deficit público.

Para el cómputo del déficit se ha de tener en cuenta no sólo el de la Administración General sino el del resto de entes públicos, organismos autónomos, fundaciones públicas e incluso algunas de las empresas públicas.

El Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera (formado por el Ministro de Hacienda y los Consejeros de todas las CCAA) de 10 de abril de 2003, para el desarrollo de las funciones que le otorga la normativa en materia de Estabilidad Presupuestaria, prevé la formación y mantenimiento de un inventario de entes integrantes de las Comunidades Autónomas.

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